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Abr 07 2014

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Inseguridad insoluble

Link original: http://diarioprimeralinea.com.ar/columnistas/26764-inseguridad-insoluble.html

Por Rafael Alejandro Fernández (*)

Puede ser solamente la excusa. El gran cúmulo de tareas que agobia a un tribunal, sin que las autoridades responsables tomen las medidas que correspondan, si así fuera. Un nuevo señalamiento, el caso del Juzgado Federal de Resistencia, planteado por la Procuración prácticamente pasó desapercibido, en una sociedad en la que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, está reclamando mayor acción a los jueces.

Paralelamente -enrolados en corrientes políticas- sectores de la Justicia, más próximas o más alejadas del gobierno nacional, debaten cuestiones como el linchamiento. Cientos de litros de tinta para repudiar desde los dos sectores, bajo el slogan no vamos a debatir o con más precisión “No cuenten conmigo”.

Pero en verdad lo están haciendo, naufragando además en la falta de aportes a la solución. Vana discusión. El Código Penal tiene tipificados los delitos ejecutados por motochorros, narcotraficantes, evasores, asesinos (en soledad o en acción de linchamiento popular) todos tienen penas.

El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, dijo en la Cámara de Diputados: “El problema de la seguridad no se resuelve duplicando patrulleros o con más cámaras, sino por privilegiar la inclusión”. En verdad las que existen no son suficientes, pero las que graban algo, lo hacen sólo para alimentar a los curiosos, como se ve en una imagen ampliamente difundida en redes sociales, en donde un pésimo jinete utiliza su caballo para salir a robar por las calles de Resistencia.

Pero respecto de la inclusión el Gobierno nacional batirá todos los récords en materia de subsidios directos o indirectos en su política de inclusión en la última década, teniendo que anotar además que el ministro Axel Kicillof anunció la redistribución de subsidios al gas y al agua potable, para transferirlo directamente a los sectores más vulnerables.

Después de una década de políticas de inclusión, el de la inseguridad sigue siendo un problema irresoluto. Probablemente el diagnóstico del jefe de Gabinete no sea tan preciso.

Por encima de esta dramática circunstancia el ministro de la Corte, prestigioso penalista, Eugenio Zaffaroni (del que ya quedó claro que “no representa la mayoría del sentir judicial en materia penal”, como le espetó el presidente de la Asociación de Magistrados de Morón, Fernando Bellido), se ha transformado en una de las principales espadas en relación con la reforma al Código Penal, que tiene pronósticos sombríos para la etapa que vive la Argentina.

Más prudente, pero no menos duro, el juez de la Cámara de Casación Penal Bonaerense, Mario Kohan, agregó: “Creo que los jueces, en esta coyuntura, deberían guardar silencio y trabajar”.

Contundente, pero simple. Sólo hay que trabajar, con las herramientas que hoy se tienen a mano.

Preciso es entonces volver al informe de la Fiscalía Federal de Resistencia. Según el trabajo oficial, una especie de memoria del año 2013, se señala: “En el panorama se advierte también que, tras requerir la intervención del Juzgado en ciertas causas, y pese la presentación posterior de urgimientos para demandar su tratamiento, tampoco se advierten avances sustanciales ni siquiera con la intervención de la Cámara de Apelaciones”.

Pero lo más duro, es lo que sigue, en el apartado “Problemáticas más relevantes”; según una publicación periodística, el documento califica como “inaceptable inactividad” del Juzgado Federal, y advierte la “falta de respuesta y compromiso”, aunque aclara que “no debe entenderse con ello que existe animosidad sino una preocupación constante en solucionar los problemas que atentan contra el debido cumplimiento del servicio de justicia”.

Patricio Sabadini, fiscal titular, no es el primero en afirmarlo. En 2009, el entonces fiscal subrogante Gustavo Corregido, denunció la inactividad del mismo tribunal.

Lo volvió a hacer un año más tarde, el abogado Rolando Núñez, coodinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, apuntando entonces al conjunto de la Justicia Federal, tanto que esta declaración publicada en los medios, motivó la intervención del fiscal general para Chaco y Corrientes, Germán Wiens Pinto, que presentó una nueva denuncia y se abrió el expediente “DR. GERMAN WIENS PINTO S/ DENUNCIA”, Nº 165/10.

En este último expediente un testigo planteó gravísimas imputaciones, pero no se registró ningún avance. Tanto, que tres años después Sabadini vuelve a denunciar la inactividad judicial. Sólo para tener en cuenta importa citar el detalle de qué delitos se habla, cuando el fiscal dice “inactividad”: “Causas sobre narcotráfico, contrabando, falsedad documental, crímenes de lesa humanidad, evasión tributaria, trata de personas, lavado de dinero y delitos de apremios y conexos cometidos en el ámbito de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 7 de esta ciudad”.

Este es el debate que los sectores internos del Poder Judicial no están dando. ¿Cuál es la respuesta a la sociedad frente a esto? Cuatro veces (Corregido, Núñez, Wiens Pinto y Sabadini) han movido la vara, pero la realidad sigue siendo la misma. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Qué más hay que hacer?

Inclusión

El Gobierno nacional invertirá en este 2014, según el presupuesto nacional, cerca de modo directo 43 mil millones de pesos en fondos para el área social, representa cerca del 90% del presupuesto del Ministerio que conduce Alicia Kirchner. Paralelamente, de acuerdo a un estudio del CIPPEC se gastaron en 2013 alrededor de 85 mil millones en subsidios a la energía, combustibles y transporte, entre otros rubros. Algo parecido ocurrirá en 2014.

Un reacomodamiento se dará también en este año, cuando se redireccionen fondos de los subsidios al agua y gas de la ciudad de Buenos Aires y se destinen a programas sociales.

Según el CIPPEC, en promedio, en 2003, los fondos destinados a subsidios ocupaban menos del 2% del presupuesto nacional, llegaron a un pico del 16% en 2011 y cerraron el 2013, en el orden del 10%. Sólo para tener una idea de cuánto estamos hablando, el Presupuesto nacional del 2014 es de $ 1.097.316.800.000 (le ayudo a leer el número: superior al billón de pesos).

El 44% del presupuesto de la Administración Nacional está asignado a la función Seguridad Social (44%), que alcanza para 2014 los 380.000 millones de pesos. De este presupuesto, el 85% corresponde a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Anses utiliza el 83% de su presupuesto para hacer frente a prestaciones previsionales de seguridad social; con el 17% restante, se financia otros gastos como el que genera la asistencia financiera al programa Conectar Igualdad, al programa PRO.CRE.AR Bicentenario o bien, a gastos figurativos que terminan siendo transferencias a otras áreas del sector público.

Y estos son sólo los fondos nacionales. Se estima que en el 2014, arribarán a la provincia del Chaco.

Esta es apenas una aproximación del gasto que el gobierno nacional destina a inclusión. De acuerdo a lo manifestado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich en Diputados, entender ahora que la salida a la crisis de la inseguridad demanda mayor inclusión, nos enfrenta con la interpretación de que no se han asignado correctamente las partidas. Si la deuda es inclusión, la pregunta sencilla es ¿a dónde fue toda esta plata?

El gobernador Daniel Scioli, tiene otra mirada. Ayer anunció la declaración de “emergencia en seguridad pública” y dispondrá de 600 millones de pesos provenientes del Banco Provincia para compra de equipamiento policial, convocará a 5000 policías retirados para tareas de prevención y represión criminal, e instalará en la agenda un sistema de botón de alarma celular. También la descentralización del 911. Y la circulación de 1000 nuevos patrulleros. Ratificó la incorporación a la dotación de policía bonaerense (58.000 agentes) de 10.000 egresados en 2015.

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