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May 22 2014

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Ley de seguridad pública inaplicable

Por Livio T. Fernández

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La ley de seguridad pública de la provincia del Chaco 6.976, sancionada el 9 de mayo de 2012 y promulgada el 14 de mayo de 2012 por decreto 943/12, generó elevadas expectativas sobre el cambio de paradigmas de la seguridad pública y la aplicación de un nuevo modelo de organización policial.

Al cumplirse dos años desde su promulgación, la implementación de la ley de seguridad pública es un fracaso, el poder ejecutivo no sabe bien qué hacer con el sistema de seguridad y no tiene más margen para volver a equivocarse. Tanto es así que en ámbitos gubernamentales se estarían evaluando entre otras opciones modificar la ley para tratar de implementar el nuevo modelo al menos parcialmente, o volver todo hacia atrás dejando sin efecto la ley 6.976 en lo que respecta a la organización policial.

El poder ejecutivo partió de un diagnóstico erróneo y no se examinaron otras alternativas más convenientes, durante el proceso de elaboración del proyecto de ley de seguridad pública.

Desde el oficialismo, y también desde la oposición, se mostraron indiferentes frente a las advertencias y propuestas que casi en soledad realizó la organización de policías retirados “Policías Autoconvocados”, y las que formuló el Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela local, sobre el apuro y la improvisación con que se trató y aprobó la ley 6.976.

El resultado de la iniciativa legislativa fue un nuevo sistema de seguridad inaplicable, y la clara demostración que si no se trabaja para adaptar la norma a la realidad social e institucional, con la participación de los propios reformados, será imposible imponer cambios en la cultura organizacional de la Policía.

El autor del proyecto original Marcelo Saín –consultor, especialista en seguridad, y actual legislador bonaerense- reconoció, luego de su paso por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en las instituciones policiales “no hay posibilidad de autorreforma o autodepuración”, y que para implementar un modelo policial distinto se requiere de la participación de “policías reformistas” capacitados para ello, o sea contar con una masa crítica para la reforma.

El proyecto elaborado por Saín, al que se incorporaron parcialmente anteproyectos existentes en la legislatura –de autoría del diputado Carlos Martinez- tiene similitudes con el modelo de la Ley Nacional de Seguridad Aeroportuaria 26.102 sancionada en 2006, entre ellas: una estructura de conducción y administración, a cargo de personal civil; estructura operacional, compuesta por funcionarios con estado policial comandada por el Director del CEAC (Centro de Análisis Comando y Control); y, un Instituto Superior dedicado a la formación y capacitación tanto del personal civil como policial.

El proyecto original de Saín también contiene algunos capítulos legislados en las leyes 12.154 de Seguridad Pública y 12.155 de Organización de las Policías de la provincia de Buenos Aires, sancionadas en 1988 durante la primera intervención de León Arslanián en la Policía Bonaerense, de la que formara parte Saín. Este mismo modelo fue replicado luego en la Policía de Mendoza, mediante las leyes 6.651 de Reforma del Régimen de Ministerios, 6.652 de Restructuración de la Policía de Mendoza, 6.653 de Creación del Consejo Asesor de Política de Seguridad, y las leyes 6.721 Sistema Provincial de Seguridad Pública y 6.722 de Policías de la Provincia de Mendoza, sancionadas en 1998 y 1999.

Saín copió parte de reestructuraciones implementadas en otras organizaciones policiales al elaborar el proyecto de reforma del sistema de seguridad chaqueño, una estrategia técnicamente objetable. La metodología de diseño de extrapolar realidades sociales y replicar estructuras organizativas, resultó inaplicable en un contexto político, social e institucional distinto de las Policías de Seguridad Aeroportuaria, Buenos Aires y Mendoza.

Para peor, el ex ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini hizo algunos ajustes al modelo de Saín incorporando las figuras del Jefe y Subjefe de Policía, que se supone no estaban previstos en el diseño original, y también para suprimir el cuadro único o escalafón único para el personal policial. Estas dos cuestiones, junto con la menor importancia en el orden de prelación de los componentes del nuevo sistema de seguridad, eran los reclamos más fuertes de la cúpula policial encabezada por el ex Jefe de Policía Hugo Lisboa, que no ocultó la resistencia a algunos cambios tan drásticos, e inclusive se animó a exponer públicamente que la institución policial no había participado ni había sido consultada en la elaboración del proyecto original. Esto por supuesto le costó el puesto.

El modelo de Saín sufrió tantos agregados, cambios y ajustes que perdió consistencia, derivó en una clara superposición de roles y funciones en la estructura organizacional de la Policía, generó tensiones en el momento de la implementación de la ley 6.976, e impulsó a continuar gestionando la organización policial con el modelo orgánico anterior de la ley 4.987.

La situación de inseguridad cotidiana lejos de disminuir con la nueva legislación, empeoró. La ley de seguridad pública en vez de contribuir a la solución del problema pasó a formar parte del problema.

 

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