«

»

Abr 01 2014

Imprimir esta Entrada

Tercer revés judicial para Carossini en su demanda contra Prensa y el Centro de Estudio Nelson Mandela

El Superior Tribunal de Justicia desestimó su recuerdo de incostitucionalidad

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por el ex subsecretario de Información Carlos Antonio Carossini, ante la sentencia adversa que sufriera su demanda contra Orlando Núñez y el Sindicato de Prensa del Chaco y Rolando Núñez y el Centro de Estudios Nelson Mandela de Derechos Humanos. De esta manera el ex funcionario de Ángel Rozas recibió el tercer revés judicial en la causa iniciada contra Prensa y el Centro Nelson Mandela por la denuncia sobre los gastos por pautas de publicidad durante su gestión entre 1996 y 2003.

El 27 de marzo pasado la doctora María Luisa Lucas, jueza subrogante, y Alberto Mario Modi, presidente subrogante de la Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribuna! de Justicia dictaron la sentencia 50 por la que desestiman “el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad”. En acuerdo, los integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia tomaron en consideración para resolver el expediente Carossini, Carlos Antonio c/Núñez, Orlando; Sindicato de Prensa de la Provincia del Chaco; Núñez, Alcides Rolando y Centro de Estudios Nelson Mandela DD.HH. s/ daños y perjuicios y daño moral”, 11524/06-1 -C, año 2013, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad”.

En cuanto a los recaudos de admisibilidad el máximo tribunal chaqueño señala que “en el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del remedio en trato, constatamos que ha sido interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir y contra sentencia definitiva de la causa, por lo que corresponde ingresar a la consideración del mismo en su faz sustancial”.

EL CASO:

Destaca que “Carossini inició acción d daños y perjuicios en reclamo del daño moral sufrido como consecuencia de las falaces declaraciones formuladas por los accionados en la conferencia de prensa realizada el 24 de noviembre de 2004 en la sede del sindicato demandado. Afirmó que no son ciertas las cifras que se dieron a conocer sobre el gasto público destinado a publicidad y propaganda que se realizó durante el período comprendido entre los años 1996-2003, en opor¬tunidad en que el actor se desempeñara como subsecretario de Información Pública durante la gestión del gobernador Ángel Rozas. Explicó que dichas manifestaciones como también la publicación efectuada al respecto en NORTE afectaron su buen nombre y honor”.

Alcides Rolando Núñez por sí y en representa¬ción del Centro de Estudios Mandela, al igual que Orlando Núñez y el Sindicato de Prensa del Chaco, “contestaron la acción negando los he¬chos injuriosos que se les atribuye”.

Indicaron que “la conferencia se realizó en el marco de la libertad de expresión y en relación a una cuestión de interés público. Que se citó !á fuente de la información y que en ningún momen¬to se mencionó al actor ni se le imputó conductas deshonestas. La jueza de primera instancia des¬estimó la demanda al entender que no se encon¬traban configurados en autos los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción impetrada”.

Más adelante indica que “la sentencia de la alzada confirmó el fallo de grado bajo fundamen-tos similares a los ya desarrollados por la magistrada de origen. En definitiva, concluyó que la cuestión traída a juicio debía dilucidarse a la luz de la doctrina de la real malicia y que al no haberse acreditado el requisito subjetivo que tal doctrina exige, la pretensión del actor no podía prosperar”. Carossini, “disconforme con ello, deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria”.

Destaca el tribunal que “confrontados los argu¬mentos desarrollados en el libelo impugnatorio con los fundamentos del fallo, advertimos que el quejoso no ha logrado demostrar la arbitrariedad aludida, revelando sus agravios sólo una mera discrepancia con sus conclusiones a partir de una inteligencia distinta de los elementos de convicción a tomar en cuenta, lo que es impropio de este medio de impugnación. Esto es así por cuanto contra las conclusiones de la cámara, fundadas en el material probatorio arrimado a la causa y las reglas de distribución de la carga de la prueba, el recurrente presenta un escrito en el que se dedica a señalar en forma genérica los defectos que contendría tal decisión, sin rebatir como lo requiere esta instancia extraordinaria, las motivaciones tácticas y jurídicas que susten¬tan la sentencia en crisis. Asimismo, de la lectura del libelo impugnatorio se observa que los repro¬ches ensayados sólo reeditan cuestiones ya planteadas en oportunidad de fundar la apela¬ción ordinaria interpuesta por su parte las cuales tuvieron oportuna y fundada respuesta por parte de la alzada”.

“Lo aseverado en tanto, en primer lugar, la cámara tuvo por acreditado que en la conferen¬cia realizada el 24/11/2004 en la sede del Sindicato de Prensa se dio información, con datos numéricos precisos, sobre el gasto estatal en publicidad y propaganda realizado durante el período 1996-2003, como también opiniones críticas al respecto. Los mismos datos fueron consignados en el documento escrito que se entregó a los presentes al finalizar la exposición, y cuyo original obra agregado a la denuncia penal que diera origen al expediente 29158/04 del registro interno de la Fiscalía de Investigaciones de esta ciudad. Determinados los hechos, consideró que resultaba aplicable al caso la doctrina de la real malicia y no los presupuestos establecidos en la causa “Campillay”, como pretendía el actor, toda vez que la cuestión ventilada resultaba de interés público. Explicó además que no obstaba a ello la circunstancia de que el apelante no revistiera el cargo de funcionario público a la fecha de la convocatoria de prensa, pues dicha doctrina se extendía a figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole.

A la luz de tales lineamientos la cámara puntualizó, por un lado, el específico contenido del factor subjetivo que integra el concepto de la real malicia, es decir el conocimiento o indiferencia negligente sobre la posible falsedad de la información y, por el otro, la carga de su acreditación en cabeza del demandante. Desde tal perspectiva, y en coincidencia con la apreciación efectuada por la jueza de origen en relación con que los accionados han referido la fuente de la información, el señor Orlando Núñez en la apertura de la conferencia al decir que el trabajo que ha hecho la fundación Nelson Mandela se basó en datos oficiales del propio ejecutivo chaqueño y en la documentación entregada a los periodistas y suscrita por el señor Rolando Núñez donde se lee: “Fuente: Contaduría General de la Provincia”, aseveraron las magistradas que las circunstancias del caso no indican que lo difundido y luego publicado en los diarios haya sido hecho con conocimiento o despreocupación sobre su inexactitud, pues lo dicho en la conferencia y consignado posteriormente en la documentación entregada al finalizar la misma resulta coinciden¬te con el informe presentado por la Contaduría General de la Provincia en el expediente 11307/ 03 (v. fs. 281/288 de la causa “Carossini, Carlos Antonio c/Aguilar de López, Élida S/cobro ordina¬rio de pesos”, del registro del Juzgado Civil y Comercial 7). De allí que atento la naturaleza de la fuente (organismo del Estado) no podía exigir¬se a los demandados más que la comprobación de la existencia de tal documento, por lo que concluyeron en el rechazo de la acción, no sin antes subrayar que tampoco podían saber los accionados que dicho informe era inexacto pues¬to que la Provincia del Chaco lo rectificó con posterioridad a la fecha de la conferencia de prensa y que de la transcripción de la exposición no se advirtió ataques y/o expresiones ofensivas a la persona del actor que excedan el marco del debate público”.

Más adelante sentencia que “la lectura del escrito de interposición del recurso extraordinario debe permitir apreciar su procedencia y cuáles son las pautas sometidas a la corte. Para esto no es suficiente la fundamentación que se limita a invocar la existencia de normas constitucionales, legales o reglamentarias violadas, ni la remisión genérica a éstas o a los antecedentes de la causa o a lo sostenido precedentemente en ella, ni la agregación de recaudos usuales. El recurso debe bastarse a sí mismo, lo cual exige: “…4) especifi¬cación clara, expresa y concreta de las pruebas demostrativas de los derechos constitucionales que se pretenden vulnerados; 5) impugnación de todas las consideraciones del fallo recurrido, pues su impugnación parcial es ineficaz si restan otras consideraciones no impugnadas que sean bas¬tantes para sustentarlo, todo lo cual sella sin más la suerte adversa del presente recurso”.

Finalmente precisa que “no podemos soslayar que en el caso sub-examine se plantea, una vez más, un conflicto entre el derecho personal a la honra que se dice afectado, el derecho individual de expresión y el derecho a la información que la comunidad democrática debe ejercer. Como prin¬cipios son incuestionables tanto el amparo cons¬titucional al honor, como el ejercicio autónomo de la prensa.

Y la aparición del conflicto entre valores o bienes jurídicos en apariencia contrapuestos obliga a los jueces a realizar en cada caso una armónica ponderación axiológica con miras a determinar con precisión sus respectivos alcances y límites, a fin de asegurar los objetivos para los que fue dictada la Constitución que los ampara. 10) Cabe además precisar que “…la doctrina de la “real malicia” no avala la impunidad de nadie… De lo que se trata es de contemplar las situaciones reales y concretas de ¡as partes (…) situación no es la misma a los fines de la consumación de un delito contra el honor o la privacidad, cuando el propio sujeto pasivo ha orientado su actuación y su trayectoria hacia el mundo de lo público, que tiene como ingrediente consustancial la opinabilidad y la controversia sobre la vida y la obra de sus protagonistas”.

En efecto, según tal construcción jurídica y concretamente, en la producción de la prueba, se produce una inversión y así, cuando se trata de una figura pública, de un funcionario público o de asuntos de notoria trascendencia pública, el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar coaccionado por las posibles responsabilidades derivadas de un error de información, pues, en todo caso, esas responsabilidades deben emanar de la demostración de que el comunicador sabía que el dato era falso o que al menos no había agotado prudentemente los medios que tenía a su alcance para verificar si la noticia era cierta o falsa”.

Consecuentemente, afirma que “corresponde se desestime el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad”.

Con lo que “terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia 1) Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 1511/1525 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 1480/1496”.

 

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=8372