«

»

Oct 01 2014

Imprimir esta Entrada

¿Un infructuoso reclamo del Centro Mandela sobre la designación del personal de la Defensoría del Pueblo del Chaco?

Resistencia, 10 de septiembre de 2014

SEÑOR
DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DR. GUSTAVO CORREGIDO
SU DESPACHO

REF.: acerca opinión respecto del sistema de designación del personal en la Defesoría del Pueblo.

En relación con el sistema de designaciones del personal en el ámbito del Instituto del Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, opinamos que se pretendería utilizar para ello una metodología que no se ajusta a nuestro sistema constitucional, ni al previsto por la Ley 4190, específicamente centrado en el posible ingreso del personal mediante el sistema de adscripción definitiva de quienes ya se encuentra trabajando en el organismo.

Para formar nuestra opinión, tuvimos en cuenta los siguientes parámetros:

La Constitución Provincial, en su art. 70, en referencia a la estabilidad de los empleados públicos determina -entre otras cuestiones- la exigencia del llamado a concurso o prueba de suficiencia (idoneidad comprobada) para el ingreso de los empleados y funcionarios públicos, perfectamente previsto cuando dicha cláusula estableció que:“…La ley reglamentará esta garantía, los deberes y responsabilidades del empleado o funcionario y determinará las bases y tribunales administrativos para regular su ingreso, por concurso o prueba de suficiencia, los ascensos, remociones, traslados o incompatibilidades.”. Estrechamente vinculado con esta norma, el art. 119, inc. 17, establece -entre las facultades y atribuciones del Poder Legislativo- el de “dictar el régimen jurídico básico y escalafón único para el personal de la administración pública; organizar el régimen de ingresos sobre la base del concurso público de antecedentes y oposición, bajo sanción de insanable nulidad…” .

Es decir, que el constituyente estableció reglas de juego limpias y democráticas, restringiendo y/o quitando la discrecionalidad y la arbitrariedad en los ingresos y promociones. Por ello, manda que todos los empleados públicos CONCURSEN y juzga que ese es el método de selección. Por ende, esta exigencia se vería arbitrariamente eliminada de procederse por otras vías que no sean las previstas en la Constitución Provincial, que no es otro que el concurso público de antecedentes y oposición.

La Constitución no exceptúa del Concurso de antecedentes y oposición a los aspirantes a ingresar al Instituto del Defensor del Pueblo; por lo tanto, nada habilita a distinguir donde la ley no distingue. No existe en el diseño constitucional -ni fue intención del constituyente- excepción alguna a la regla de que toda ingreso del personal de la administración pública provincial debe necesariamente producirse por vía de concursos de antecedentes y de oposición, del que debe surgir acreditada la idoneidad del postulante como mecanismo excluyente de selección.

El concurso es, entonces, un presupuesto –inexcusable y permanente- de legalidad de los nombramientos que se produzcan en la Defensoría del Pueblo toda vez que se integra como fase formal del complejo integrado de pasos previsto por la Constitución para concluir en el nombramiento del empleado o funcionario público. Es que no existe lugar a dudas en el texto constitucional en cuanto a que el concurso que se define como cauce previo de toda designación se compone de dos sub-fases, que son igualmente relevantes y, por tanto, imprescindibles, a saber: los antecedentes y la oposición. El concurso debe, entonces, desdoblarse en estos dos requerimientos, que componen diferentes exigencias y esferas que aspiran a lograr diversos análisis y evaluaciones del postulante. Es la propia Constitución la que establece que no es suficiente que el postulante cargue infinitud de antecedentes o de elogios, y que los mismos no puedan ser luego confrontados con una detenida y cercana requisitoria de las cualidades personales del postulante y de la funcionalidad de sus saberes, esto es del real ejercicio de lo que se ha arrogado saber o entender.

Absolutamente enmarcada en la Constitución Provincial, la Ley 4190, en su art. 6, establece que “El Defensor del Pueblo nombrará –previo concurso de antecedentes y oposición- al personal de la Institución…”. Luego, en el mismo artículo, se dispone que el concurso de antecedentes y oposición se instrumentará a través de un Tribunal Examinador, estipulando sobre su integración.

En consecuencia, toda designación del personal que no sea por la vía constitucional y legal diseñada para su ingreso sería ilegal y, por ende, nula. Por ello, no es conveniente que el Defensor del Pueblo se arrogue para si la facultad de establecer ingresos del personal, cualquiera fuera el número, por vía de mecanismos que aparenten legalidad pero que para nada se compadecerían con la manda constitucional y legal dado que se extralimitaría en el ejercicio de sus facultades legales en función de que no debe suprimir la exigencia constitucional del concurso de antecedentes y oposición, facultad de la que carece, tal lo dispone el art. 5 de la Constitución Provincial. En nuestros términos, en la gestión todos los funcionarios públicos deben evitar la toma de decisiones que son manifiestamente ilegales e inconstitucionales, no obstante lo cual algunos avanzan e incurren en lo que la doctrina califica como inconstitucionalidad e ilegalidad “grosera y obvia”.

Como se sabe, a la elemental garantía de igualdad ante la ley (art. 16 C.N. y 8 de la Provincial), concepto sin lugar a dudas muchas veces difícil de precisar y asociado habitualmente a una perspectiva formal, ha sido complementado con medidas de acción positiva. En este sentido, a la garantía establecida por el artículo citado, por la cual todos los habitantes son iguales ante la ley “y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”, se ha ampliado (dicha garantía) con la vigenia de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que ponen el acento en la igualdad de oportunidades. En consonancia con estos postulados, no debe implementarse ningún procedimiento que conculque los derechos –en igualidad de condiciones y oportunidades- de los eventuales interesados a ingresar a la estructura de cargos del Instituto de la Defensoría del Pueblo.

En tal sentido, el art. 23 de la Convención Americana establece, en lo que al caso importa que “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: … c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Estas garantías también se encuentran consagradas, en términos similares, en el art. art. 21.2.- de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el art. 25.c).- del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Parecido criterio emplea el inc. 4 del art. 14 de la Constitución de la Provincia, al establecer como derecho la “igualdad de oportunidades”.

Transparencia en los procesos de selección y la Convención Interamericana contra la Corrupción

Tal como puede quedar expuesto en la especie, la violación al derecho de acceso -en condiciones de igualdad- a un cargo público podría terminar siendo consecuencia de un procedimiento totalmente ausente de transparencia administrativa. En el supuesto de avanzarse en la transferencia definitiva de personal a la esfera de la Defensoría del Pueblo, se conculcaría el art. III.5 del Convenio Interamericano contra la Corrupción (en adelante CICC), en tanto dicho tratado internacional ha erigido con rango supraconstitucional esta exigencia.

Indica el art. III.5 del CICC que “Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: … 5.- Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas”. Esta norma, como se dijo, ha erigido a rango supraconstitucional la transparencia en los procedimientos de selección. De las directivas que dimanan del artículo citado surge que, en el caso, el procedimiento de selección podría no solamente asegurar publicidad, sino tampoco equidad ni eficiencia, a contrapelo de las pautas de implementación previamente contempladas por los instrumentos legales que venimos citando.

Transparencia en los procesos de selección y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En el mismo sentido que el tratado anteriormente referenciado, la República Argentina aprobó -mediante Ley 26097- la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dicho instrumento resulta de trascendental importancia al caso, pues profundizando el alcance de la Convención Interamericana contra la Corrupción en materia de contrataciones, establece en su artículo 9. 1, en sus incisos b), c) y d), lo siguiente:

“Artículo 9. 1: Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia, criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Estos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:
b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección …, así como su publicación.
c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos.
d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo”.

Como se observa, el procedimiento de la adscripción definitiva que se estaría diseñando en la Defensoría del Pueblo, en caso de concretarse no reuniría ni acataría ninguna de las exigencias de la Convención. Y lo que sería peor, omitiría toda consideración y pautas positivas al respecto, generando condiciones diametralmente opuestas a las recomendaciones, cuyo epicentro es el método de selección, que supone la exigencia de superar factores objetivos y predeterminados, que deben resultar de la comprobación de la idoneidad empírica. Por lo tanto, sería inexplicable la posibles desviación diseñada, sobre todo teniéndose en cuenta que se trata de la Defensoría del Pueblo, que justamente tiene que tutelar la vigencia y aplicación de todas las herramietas legales vigentes en la República Argentina y Chaco, defendiendo el interés de los habitantes de la provincia.

Por lo tanto es conveniente mantenerse y gestionar dentro de los parámetros del Estado de Derecho, que se caracteriza no solo por sus elementos sustantivos ( reconocimiento y tutela de los derechos públicos subjetivos), sino también por la forma como este objetivo debe ser gestionado y obtenido. El Estado tiene preestablecido el qué y el cómo. La especie en tratamiento está perfectamente contemplada. Por lo tanto, el único camino para la designación y nombramiento de personal en la Defensoría del Pueblo invariablemente pasa por el sistema de selección por concursos de antecedentes y oposición, que facture los resultados a pautas objetivas de clasificación, para lo cual el Tribunal examinador debe ser absolutamente idóneo y calificado. Viene bien recordar las palabras de Gierke, cuando escribió que el Estado de Derecho es un Estado que no se coloca por encima del Derecho, sino dentro del Derecho. En este orden de ideas, el principio de legalidad resulta esencial y debe ser acatado en cada acto de gestión y de gobierno.

* NOTA: hasta el día de la fecha de publicación en nuestra web de este  reclamo, el Defensor del Pueblo no contestó  ni   informó si las designaciones o nombramientos del personal de planta de la Defensoría del Pueblo respestará las pautas, claras, concretas y objetivas,  previstas por la Ley 4.190.

 

 

 

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=9892