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Mar 29 2014

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Nuevo revés judicial contra exfuncionario rozista: El STJ dejó firme una sentencia que protege la libertad de expresión

Fuente: Chaco día por día

28/03/2014 Lo resolvió el máximo tribunal del Chaco al desestimar un planteo del exsubsecretario de Información Pública provincial contra un fallo de segunda instancia que rechazó una demanda contra el Sindicato de Prensa del Chaco y el coordinador del Centro Mandela

 

 

Carlos Carossini, exsubsecretario de Información Pública de la gestión del radical Angel Rozas, inició en 2006 una demanda por daños y perjuicios y daño moral contra el Sindicato de Prensa del Chaco y el Centro de Estudios Nelson Mandela que fue rechazada en primera y segunda instancia y ahora por el Superior Tribunal de Justicia. Así lo consigna una sentencia de la Sala Civil, Comercial y Laboral del máximo tribunal chaqueño, a la que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Carossini contra la sentencia de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

El fallo del STJ fue dictado este jueves 27 de marzo, y lleva las firmas de los jueces Alberto Mario Modi, presidente subrogante de la Sala Civil, Comercial y Laboral, y María Luisa Lucas, que subrogó a su par Ramón Avalos, quién se excusó por haber sido funcionario de la gestión de Angel Rozas, al igual que el demandante Carossini.

El caso

Carossini alegaba que ambas entidades y también la publicación en Diario Norte habían afectado su “buen nombre y honor” al divulgar en una conferencia de prensa el monto que destinó -durante su gestión al frente del área de Comunicación- a gastos en publicidad y propaganda, en base a datos oficiales de la Contaduría General de la Provincia que, según se comprobó con posterioridad, eran erróneos.

Tanto el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, como el secretario general del Sindicato de Prensa del Chaco, Orlando Núñez, contestaron que la conferencia –realizada el 24 de noviembre de 2004- se realizó en el marco de la libertad de expresión y en relación a una cuestión de interés público. Además, recalcaron que se citó la fuente de la información y que en ningún momento se mencionó al actor ni se le imputaron conductas deshonestas.

La “doctrina de la real malicia”

La jueza de primera instancia desestimó la demanda al entender que no se encontraban configurados los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción. En tanto, el fallo de la Cámara confirmó la sentencia bajo fundamentos similares y concluyó que la cuestión traída a juicio debía dilucidarse a la luz de la “doctrina de la real malicia” y que al no haberse acreditado el requisito subjetivo que tal doctrina exige, la pretensión del actor no podía prosperar. Según la doctrina de la real malicia –sentada por un fallo de la Corte Suprema de EEUU-, un funcionario público que denuncia haberse sentido afectado por una publicación periodística errónea debe comprobar que los denunciados actuaron con conocimiento que la información divulgada era falsa.

En ese sentido, los jueces del STJ retoman los fundamentos del fallo de segunda instancia que consideró que “las circunstancias del caso no indican que lo difundido y luego publicado en los diarios haya sido hecho con conocimiento o despreocupación sobre su inexactitud, pues lo dicho en la conferencia y consignado posteriormente en la documentación entregada al finalizar la misma resulta coincidente con el informe presentado por la Contaduría General de la Provincia”.

Un documento oficial

Los jueces del Superior Tribunal de Justicia puntualizan que “atento a la naturaleza de la fuente (organismos de Estado) no podía exigirse a los demandados más que la comprobación de la existencia de tal documento, por lo que concluyeron en el rechazo de la acción, no sin antes subrayar que, tampoco podían saber los accionados que dicho informe era inexacto puesto que la Provincia del Chaco lo rectificó con posterioridad a la fecha de la conferencia de prensa y que de la transcripción de la exposición no se advirtió ataques y/o expresiones ofensivas a la persona del actor que excedan el marco del debate público”.

Al respecto, agregan que de los fundamentos expuestos “no puede colegirse que la sentencia de la Alzada no luce en modo alguno arbitraria; máxime teniendo presente que el impugnante extraordinario no rebatió adecuadamente las siguientes aseveraciones esenciales del fallo: 1) que el error provino de la Contaduría General de la Provincia; 2) la circunstancia de que lo difundido no fue hecho con conocimiento de su falsedad o con despreocupación sobre ello; 3) la posibilidad de acceder a los medios periodísticos para aclarar la situación”.

Derecho a la honra versus derecho a la información

Los magistrados advierten que “no podemos soslayar que en el caso se plantea, una vez más, un conflicto entre el derecho personal a la honra que se dice afectado, el derecho individual de expresión y el derecho a la información que la comunidad democrática debe ejercer”. Y sostiene que “como principios son incuestionables tanto el amparo constitucional al honor, como el ejercicio autónomo de la prensa. Y la aparición del conflicto entre valores o bienes jurídicos en apariencia contrapuestos, obliga a los jueces a realizar en cada caso una armónica ponderación axiológica con miras a determinar con precisión sus respectivos alcances y límites, a fin de asegurar los objetivos para los que fue dictada la Constitución que los ampara”.

Subrayan además que “según tal construcción jurídica y concretamente, en la producción de la prueba, se produce una inversión y así, cuando se trata de una figura pública, de un funcionario público o de asuntos de notoria trascendencia pública, el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar coaccionado por las posibles responsabilidades derivadas de un error de información, pues, en todo caso, esas responsabilidades, deben emanar de la demostración de que el comunicador sabía que el dato era falso, o que al menos, no había agotado prudentemente los medios que tenía a su alcance para verificar si la noticia era cierta o falsa”.

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