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Jul 05 2014

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El ministro Lugo y el gobernador Ivanoff fueron informados de las irregularidades: el GRAN BOTIN con el que se quedaron los polirrubros del MInisterio de Desarrollo Social

El descalabro instalado en los circuitos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social es una visión compartida por muchos trabajadores de esa cartera. El hartazgo de quienes no quieren ser cómplices de las irregularidades que allí ocurren los llevó a reclamar a través de notas dirigidas al ministro Roberto Lugo y, por su falta de respuesta formal, posteriormente ante el propio gobernador Ivanoff. Aún cuando los reclamos se elevaron por escrito y fueron ingresados por la secretaría privada del ministro y por la secretaría general de gobernación, tales funcionarios públicos no dieron trámites ni respuestas a las presentaciones, a pesar de la gravedad de lo denunciado.

No es difícil entender por qué no se contestaron las advertencias presentadas en enero y febrero de este año. Pese a la eficacia de tales alertas el desempeño de los funcionaros continuó repitiéndose, por lo que no quedan dudas, tal como señaláramos en el informe anterior, que el descontrol que predomina en Desarrollo Social no es accidental, sino que auspicia y posibilita el juego de quienes pescan en río revuelto.

¿Qué denunciaron los empleados?

 Los empleados que se mantienen apartados y prácticamente sin funciones en el Ministerio, porque decidieron no prestarse a la cadena de enredos, señalaron que previo a la salida de Sergio Soto de la Subsecretaría de Economía Social removió de sus cargos a su secretaria privada y a un chofer, por razones que se conocían en Desarrollo Social, aunque todo indica que eran ignoradas por aquél funcionario. Cuando Soto asumió como Ministro de Educación, mientras Beatriz Bogado continuaba siendo Ministra de Desarrollo Social, Abel Peña estaba a cargo de la subsecretaría. Logró sobrevivir al paso de tres ministros (la ex secretaria general de UPCP, Diego Bernachea y ahora Roberto Lugo). Los empleados recuerdan que una de las primeras medidas de Lugo fue reinstalar a Patricia Ojeda como secretaria privada y reivindicar al chofer Jorge Cajes como coordinador de la Subsecretaría.

Los que firmaron la nota denunciaron que “a comienzos de 2013, sin respetar la estructura, competencias y facultades de compañeros de trabajo, se habilitó una oficina a cargo de la Sra. Patricia Ojeda quien recibía directamente los pedidos para kits de herramientas sin participación alguna de personal competente. Los expedientes iniciados en esta Área Social para poder lograr la entrega de los kits de herramientas necesitan la firma de la asistente social competente, compañera esta que nunca participó en la conformación de dicho expediente y que en la mayoría de las veces era presionada para estampar su firma para así darle una apariencia legal a este procedimiento”.

El reclamo de los trabajadores fue más allá. Le pidieron al ministro “una audiencia con los compañeros de trabajo para que estos tengan la posibilidad de poder ampliar, ratificar o rectificar lo aquí descripto. Y si de esta reunión surgiera la convicción necesaria solicitamos una Auditoría, para que a través de ella se pueda identificar los expedientes iniciados por la Oficina a cargo de la Sra. Ojeda, Patricia, la identidad de los profesionales que suscribieron estas actuaciones y la identidad de las personas beneficiadas con las entregas de herramientas”. Sin perjuicio de lo dicho, los trabajadores hicieron notar que el descontrol era tan grande que se habían “perdido” cuatro expedientes del escritorio de la jefa de Departamento, Norma Morales. Producto de esta desagradable irregularidad, esta empleada entró en una crisis muy profunda que derivó “en un ACV hemorrágico” que posteriormente desembocó en su fallecimiento, según relataron.

En la misma nota, los firmantes relataron persecuciones, malos tratos, atropellos. No solamente el Ministerio no dio curso a la denuncia, sino tampoco el gremio. Según los empleados, el tema se tocó una vez con Lugo. Fue en una reunión en la que estuvo presente el secretario general de UPCP, José Niz, para discutir cuestiones salariales. Aprovecharon para plantear el tema y Lugo habría contestado que “yo no puedo investigar para atrás, porque si no, no puedo hacer lo que tengo que hacer para adelante”. Expresada en esos términos, la frase dejó abierta un par de conjeturas, pero la más plausible fue la que daría después el gobernador en ejercicio, cuando en plena confrontación con Niz se dedicó a revelar las irregularidades ocurridas durante el desempeño de la actual diputada Beatriz Bogado como ministra, entre las que sobresalió el caso de las tarjetas alimentarias de Castelli y los módulos alimentarios.

Después, Lugo tomó un par de medidas. Volvió a separar a Ojeda del cargo y la derivó a la ex Casa Cuna, en donde presuntamente no cumple ninguna función. Respecto de Cajes, lo reemplazó por su amigo y colega empresario Aldo Luis Asano, que se desempeñó en la coordinación de la Subsecretaría de Economía Social. Es todo lo que hizo. Lo demás siguió igual, incluida la continuidad de Peña.

Cambios en el funcionamiento administrativo

Es preciso anotar cómo funcionaban Desarrollo Social antes de la partida de Soto. La entrega de kits tenía un procedimiento. La idea no era regalar herramientas, sino generar el aprendizaje de oficios o crear fuentes de trabajos. Para sintetizar, a una solicitud le seguía un relevamiento, una capacitación, la entrega del kits de herramientas y, finalmente, una feria de oficios en donde los beneficiarios exponían sus trabajos. Después de la ida de Soto, todo se redujo con el pretexto de la simplificación. La subsecretaría de Economía Social se dedicó solamente a tramitar la entrega de “kits”. Un dato que confirma lo dicho es que desde la llegada de Peña desapareció de la página del Ministerio el “Registro de oficios”, que estaba online, que permitía encontrar personas que pudieran realizar trabajos o servicios que la gente demandaba. En el listado estaban los beneficiarios de esos kits.

Sólo para tener una somera idea de lo que se mueve en este “polirrubro”, puede señalarse que en el 2013 se entregaron aproximadamente 1200 kits, lo que supone un promedio de 4 kits y medio por día, tomándose en cuenta los días laborables. A un costo de entre 7 mil y 15 mil pesos (lo que promedia 11 mil) por cada kits, totalizan un gasto en el año de más de 13 millones de pesos en compras de herramientas. Esta operatoria repetida viene sospechada de irregularidades porque las herramientas se compraron a los polirrubros del estilo que referimos en el primer informe.

Florecieron las irregularidades como las que se describieron en el segundo informe que entregamos a la opinión pública relacionado con el irregular funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social. La falsificación de expedientes y firmas son delitos graves. No obstante que se advirtieran al ministro y al gobernador, no se tomaron medidas. Las fallas son tantas que los empleados afirman que el circuito instalado llegó al extremo de “escanear informaciones sumarias” para completarlas con datos de beneficiarios ficticios, por lo que la gran duda se concentra en quiénes fueron los verdaderos beneficiados.

Construyendo Chaco

 Cuando se difundió el primer informe, como única reacción oficial del ministro Roberto Lugo, dijo que “la mayoría de las empresas mencionadas no realizaron ventas al Ministerio durante en mi gestión como ministro. Las restantes no suman ni superan el 1% del total de las compras de lo ejecutado del presupuesto actual”. Esto es cierto. Lugo habló de su gestión como ministro, pero no recordó que era funcionario público y las limitaciones establecidas en el tercer párrafo del art. 67 de la Constitución chaqueña, que señala que “los empleados y funcionarios del Estado y sus parientes consanguíneos y afines hasta el segundo grado no podrán intervenir como oferentes, apoderados de los mismos o intermediarios, en las contrataciones a que se refiere este artículo, sin perjuicio de las nulidades y responsabilidades penales. La infracción a esta norma determinará sanciones expulsivas”. Lo concreto es que Lugo era subsecretario de gobierno mientras las empresas de su suegra, Lidia Clara Kyocapumisz (Intranea S.A.) y la madre de su último hijo, Mónica Yaczuk (Finza S.A.), proveían a Desarrollo Social.

También es cierto que las compras directas, aunque sean millonarias, suponen apenas el 1% del presupuesto ejecutado. La plata grande se va por el programa Argentina Trabaja, que tiene -como ya se dijo- a Ariel Retamozo, definido como mano derecha del ministro, como coordinador en el Chaco. Ya se señaló que Retamozo es la pareja Claudia Soledad Varela, una de las principales titulares de los polirrubros del Ministerio de Desarrollo Social.

Sólo para tener una idea aproximada, vale señalar que los recursos de Argentina Trabaja que transfiere el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ingresan al Chaco por la cuenta del ya desaparecido Programa “Construyendo Chaco”, que para este año 2014 contempla transferencias por 90 millones de pesos. Según los empleados que prestaron testimonio anónimamente, por temor a represalias, el circuito es el siguiente: la Nación remite los fondos que se depositan en la cuenta del programa “Construyendo Chaco” que maneja Desarrollo Social, que a su vez los transfiere a las cooperativas con cheque oficiales. Con esos recursos, las cooperativas “libremente” pueden comprar los insumos que necesitan para desarrollar sus actividades. Puede ser una coincidencia, pero predominantemente eligen a los mismos polirrubros que proveen al Ministerio. Existen sospechas, incluso, de que algunas cooperativas ni siquiera depositan en sus cuentas los fondos, sino que lisa y llanamente endosan para su cobro los cheques a algunos titulares de tales polirrubros.

Pagos liberados

En el mar de coincidencias que sobresalen en Desarrollo Social, se ha detectado uno de los pagos liberados con cheques a una cooperativa por un monto de 410 mil pesos, con trámite concluido el 15 de abril de este año. Casualmente, al día siguiente (16 de abril) fue asentado como “valor al cobro” en la caja de ahorro del Nuevo Banco del Chaco S.A., sucursal General San Martín, de Claudia Soledad Varela, dueña del polirrubro Proveeduría Sol y socia del polirrubro Real Comercializadora S.R.L. Figura un cheque por el mismo importe, o sea 410 mil pesos. Se trata de una caja de ahorro que habitualmente no utiliza para los pagos y transferencias que le hace Desarrollo Social como proveedora.

Volviendo al mar de casualidades, pero esta vez en orden inverso, en fecha 26 de febrero de este año, Claudia Soledad Varela registró en su caja de ahorro de la sucursal de General San Martín un asiento por “valores al cobro” por 937.773,60 pesos. Analizando inversamente la documentación a la que se tuvo acceso, el Ministerio transfirió fondos a través de cheques a las cooperativas. Se destacan dos montos autorizados el 25 de febrero, es decir un día antes de que el mismo valor apareciera acreditado en la cuenta de Varela. El primero de los asientos es por la suma de 487.773,60 pesos. Algunos renglones más abajo, se observa otra transferencia con cheque, esta vez por la suma de 450.000 pesos. Quizás no haga falta destacar que sumados ambos valores, la cifra coincide exactamente con los 937.773,60 pesos que aparecieron en la caja de ahorro de la dueña de uno de los polirrubros preferidos del Ministerio.

¿La suma de casualidades alcanza para encontrar una matriz o patrón de funcionamiento?

 Las repetidas coincidencias halladas permiten reconocer una matriz o patrón de funcionamiento en Desarrollo Social, que es predominante. El presunto dueño de Expreso Roca, Carlos Manuel Amarilla, registra en una de sus cuentas en el Nuevo Banco del Chaco S.A., en Resistencia, un asiento de depósito de “valores al cobro” el 24 de febrero por 434.700 pesos, que fuera dado de alta al día siguiente. Cómo en el caso anterior, el Ministerio -con los fondos del programa “Construyendo Chaco”, donde se depositan los recursos nacionales de “Argentina Trabaja”- transfirió a una cooperativa 217.350 pesos, en un trámite concluido el mismo 24 de febrero. Ese día se efectuaron dos operaciones calcadas. La segunda, también por el mismo monto. Ahora, si multiplicamos 217.350 por 2, el resultado da 434.700 pesos, el mismo monto que apareció en la cuenta del otro polirrubro preferido de Desarrollo Social.

La verdad la cuentan los empleados del Ministerio. “Cuando las cooperativas tienen que pintar, los muchachos van sin nada al lugar donde tiene que trabajar y ahí les bajan los guantes, los pinceles y la pintura”. El dato es que estas cooperativas, por semejante monto, no tienen la obligación de llamar a licitación ni concurso de precios. Eso sí, las autoridades cooperativistas rinden cuentas exhibiendo los comprobantes para que los organismos de control no molesten. Claro que a nadie llama la atención que los proveedores de las cooperativas sean los mismos polirrubros del Ministerio de Desarrollo Social. También es importante prestar atención a otro dato muy llamativo, que consiste en que en menos de 48 horas la plata sale de las cooperativas y aparece en las cuentas de los polirrubros, lo que permite suponer que prácticamente no tuvieron tiempo para efectuar la operación comercial de compra de insumos. Sin embargo, todo sigue bien según él ministro.

Dinero físico que has de llevar

El dinero físico no queda en las cuentas. Sin que llame la atención al Nuevo Banco del Chaco S.A., que estaría obligado a presentar un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF), según la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, los polirrubros del Ministerio de Desarrollo Social casi todos los días retiran cantidades impresionantes de dinero en efectivo. El presunto dueño de Expreso Roca, Carlos Manuel Amarilla, sólo en dos cuentas que tiene en el Nuevo Banco del Chaco registra retiros casi diarios de 100 mil, 200 mil y 400 mil pesos. O sea que la plata de los cheques de las cooperativas impacta en la cuenta y se retiran en efectivo al día siguiente. Y lo mismo ocurre en la cuenta de Claudia Soledad Varela. Semejante movimiento de fondos parece no haber llamado la atención de los gobernantes y del Nuevo Banco del Chaco, que es la unidad pagadora del Estado provincial.

El honor de uno, las frazadas caras, los pobres inundados y el frío de muchos

Comenzaron a publicarse los datos de las operaciones de compra que hizo el Ministerio de Desarrollo Social para atender la emergencia hídrica que ahora se abate sobre esta parte del país. Miles de personas en todo el territorio nacional confluyeron en ayuda solidaria. La presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, tomó medidas especiales para atender a los damnificados. El gobierno del Chaco también lo hizo. Ivanoff firmó los decretos correspondientes, autorizando las compras directas extraordinarias, para ir en ayuda de la gente que necesita. Fotos del ministro Lugo aparecen en los medios llevando desde ollas, colchones y camisetas de la selección argentina.

Lo que hasta ahora no se ha mostrado es que otro polirrubro, que habitualmente vendía cebollas, zapallos y toda clase de verduras e insumos para actividades deportivas, repentinamente se transformó en una fuerte proveedora de frazadas y zapatillas. El 27 de junio pasado salió el pago para María Luján Pichioni, otra joven emprendedora de apenas 27 años, oriunda de Barranqueras, que va a percibir por 2000 frazadas y 2000 pares (suponemos) de zapatillas, la suma de 1.222.000 pesos. La joven Pichioni facturó 356 pesos por cada frazada de una plaza, lo que presumiblemente implica un gran sobreprecio. Una simple verificación revela que Castellanas, ubicada frente a la Plaza 25 de Mayo, ofrece en vidriera frazadas de una plaza a 79 pesos, que buscando en internet -en la página de Mercado Libre- se encuentra en oferta “frazadas económicas para licitación” a solo 61 pesos cada una, y que el Hipermercado Libertad ofrece un combo de una frazada de un plaza y un acolchado por 249 pesos. O sea que Desarrollo Social pudo haber comprado casi seis veces más frazadas para que los pobres chaqueños inundados se taparan mejor y se protegieran mejor del frío en los ranchos o en los albergues transitorios.

 

Una gran paradoja

 “Mi familia tiene una gran trayectoria en el sector privado y es un honor provenir de esa tradición”, dijo el ministro para responder el primer informe. Si “Robertito” Lugo hubiera comprado para su supermercado Iberia como compra para el Estado, con el dinero de los contribuyentes, hubiera quebrado su empresa y destruido con ella la tradición de la que se siente honrado.

Por este motivo es que siempre repetimos que el exceso en el ejercicio de las funciones administrativas, abusando de los límites legales y éticos, siempre perjudican a los más pobres. Por ello es que -de manera constante- reclamamos más institucionalidad y más transparencia en las compras de bienes y de servicios para el Estado.

El desafío futuro pasa por reconquistar transparencia a través de procedimientos administrativos intachables. De esa manera se respetará al pueblo, evitando que una gestión de gobierno no sea un papel picado fuera del carnaval. Es indispensable que las compras públicas sean correctamente realizadas para que se transformen en políticas públicas basadas en la idoneidad y la honradez. Po ello, es bueno y oportuno recordar lo que decía el general Perón: “todo dentro de la ley y nada fuera de la ley”, aunque también conviene destacar de sus postulados que los funcionarios gestionan mejor cuando son controlados.

Resistencia, 05 de julio de 2014.

NOTAS PRESENTADAS POR LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

 

 

 

 

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