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Ago 07 2014

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EL PRESIDENTE PARIS PRETENDE DESVIAR EL ESCLARECIMIENTO DEL CASO HUPALUK

Fuente: publicado en Diario NORTE, edición física del día 07/08/2014, Carta de Lectores, pág. 6

Hace un tiempo, en una entrega de títulos de propiedad a productores del Chaco, el gobernador Jorge Capitanich manifestaba, entre otras cosas, que “tenemos un concepto que la tierra y la propiedad tiene que estar en función social”. Cuando nombró a Banco Capitanich como presidente de Colonización, decía “vamos a tener una política de tierras para que el Instituto de Colonización vuelva a ser un organismo al servicio de los productores, y especialmente de los más pobres, con el objetivo que la tierra pública no vuelva nunca más a ser coto de negocios”.

En el diario Pagína 12 se publicó que el Fiscal París auditó al azar 215 expedientes. En todos encontró irregularidades. En todos los casos las maniobras se hacían para eludir el verdadero sentido de la ley. La Constitución del Chaco preserva como en ninguna otra parte del país el derecho a la tierra para los pequeños productores. El Estado no puede transferir la tierra fiscal, que es muy barata, a empresas en forma directa o indirecta, tampoco para que se formen latifundios ni minifundios. Como promueve el desarrollo de las “unidades productivas”, solo puede entregar las tierras fiscales a pequeños y medianos productores, su descendencia, originarios y cooperativas sin fines de lucro.

El diario Norte, por su parte, publicaba en el 2009 que el fiscal Raúl J. París considera lo ocurrido con las tierras fiscales como el caso de corrupción mas grande en la historia del Chaco. Se privilegiaba la rapidez en los títulos y adjudicaciones de más de 2000 hectáreas. París aseguró haber revisado mas de mil expedientes. Se observaron violaciones a la Ley de Tierras, a las leyes de procedimientos administrativos. Advirtió que se privilegió a grupos económicos muy fuertes, dedicados al cultivo de la soja o a emprendimientos forestales. París también decía que no se convierta la tierra pública en objeto de un negocio inmobiliario porque si el Estado vende a precio promocional, lo que luego sucede es que el intermediario se queda con la diferencia.
Así, podríamos seguir por horas escribiendo sobre las opiniones críticas de París frente a las operaciones inmobiliarias que se realizaban con las tierras fiscales. Al igual que el gobernador, quería recuperarlas para entregárselas a los pequeños y medianos productores y a los hermanos originarios. Ante los hechos de público conocimiento, cabe preguntarse ¿qué pasó con París?. Suponemos que sólo él lo sabe.

Nunca escuchamos que Jorge Capitanich o Bacileff Ivanoff emitiera algún comunicado informando que cambiaron los objetivos del proyecto político que asuimieron como compromiso ante los chaqueños para recuperar las tierras fiscales que se adjudicaron irregularmente y para administrar honestamente las que quedan. La Constitución y las leyes son las mismas que estaban vigentes durante las gobernaciones de Rozas y Nikisch, época en la que se consumó un largo saqueo de las tierras públicas. Pero, contradictoriamente París dictó la Resolución 915, del 8 de julio del 2013, la cual supuestamente “terminó con los límites superficiales para las adjudicaciones” seis días después de que la Sra. Ana Hupaluk solicitara que se le adjudique 4873 hectáreas, resolución que con el tiempo se va a determinar que violan los preceptos constitucionales y legales, pero sobre todo significa un acto concreto de abuso de la confianza popular porque se le había planteado a los chaqueños una propuesta concreta desde la campaña a gobernador de Capitanich en el 2007 y ya durante su gestión después de haber asumido.

Hasta el 8 de julio no existía la mágica resolución de París, quién dio una constancia totalmente irregular que le permitió a Hupaluk desmontar 500 hectáreas en tierras fiscales. De los errores administrativos que detectó cuando era Fiscal del Tribunal de Cuentas pasó a gestionar de la manera en que ahora se hace público. París no tiene argumentos serios para defender su gestión. Se olvidó que Colonización tiene que cuidar las tierras fiscales. Debe administrarlas correctamente, como establece la Constitución del Chaco y la Ley de tierras 2913. Pretende confundir la opinión pública, justificando que la entrega fue legal, mencionando que cuenta con el dictamen de la Asesoría General de Gobierno. Si París persigue a los empleados sindicalizados o no, habría que preguntarles a los que lo llevaron a Colonización, a José Luís Rivero, Raúl Vallejos, a Fortunato Ruffino y a tantos compañeros que jubiló intempestivamente porque sabía que no se iban a prestar a estos “procedimientos administrativos” que hoy se hacen en Colonización. Se retiraron amargados y asqueados del manoseo. París no puede borrar el detalle de como manejó el trámite de las 4873 hectáreas adjudicadas a Hupaluk. No puede negar que el trámite se llevó adelante por carriles paralelos a los establecidos. En cuanto a la carta documento que habría recibido, no es serio ni creíble. No se asuste presidente porque más se parece a una defensa organizada. Nosotros recibimos una a los dos días de denunciar en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a través de la cual la Sra. Hupaluk mencionaba hasta el número de expediente por el cual se tramitaba la denuncia. O sea que es adivina o la Fiscalía o Colonización le suministraron esa información porque nosotros no lo hicimos.

Nadie pretende atacarla. Todos la reconocemos como una gran empresaria y productora forestal, que ha progresado mucho, que es exitosa. Señor Presidente, usted se está quedando sin argumentos. Debería explicar a la sociedad, a los hijos de pequeños y medianos productores que la única vez que se adjudicó tamaña superficie de tierras lo hizo el Ing. Cogno (4980 hectáreas) y a los hermanos Gualtieri (5019 hectáreas), uno de ellos empresario estrella vinculado a los entonces gobernadores Duhalde y Reuteman. Suponemos que hoy usted conoce quién compró estas tierras en una segunda venta, cuando usted denunció aquella irregularidad. En su gestión, por lo menos vemos muchas incoherencias y contradicciones que pueden provocar daños al patrimonio común de los chaqueños, que son las tierras fiscales. Todavía está a tiempo para corregir errores e irregularidades, poniendo las cosas en su lugar, defendiendo el interés público como corresponde que lo haga todo funcionario público competente.

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