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Ago 26 2014

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Orden de operaciones 679 CEAC/14 (00-679) para escarmentar a los manifestantes. Feroz represión contra la protesta social el miércoles 4 de junio

La represión político-policial ejecutada contra los manifestantes en los alrededores de la Casa de Gobierno y a lo largo y ancho del micro y macro centro de la ciudad de Resistencia el miércoles 4 de junio de 2014 fue una acción deliverada y perfectamente planificada en los espacios político y policial. Los manifestantes no solo que no tenían que llegar frente a Casa de Gobierno y manifestar sus reclamos en la esquina de Mitre y Marcelo T. de Alvear, sino que debían ser dispersados, reprimidos sistemáticamente y perseguidos hasta el escarmiento. Ese fue el objetivo del feroz operativo policial, aún más violento que el que se produjera el pasado 7 de mayo, profundizándose la mecánica penosa de los “miércoles negros”.

La fuente de nuestro análisis y valoración se apoya en los sistemáticos hechos de violencia policial observado en terreno, como también en los que fueron ampliamente difundidos por los medios masivos de comunicación y, fundamentalmente, en el sorprendente contenido de la Orden de Operaciones 679 CEAC/14 (OO-679), del 3 de junio, firmada por el Subjefe de Policía Ariel Acuña y el Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC) Sergio Espeso. Este instrumento pretendió “legalizar” el mega operativo policial represivo desplegado el 4 de junio de 2014. Fue un calco –extremo y agravado- de la Orden de Operaciones 503 CEAC/14 (OO-503), que dispuso la masiva represión que se produjo el miércoles 7 de mayo. Las coincidencias de las ordenes represivas se advierten fácilmente en la descripción de la situación contemplada por el poder político y por los jefes policiales, en la misión proyectada, en el carácter y la extensión temporal del operativo, en la forma y modo de ejecución de las maniobras represivas, y en la supervición general de los jefes supervisores, coordinadores y jefes superiores de las más altas jerarquías de la institución policial que estuvieron presentes. Pusieron “toda la carne en el asador”, aún con mayor intensidad que en los hechos del 7 de mayo, para reprimir y escarmentar a través de la aplicación de un mayor volúmen y sistematicidad de la violencia cuidadosamente planificada. Se esmeraron en la planificación represiva. Afanosamente bajaron violencia, perfectamente estudiada. Se concentraron en los castigos. Fueron perseverantes y laboriosos en la tarea de pegar y de efectuar disparos indiscriminados. Casi todos los golpes y los disparos impactaron de la cintura para arriba de las personas que se manifestaban, a diferencia de lo ocurrido durante la represión del 7 de mayo, en la que el objetivo apuntaba de la cintura para abajo.

La OO-679 comprueba objetivamente que se planificó la intervención de muchos refuerzos y agregados en comparación con anteriores órdenes de operaciones, lo que demuestra que el operativo debía ser de represión masiva y de máxima intensidad para castigar y disciplinar la protesta pública. Este dato escalofriante claramente emerge de la designación de los máximos conductores de administración y logística de la policía, que debían actuar de enlace con el supervisor general del servicio para asegurar la entrega de racionamiento, agua y ambulancias de entidades privadas. Corrobora el esquema planificado la designación del jefe del departamento comunicaciones e informática para asegurar la provisión de 30 equipos de radio portátiles, la afectación de la totalidad de los recursos humanos y materiales disponibles en la división Hospital Julio C. Perrando y la obligación del jefe de unidad de informar cualquier novedad. Esta vez no se dejó nada al azar. Evidentemente se contempló que el operativo policial se extendería más de lo habitual, por lo que implementaron un plan de coordinación muy bien aceitado para apoyar logísticamente al personal policial en las actividades represivas planificadas, con la certeza de que habrían heridos que debían ser atendidos y con un seguimiento muy preciso. La represión fue perfectamente organizada y ejecutada según los parámetros seguidos por los gobiernos autoritarios de paises que recurren a la violencia institucional para someter a la población.

Cartuchos y gases lacrimógenos a discreción

Llama poderosamente la atención la mayoría de las previsiones de la OO-679. Todas estaban destinadas a disparar una feroz represión.También sobresale, por su funcionalidad represiva, la directiva impartida en la Orden de Operaciones 681 CEAC/14, que dispuso el servicio policial que se llevó adelante el jueves 5 de junio de 2014. En el Anexo I° de la primera, se ordenó la presencia del jefe del departamento logística para atender personalmente la “constante provisión de cartuchos anti tumulto calibre 12/70 y gases lacrimógenos” a los grupos de infantería, COE y división rural, designándose para ello a un oficial jefe y cuatro empleados subalternos. Este dato es extraordinariamente revelador de que se debía disparar a malsalva y masivamente.

El resumen final de los cuantiosos y desbordantes medios empleados en el operativo policial aplicado el 4 de junio, especificado en la OO-679, comprueba el carácter netamente represivo que fue minuciosamente planificado. Se afectó un total de 976 efectivos policiales, lo que significó un 55% más que los policias que intervinieron en la ejecución de la OO-503, correspondiente a la represión del 07 de mayo, que fue de 630 efectivos. Duplicaron el número de policias motoristas y montados, lo que demuestra que se planificó no solo la dispersión de los manifestantes, sino la persecución y cacería de los mismos en áreas extendidas del micro y del macro centro.

Violación intensional del Protocolo Garré

El objetivo inocultable de la OO-679 fue reprimir violentamente a los manifestantes y perseguirlos hasta los lugares donde se refugiaron, violando de manera grosera el Protocolo Garré, que pormenorizadamente reglamenta los pasos en la intervención política y policial en ocación de producirse manifestaciones públicas. En la OO-679, al igual que en las anteriores OO-503 y OO-525, no figuran ni se desarrollan las directivas para cumplir cada uno de los puntos previstos en el Protocolo Garré. Al contrario, varias directivas ordenadas violaron sistemáticamente las pautas de dicho Protocolo, que fuera aprobado por el Decreto provincial 989/12, además de otros protocolos incorporados en la Ley de Seguridad Pública 6.976. De esa manera se violaron masivamente derechos y garantías constitucionales de los manifestantes.

En el cuerpo principal y en los Anexos de las órdenes de operaciones 679, 681, 503 y 525 debieron establecerse directivas específicas compatibles el respeto de las normas del Protocolo Garré; sin embargo, las ordenes se orientaron en sentido contrario a las pautas establecidas por dicho instrumento legal. Deliberadamente las autoridades políticas y policiales no establecieron caminos alternativos de circulación para el tránsito y regulación durante las manifestaciones. Tampoco iniciaron negociaciones, genuinas y eficientes, por un tiempo razonable que debió quedar a cargo de un funcionario político, sin la participación de funcionarios que formaban parte del operativo policial. Tampoco se evitó el uso de armas de fuego, balas de goma y gases lacrimógenos, sometiendo a violencia desproporcionada a los manifestantes, quedando severamente expuestos e indefensos los grupos vulnerables como niños, discapacitados, mujeres y ancianos. Finalmente, la violación del Protocolo Garré demuestra que las verdaderas intenciones eran, desde el principio, otras muy distintas a las establecidas en dicho Protocolo, y que existía un respaldo político suficiente para brindar cobertura al personal policial actuante a través de un mecanismo de impunidad por los hechos cometidos.

Consecuencias directas del mega operativo del 4 de junio.
Daño social por disminución del servicio de serguridad preventiva

Para la ejecución de la OO-679 se afectaron, como mínimo, 976 policías de una veintena de localidades del Chaco. No caben dudas que el mega operativo policial debilitó sustancialmente el servicio de seguridad preventiva en la población, que en vastos territorios quedara indefensa, justamente en un momento de alta inseguridad. El carácter ordinario del servicio obligó a los jefes de unidades policiales a destinar una cantidad importante de efectivos y a dejar en apresto a la guardia saliente en la mañana del 4 de junio. Se afectaron efectivos de todas las comisarías de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Vilelas, a lo que se sumaron policías de cinco grupos de infantería (tres de Resistencia, uno de Gral. San Martín y otro de Charata), dos grupos de la División Central de Despacho del 911, de la Policía Caminera, montados de la Policía Rural, un grupo del COE y motoristas. Todos estos efectivos integraban las unidades operativas que deberían estar al servicio de la comunidad, cubriendo la seguridad preventiva, que se vio severamente afectada por el mega operativo represivo planificado para escarmentar a los manifestantes. Y si a esto sumamos el personal de dependencias administrativas y unidades de apoyo, la cifra de policías se eleva a más de 900, que pudieron ser -en algún momento- más de 1.000 si se computan los que estuvieron en apresto y los refuerzos ordenados sobre la marcha.

Pero no solo se afectó el servicio de prevención de delitos, sino que se distrajeron la mayor parte de los recursos de la División Bomberos de Resistencia al desafectarse del cuartel autobombas con sus respectivas dotaciones, dos más de General San Martín y de Presidencia de la Plaza, que fueron emplazados en lugares claves para actuar durante la represión. El peligro que se corrió fue real y concreto, y afectó a la comunidad en general.

Objetivamente no se puede justificar semejante despliegue de efectivos, vehículos y equipos solamente para cuidar el orden y asegurar la circulación del tránsito en algunas calles y accesos de la ciudad con motivo de las manifestaciones sociales y gremiales. Es claro, entonces, que el poder político sacrificó la seguridad pública para planificar y ejecutar un gran operativo policial de carácter netamente represivo y masivo. El organigrama de supervisión y control diseñado para el mega operativo policial del 4 de junio de 2014 fue absolutamente desproporcionado con relación al despliegue de recursos humanos y materiales. El enorme aparato represivo montado cumplió el objetivo de ejecutar una brutal represión indiscriminada y la cacería de manifestantes lanzada a varias cuadras de la sede gubernamental.

Los penosos precedentes que significaron las represiones planificadas y ejecutadas durante el 7 de mayo y 4 de junio integra una de las páginas más negras de la historia democrática de Chaco. Hasta ahora resulta incomprensible que politicamente se haya ordenado dos represiones con los niveles de violencia que se desataron en ambos días. En lo relativo a la institución policial, claramente quedó en evidencia que aceptaron ser la policía del gobierno de turno, sin que les interesara los derechos y garantías de los manifestantes, como también la seguridad pública que constituye la razón de la existencia del aparato policial.

RESISTENCIA, 26 de Agosto de 2014

 

NOTA: con este documento hemos terminado la investigación social que comprendió el análisis de las represiones y de la violencia institucional que se ejecutaron los días  miércoles 7 de mayo y 4 de junio. Se puede relacionar esta nota con los anteriores documentos publicados en los siguientes links: 

http://www.centromandela.com/?p=8856  

http://www.centromandela.com/?p=8838  

http://www.centromandela.com/?p=9298

http://www.centromandela.com/?p=8813

http://www.centromandela.com/?p=8644

http://www.centromandela.com/?p=8617

http://www.centromandela.com/?p=8576

 

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=9550