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Oct 02 2014

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Instituto de Colonización: bazar de tierras fiscales con montes

Quedó más al descubierto la dudosa capacidad para gestionar del presidente de Colonización John París. Desde hace poco más de dos años que se comenzó a notar esta situación. Antes, París tenía una postura más sólida y gobernaba mejor el Instituto, a tal punto que debió atravezar algunas confrontaciones con el ex Ministro de la Producción, Enrique Orban y con Miguel Ángel López, Director de Bosques, sobre todo en lo relacionado con el manejo del monte nativo fiscal, que siempre fue el mayor y más preciado objetivo de los explotadores forestales. Los entredichos trascendieron la esfera netamente institucional.

Se generaron algunos niveles de esperanza en la gestión de París, aunque se conocían las dificultades que debía superar frente a las posturas e intereses que representaban algunos funcionarios públicos. Se sumaba a las dificultades ya señaladas un histórico desorden administrativo acumulado por años en Colonización, potenciado por la gestión de Capitanich. Pero nunca se evaluó que gestionara de la manera que lo hace. Por lo menos esa era la expectativa, seguida de decepción, por parte de los integrantes del Foro por la Tierra.

Festival de nombramientos de amigos

Ya en la etapa de gestión deficiente, hace un año el presidente designó como personal de planta del Estado a la totalidad de las personas que lo acompañaron como colaboradores de confianza, a los que seleccionó para supuestamente profundizar el proceso de investigación que París había iniciado como fiscal del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento de Colonización, especialmente en lo vinculado con las ventas masivas e irregulares de las tierras públicas que se produjeran durante las gobernaciones de Ángel Rozas y de Roy Nikisch. Tales colaboradores fueron designados en cargos de directores y jefes de departamentos. Las personas de confianza de París no tenían antigüedad, experiencia ni conocimiento específicos para ser nombrados en Colonización. Por este motivo, quizás, es que responden incondicionalmente al presidente. Fueron y son parte activa y protagónica en la caída de la calidad de la gestión de París, que desembocó el actual mal gobierno de las tierras públicas y de los recursos naturales allí existentes.

Un funcionamiento caótico, que parece cómodo y programado

Hoy el organismo que administra las tierras fiscales se caracteriza por un fuerte desorden y un gran descontrol administrativo, con doble estándar operativo. Cuando se designó a París como presidente se publicitó que el objetivo era el de eficientizar y transparentar el funcionamiento del organismo, cuyos desarreglos conocía perfectamente cuando fiscalizaba Colonización. Sin embargo, durante su gestión muchos trámites administrativos se realizaron fuera de las pautas establecidas por el marco legal y los procedimientos autorizados. Se repitieron las situaciones en las que los expedientes circulan sin que intervengan los jefes y encargados de las áreas que debieran participar en el trámite. Se reproducen los informes subjetivos que no responden a pautas objetivas de evaluación. Estos casos coinciden con algunos beneficios obtenidos por productores y empresarios que solicitaron grandes extensiones de tierras fiscales.

También se produjeron irregularidades tributarias, quizás producto del desorden y de la anarquía que reina en Colonización. Recientemente la presidencia habría ordenado que se fotocopien todas las resoluciones confeccionadas desde el año 2010 porque se habría detectado que ninguna adjudicación en venta fue derivada para que se efectúen los pagos de impuestos inmobiliarios que debían abonar los beneficiarios de las adjudicaciones.

Caso Hupaluk y la sospechosa Resolución 915/13

Luego de conocerse la adjudicación en venta directa de 4.873 hectáreas a la empresaria Ana Hupaluk, cuya dudosa legalidad se investiga porque estaba vigente la Resolusión 1588/12 que limitaba las ventas de tierras fiscales a 1250 hectáreas, la Dirección de Coordinación Administrativa dio a conocer la existencia de la Resolución Nº 915/13, a la que el personal de Colonización califica como irregular porque no fue notificada a las distintas áreas competentes del organismo conforme el procedimiento y los plazos que están perfectamente previstos para este tipo de trámites.

La sospechada resolución habría sido irregularmente registrada en los libros de resoluciones de varios departamentos y direcciones. El vocal Gallovich tomó conocimiento de la misma en agosto del 2014, según dijo a los trabajadores de Colonización. No obstante la grave anomalía que supuso la inesperada aparición de la Resolución 915/13, en los fundamentos de este instrumento se afirmó que fue dictado por “decisión del directorio de Colonización”, lo que evidentemente no ha sido así tomándose en cuenta que en su redacción no participó Gallovich. Otra anormalidad, bastante marcada y que es fácil de corroborarse, consiste en que la resolución cuestionada fue asentada de puño y letra por una persona cuya caligrafía es claramente diferente a las que corresponde a la persona autorizada a registrar. Incluso, se utilizó una birome de color azul, mientras que las restantes fueron asentadas utilizándose el color negro. La Directora de Coordinación Administrativa, Mabel Garcia, trató de explicar esta llamativa irregularidad argumentando -después de un año- que a la fecha en que se adjudicara las 4.873 hectáreas de tierras fiscales a Hupaluk ya existían resoluciones que fueron derogadas por la Resolución 915/13. Esta funcionaria aparentemente hizo responsable de los graves hechos ocurridos a una trabajadora becada, que asumió haber sido la autora de la anotación de aquél instrumento y que se olvidó de notificar a las áreas competentes, argumento que por cierto es poco creíble e inconsistente y motiva la desconfianza generalizada del personal de Colonización por las graves connotaciones del caso Hupaluk. En definitiva, tomándose en cuenta el procedimiento adminsitrativo interno previsto en Colonización, la estrategia desnuda -por lo menos- el mal funcionamiento del Instituto y las gestiones paralelas que distorcionaron el trámite administrativo, a tal punto que resultara claro que el caso no derivaría de un error sino de decisiones concretas y específicas, tomadas por quienes resolvieron llevar adelante la operación Hupauk.

Hupaluk no estaba sola. Curti y otros grandes adjudicatarios

Se han entregado títulos de propiedad de tierras fiscales bajo trámites que también serían irregulares. Sobresalen las resoluciones A-1068/02 y A-0886/07, que fueron rectificadas en la gestión de Paris a través de las resoluciones 528/13 y 1669/13. Estos instrumentos dictados en Colonización fueron ratificados por Decreto 223 del 18 de febrero del 2014. Por Resolusión 2218/13 dictada en el expediente 171/98 se dio por canceladas las mejoras de la adjudicataria Marcela Brauer, ordenándose la escrituración a favor de la misma del predio fiscal que se identifica como parcela 35, de la circunscripción V de la zona D, del Departamento Almirante Brown, con una superficie de 2.449 hectáreas. Claramente puede advertirse que la Resolución 915/13 no existía a la época en que se produjo la escrituración, de manera que se violó el tope de superficie que se podía adjudicar en venta.

Por Resolución 434/14, dictada en el expediente 0142/04, se ordenó la escrituración de la Parcela 90, Circunscripción II (anteriormente denominada “Legua D, Lote 23”), Zona G, del Departamento Almirante BROWN, con una superficie de 2453 hectáreas a favor de Gerardo Rafael Chincarini, que fue ratificado por Decreto 673 del 12 de mayo de este año. En todo este trámite no se hizo mención a la Resolución 915/13, con lo cual los argumentos esgrimidos por la presidencia de Colonización cada vez son menos creíbles.

Lo llamativo, que a su vez permite presumir sospechas de graves irregularidades, es que en ninguna de las resoluciones anteriormente mencionadas se tuvo en cuenta ni se mencionó la Resolución 915/13, que arbitrariamente eliminó el tope superficial de 1.250 hectáreas que fue establecido por Resolución 1588 del 29 de noviembre de 2012 porque contempla, de manera apropiada, la extensión de los predios fiscales adjudicados para que sean unidades económicas de tipo familiar, según lo dispone claramente el inciso 1º del artículo 42 de la Constitución chaqueña. O sea que al momento en que Colonización dictaba las resoluciones a través de las cuales adjudicara en ventas directas grandes extensiones de tierras fiscales y escrituraba las mismas, el tope era sistemáticamente violado por el Directorio. Entonces, es comprensible que el personal de Colonización tenga el convencimiento de que los casos señalados en este documento constituyeron adjudicaciones y escrituraciones irregulares.

La Resolución 914/13 es un claro ejemplo de trámite irregular. En los fundamentos de la misma se hizo referencia al Dictámen 087, de fecha 21 de julio de 2010. Al beneficiario, Gerardo José Curti, se le otorgó un permiso de ocupación de 6.250 has., aceptándose una renuncia gratuita instrumentada a través de un acta notarial que se agregó como hoja 174 del expediente. A Curti se le había adjudicado 2.500 has. dentro de la reserva provincial “Loro Hablador”, a la que Curti renunció para obtener 6.250 has. a pesar de que estaba vigente el tope supeficial de 1.250 hectáreas porque en la resolución de adjudicación a Curti expresamente se citó la Resolución 1588/12, lo que corrobora que estaba vigente el límite superficial de las tierras fiscales que se adjudicaban a julio de 2010, y que a su vez pone al descubierto la trama que desembocó en el dictado de la Resolución 915/13.

La tierra fiscal adjudicada a Curti está ubicada en El Impenetrable, a pocos kilometros del paraje “Lagunita”. Actualmente están cortando postes y haciendo piques para alambrar. Contrariamente, a los pequeños productores de la zona -que manejan la información de que Curti es carbonero- no les dejan cortar postes para mejoras, lo que evidentemente es una gran injusticia. De cuarenta socios de la Asociacion “El Guardamonte”, uno solo tiene titulo. A Gregorio Frias, pequeño productor que vive en el campo, no le autorizaron a ocupar tierras. Pedia en el área que se le adjudicó a Curti y se lo negaron. Muchos otros productores nacidos alli tienen actas de ocupacion o permisos de ocupacion por 70 o 100 hectáreas, que de ninguna manera constituyen unidades económicas productivas. Colonización se niega a adjudicarles una superficie mayor para que cuenten con verdaderas unidades económicas de tipo familiar, condenándolos a la pobreza perpétua. Les dieron superficies chicas, insuficientes para mantener los animales que tienen. Sesenta productores necesitan tierras en la zona. Uno solo tiene título de propiedad. A los hijos mayores de edad de los productores, que tienen su fuente de vida en la zona, tampoco se les entrega tierras fiscales. Todos reclaman por tierras o por sus derechos. Los más viejos vienen reclamando durante toda la vida. Formalmente reclaman desde la epoca de la Alianza.

Cuando escuchamos los testimonios de los pequeños productores sobre qué piensan los pobladores cuando a Curti se le adjudicó 6.200 hectáreas, coincidentemente repitieron que es una gran injusticia porque todos pedian una superficie mayor que las que ocupan para poder trabajar mejor y vivir de lo que producen, y que la respuesta de Colonización siempre fue la misma, que no existían tierras fiscales en la zona o que escaseaban. O sea que a Curti le adjudicaron en venta 6.250 hectáreas, a precio promocional, en uno de los lugares de El Impenetrable donde mayor cantidad de reclamos que por tierras históricamente han realizado los pequeños productores locales, que son los únicos genuinos pobladores de la zona.

Aprietes al por mayor, con impunidad

En predios que fueron adjudicados en ventas a pequeños productores por el Instituto de Colonización se acumularon amenazas y aprietes. La Dirección de Bosques no es ajena a lo que ocurre. Tampoco algunos dirigentes políticos, funcionarios públicos y abogados e ingenieros, generalmente vinculados o cercanos con los organismos del Ministerio de la Producción y de Colonización. Las delegaciones que funcionan en las localidades ubicadas en los departamentos Güemes y Brown también son funcionales a la red organizada para hacer negocios. Participan de los aprietes a los pequeños productores. Hacen estragos con las inspecciones, confeccionando actas que se encaminan a la rescisión de las adjudicaciones, lo que permite que una vez que recuperen el predio lo vuelquen al mercado de venta. Conformaron una red de negocios desde el poder y la persecución. La última pata es la empresaria, que es la que se destaca porque recorre la provincia comprando campos, que luego desmontan para la agricultura, la ganadería o la explotación forestal. Muchas veces se ofrecen los negocios, cerrados y completos, a los inversionistas.

Se producen muchas amenazas y aprietes, sobre todo a los pequeños adjudicatarios que esforzadamente viven y tienen sus actividades productivas en tierras fiscales. Se los amenaza con rescindir las adjudicaciones a pequeños productores, y a los ocupantes a desalojarlos. De esta manera van forzando las voluntades de aquellos para que vendan sus mejoras y transfieran sus adjudicaciones. Últimamente Colonización ha fijado los precios de los predios ocupados por las familias campesinas que viven por décadas en la Zona H. Es impagable el monto que exige Colonización para adjudicarles en venta las tierras que ocupan actualmente, en las que habitaron los padres y abuelos . Esta es otra forma de condicionarlos para que dejen sus tierras o deban dividirlas para pagar el precio de adjudicación y construir las mejoras que deben asumir como obligación. Esta también es una gran injusticia institucional que día a día se comete porque a estos pequeños productores (norteños), que tienen nula capacidad de pago pero todo el derecho de ser adjudicatarios por sus historias de vida y de trabajo, debiera donárseles las pequeñas extensiones fiscales en las que viven, como reparación histórica, a través de una ley de la Cámara de Diputados del Chaco, que les reconozca –por vía de excepción y por razones de pobreza- los derechos adquiridos por décadas. Tienen todo el derecho del mundo de ser los dueños de esas pequeñas parcelas fiscales en donde crían majadas de chivos de ochenta madres, veinte vacas y dos o tres caballos. Esta es la contracara de la adjudicación de grandes extensiones de tierras fiscales, a precios promocionales, a empresarios o grandes productores, que tiene capacidad de pago para comprar campos en el mercado inmobiliario privado.-

RESISTENCIA, 02 de Octumbre de 2014

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