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Mar 25 2014

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Elección de Juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco: insisten con un sistema defectuoso, netamentamente corporativo, que no responde a la Constitución Chaqueña

 

El artículo 167 de la Constitución Chaqueña establece que los nombramientos de jueces deben ser efectuados por concursos públicos de antecedentes y de oposición. Este sistema está expresamente contemplado como un método de selección. Esta es la pauta inexorable que establece nuestra carta magna. Sin embargo, la ley Nº 7.157 –que únicamente regula el sistema de designación de Jueces del Superior Tribunal de Justicia y Procurador General- estableció un modelo de elección que no respeta la referida pauta constitucional. Esto es así a pesar de que en el artículo 2 de la citada ley pomposamente se estableció que las vacantes que se produzcan en el Superior Tribunal de Justicia y en la Procuración General se cubrirían previo concurso público de antecedentes y de oposición y audiencia pública. O sea que cuando se sancionó la ley 7157 no existió ninguna rigurosidad en la tarea legislativa, que aplicó un criterio que hoy se evidencia que no fue involuntario ni gratuito. Esto obliga a introducir profundas reformas en la ley que por su contenido desecha el sistema de selección y optó por el de elección, lo que es fácilmente detectable a pesar del maquillaje legislativo y de la interpretación de los Consejeros, cualquiera fuera el resultado del concurso en marcha, aunque lo peor se produciría si ganara el caballo del comisario, lo que sería escandaloso.

Un sistema planeado

El sistema aplicado para la designación del juez que cubrirá la vacante que se produjo por la renuncia del ex juez Ricardo Fernando Franco es, en realidad, un sistema de elección y no de selección. Comprende cuatro fases: 1) Concurso de antecedentes; 2) Concurso de oposición;3) Audiencia pública; y 4) Elección por votación. Las dos primeras son de eliminación. Aprobándose la etapa de antecedentes, se pasa a la de oposición y luego se llega a la audiencia pública. La cuarta y última fase es la definitoria; está a cargo de los Consejeros constituidos en tribunal examinador. El candidato elegido luego se propone al poder ejecutivo para que sea nombrado como juez del Superior Tribunal.

El modelo diseñado por la ley 7157 no contempla un auténtico sistema meritocrático o de selección del candidato mejor puntuado por su comprobable mayor idoneidad. Por lo tanto, se puede llegar a ser juez del Superior Tribunal sin el mérito y la capacidad suficientes, factores que son trascedentes y de mucho valor para el ejercicio de la función pública, tal cual lo contempla nuestra Constitución. La ley 7157 establece un sistema de elección con tres componentes. Los dos primeros son de eliminación de los concursantes que no reúnen los puntajes mínimos exigidos por la ley, seguido por un componente de opinión, legitimación e impugnación social no vinculante. Por último, aparece el factor más importante y definitorio del modelo de elección, que se ejecuta a través del voto unipersonal de los Consejeros. En definitiva, los concursantes deben pasar las dos primeras vallas; la tercera es atravesadas por todos; y, en la cuarta, cualquiera de los que llegaron al día de la votación puede ser elegido. Así de absurdo es el sistema de elección planeado en la ley 7157, que evidentemente tiene -como única finalidad- dotar de aparente legalidad las decisiones que se toman políticamente por fuera de los espacios formales del Consejo de la Magistratura, o sea en la corporación de poderes reales, que monopolizan la designación de jueces, especialmente cuando van a integrar al Superior Tribunal.

Concurso y antecedentes que se desprecia

La etapa del concurso de antecendentes (art. 19 y ss.) sirve como requisito para pasar a la fase de oposición. Es eliminatoria porque si el postulante no alcanza el mínimo de 50 puntos (art. 25), automáticamente el tribunal examinador declara fuera del concurso al aspirante. Los antecedentes se dividen en dos partes: por la actividad profesional, que tiene un puntaje máximo de 80 puntos; y por actividad académica, con un puntaje máximo de 20 puntos, de acuerdo con los valores tabulados en la ley. Para esta etapa, el máximo puntaje acumulable posible es de 100 puntos. Se desprecia lo que exceda de 80 puntos por la actividad profesional y de 20 puntos por actividad académica. Por lo tanto, no es un auténtico sistema de selección meritocrático. Con alcanzar solamente 50 puntos por actividad profesional, y aunque se tenga cero punto por actividad académica, es suficiente para acreditar el pasaje a la siguiente etapa de oposición. O sea que se bosquejó una valla bastante baja, fácilmente superable y óptimo para algunos que luego serían concursantes.

El puntaje obtenido en la etapa de antecedentes no es acumulable ni se promedia con el puntaje de la etapa de oposición. El puntaje por antecedentes se descarta una vez que se pasa a la segunda etapa del proceso, aunque debería ser tenido en cuenta como uno de los elementos a considerar por los Consejeros al momento de la elección (última etapa) para que sea un verdadero sistema de selección basado en la meritocracia.

Resolución 440

La lista de postulantes que aprobaron la primera etapa de antecedentes figura en la Resolución 440, dictada el 15 de octubre del año pasado por el Consejo de la Magistratura constituido en tribunal examinador, lo que está muy mal porque concentra actividades y facilita o auspicia las decisiones corporativas. El tribunal debería estar conformado por personas ajenas al Consejo de la Magitratura como mecanismo para asegurar independencia interna y objetividad, sobre todo en la etapa de las evaluaciones y calificaciones.

Pasaron esta primera valla el 82% de los postulantes. Solo 2 de los 11 quedaron fuera del concurso por no alcanzar el puntaje mínimo de 50 puntos. Esto ocurrió porque el proceso no es de selección. Dado que la valla era baja, pasaron la mayoría de los postulantes. No superaron tal valla -con menos exigencias que para designar un juez de primera instancia- quienes no tenían ninguna chance.

Concurso de oposición

La aprobación de la etapa de oposición (arts. 29 y 30) sirve para pasar a la fase de audiencia pública. Es eliminatoria porque si el postulante no alcanza el mínimo de 50 puntos (art. 30) automáticamente queda fuera del concurso.

La etapa de oposición se divide en tres fases: 1) Técnico jurídica, que comprende una exposición oral, que tiene un puntaje máximo de 35 puntos; 2) Proyecto de gobierno judicial, que contempla una exposición oral de hasta 30 minutos, que tiene un puntaje máximo de 35 puntos; y 3) Entrevista de valoración personal, cuyo puntaje máximo es de 30 puntos. Las tres etapas están sometidas a la calificación mayoritaria del tribunal examinador, con un puntaje global sin tabulación de los ítems que puedan considerar, sin calificación individual de los Consejeros. Si existiera opinión minoritaria en la calificación, se debe dejar constancia mediante dictamen fundado. Todas estas circunstancias -graves y trascendentes por las consecuencias que producen porque conceden facultades discrecionales extraordinarios a los Concejeros- obliga a introducir una profunda reforma en la ley, que por sus pautas desechó el sistema de selección y optó por el sistema de elección, lo que es fácilmente detectable a pesar del maquillaje legislativo casi perfectamente planeado.

Notamos que el máximo puntaje acumulable posible en la etapa de oposición es de 100 puntos. Con alcanzar 50 puntos en total, es suficiente para acreditar el pasaje a la siguiente etapa de audiencia pública. También es una valla muy baja para cualquier candidato que supere la etapa de antecedentes. Una vez que se pasa a la fase de audiencia pública, el puntaje por oposición se descarta. No se establece orden de mérito, aunque se supone que es un elemento más que deberían considerar los Consejeros al momento de emitir su voto, aunque no sea vinculante.

Resolución 457

La lista de postulantes que aprobaron la segunda etapa de oposición figura en la Resolución 457, dictada el 11 de marzo de 2014 por el Consejo de la Magistratura. El 100% de los concursantes pasó la segunda valla. El tribunal examinador fijó una vara muy alta para medir el desempeño de los postulantes en cada una de las tres etapas de oposición. Esto surge del resultado final de los nueve postulantes, que en ninguna de las tres atapas obtuvieron los puntajes máximos establecido por el art. 27 de la ley 7.157. Fue llamativo, por lo menos, que postulantes tan calificados -de acuerdo con los antecedentes exhibidos y con una vasta trayectoria profesional y académica- no obtuvieran el puntaje ideal en ninguna de las tres exposiciones realizadas.

Las escalas aplicadas en cada una de las tres etapas no fueron homogéneas. Las aplicadas en las etapas 1 (técnico jurídica) y 2 (proyecto de gobierno judicial) fueron distintas a la que se aplicó en la etapa 3 (entrevista de valoración personal). Esta última tiene un mínimo y un máximo de puntaje más alto que el aplicado en las dos etapas anteriores. La amplitud entre el máximo y el mínimo hizo que las escalas aplicadas no fueran homogéneas, lo que está muy mal.

Además, fácilmente se detectan inconsistencias y contradicciones entre lo que serían los fundamentos de la Resolución 457 y las calificaciones numéricas, como ocurrió en los siguientes casos: en la etapa de exposición del proyecto de gobierno judicial los candidatos Canteros (32 puntos) y Denogens (31 puntos) merecieron objeciones similares aunque obtuvieron un puntaje igual o mayor de acuerdo con la descripción conceptual en que se pretendió fundar la calificación. Esto surge de compararlos con los fundamentos de los candidatos Del Río (31 puntos) y Grillo (31). Se puede decir, entonces, que estos dos candidatos recibieron menos puntaje que los dos primeros mencionados, aún con exposiciones que conceptualmente se aprecian como superiores según los fundamentos plasmados en la descripción conceptual en que los Consejeros fundaron las calificaciones. La calificación del candidato Chaquires (30 puntos), en la mismo etapa de exposición de proyecto de gobierno, también puede considerarse alta con relación a la descripción conceptual de los candidatos Del Rio y Grillo. En el puntaje obtenido por el candidato Esquivel (25 puntos) se observa mucha diferencia comparándolo con el obtenido por el candidato Passenheim (15 puntos), aunque comparten similares falencias en la exposición desde el punto de vista conceptual, según los fundamentos expresados por los Consejeros en la Resolución 457.

En la tercera etapa (entrevista de valoración personal), se observa que el candidato Chaquires (29 puntos) tiene una calificación numérica superior -de acuerdo a la descripción conceptual- si la comparamos con la descripción (conceptual) de la candidata Grillo (27 puntos), que luce igual o mejor aún que la de aquél.

 

Corporativismo, minoría inexistente y el caballo del comisario

Otra observación interesante que surge de la Resolución 457 es que no existió ningún dictamen en minoría entre las 27 calificaciones asignadas (9 candidatos por 3 etapas). Es asombrosa la unanimidad del tribunal en las calificaciones asignadas a los nueve postulantes, sobre todo sabiéndose que el acto individual de todo calificador es una actividad subjetiva. Las calificaciones, en cualquier ámbito, tienen por lo general matices según la óptica individual, el lugar desde donde se mire, se escuche e interprete una exposición o examen. También influye la percepción personal del mensaje del candidato y la valoración de acuerdo con el perfil ocupacional y profesional del calificador, entre otros elementos en juego. Las diferencias de escalas surgen naturalmente en todo grupo de calificadores, de acuerdo a la vara con que mida las exposiciones cada uno de ellos. Los habrá con una tendencia de medir con una vara muy alta, otros colocándose en posiciones intermedias y otros con una vara relativamente más baja. Entonces, que en la Resolución 457 no se dieran dictámenes en minoría sobre 27 calificaciones de 7 consejeros en la etapa de oposición, o sea en el total de 189 calificaciones individuales, demuestra un llamativo e increíble grado de acuerdo total entre los calificadores al momento de ponderar las exposiciones de los distintos candidatos. Esto es muy difícil de creer, sobre todo por las capacidades diferentes de los Consejeros que dictaron la resolución. Por lo tanto , se podría razonablemente deducir que las calificaciones pudieron haber sido pensadas por una o por muy pocas personas, y que luego los demás calificadores adhirieron sin ponderar ninguna diferencia o que desistieron de hacerlo para sumarse a lo resuelto en algun lugar, en el marco de un corporativismo descontrolado por el ejercicio ejercicio abusivo de las extraordinarias facultades discrecionales de los Consejeros y de quienes mandan, según sus origenes institucionales e intereses. De este modo -cualquiera fuera el resultado del concurso que está en marcha, que se agrabaría si nombran al caballo del comisario- insisten en no respetar la Constitución. Continuamos, entonces, por el mal camino y agregaremos ahora un nuevo dato histórico a la larga y profunda crísis del poder judicial y a la deteriorada institucionalidad chaqueña, a la que permanentemente ha contribuído el Consejo de la Magistratura en materia de nombramientos y de juzgamientos de jueces. Esto impone la urgente necesidad de introducir profundas reformas en tal organismo, para lo cual se debe legislar con la constitución en la mano, abandonándose la obstinada actitud de los sucesivos legisladores de violar la constitución para satisfacer intereses extraños a un servicio de justicia que debe ser independiente, neutral, transparente y eficiente. Hasta hoy los únicos que hablaron de un concurso transparente y objetivo para nombrar el futuro juez del Superior Tribunal son los que forman parte del Consejo de la Magistratura. Esta es la mejor prueba de la profunda trama que se esconde detrás de este proceso.

 * Publicado el día 25/03/2014 en SOLO CHACO: http://solochaco.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=2657:insisten-con-un-sistema-defectuoso-netamente-corporativo-que-no-responde-a-la-constitucion-chaquena&catid=127:opinion&Itemid=656

* Publicado el día 25/03/2014 en REPORTE 24: http://www.reporte24.com.ar/content/view/24587/1/

* Publicado el día 25/03/2014 en DIARIO CHACO: http://www.diariochaco.com/noticia/insisten-con-un-sistema-defectuoso-netamente-corporativo-que-no-responde-la-constitucion

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