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Dic 20 2013

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Diariamente se viola el Protocolo de Registro, Requisa y Recuento de Personas Privadas de Libertar, Visitantes, Personal Penitenciario, Instalaciones y Cosas. La inaplicada Resolución 094/2012, de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno del Chaco.

El gobierno chaqueño, siguiendo los lineamientos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con mucha demora aprobó el 26 de diciembre de 2012 el Protocolo al que debe ajustarse el personal penitenciario en sus desempeños en las cárceles chaqueñas.

Entre las consideraciones de la Resolución 094/12 sobresale que reconocieron que una de las situaciones más frecuentes en las que el personal hace uso de la fuerza es precisamente cuando realizan requisas, estableciendo que tales prácticas deben respetar la vida e integridad personal de los presos.

El citado Protocolo también recogió el principio fundamental de la CIDH, que señala que “el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planteado y limitado proporcionalmente por las autoridades”, con lo cual comprometieron el debido control institucional y político sobre el desempeño del personal carcelario, obligación que lamentablemente no se cumple.

Siguiendo a la CIDH, reconocieron que “solo podrá hacerse uso de la fuerza o de los instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control”. También se tuvieron en cuenta las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, que establecen que el personal penitenciario al emplear la fuerza “deben atenerse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y supervisión”.

En función a estos postulados, el gobierno chaqueño reglamentó y se comprometió a aplicar este instrumento para regular el desempeño del personal penitenciario “a fin de asegurar el absoluto respeto a los principios de la Constitución Nacional, Provincial y Tratados Internacionales, garantizando un trato seguro a los presos, a quienes los visitan y al propio personal carcelario. En este contexto de derechos y garantías constitucionales e internacionales, el gobierno chaqueño aprobó el Protocolo de Registro, Requisa y Recuento de Personas Privadas de Libertad, Visitantes, Personal Penitenciario, Instalaciones y Cosas.

Sin embargo, a pesar de las claras pautas contenidas en el Protocolo, en las cárceles y penitenciarias del Chaco se violan -sistemática y permanentemente- los Derechos Humanos de los presos y de sus visitas por el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte del personal carcelario. Son moneda corriente los malos tratos, aislamientos, severidades, castigos, torturas y tormentos aplicados rutinariamente como hábito de trabajo en el desempeño de los carceleros, sin que el gobierno planificara y desarrollara un sistema de control que debieran llevar a delante tal cual lo exigen las pautas constitucionales y los Tratados Internacionales. O sea que pasado un año desde la puesta en vigencia del Protocolo mientras continúan imperturbables los malos tratos y castigos, de tal modo que la sanción de este instrumento legal no ha puesto fin a la violencia y al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte del personal. Este es otro ejemplo más, esta vez de carácter extremo, que pone en evidencia que los poderes del Estado no cumplen con las funciones esenciales que les atribuye y obliga el ordenamiento jurídico. La falta de control político y judicial de la violencia ejercida por el personal carcelario es justamente la consecuencia de los desvíos de los funcionarios públicos que son los responsables de efectuar los controles para que no se produzcan estas violaciones de derecho humanos. La realidad -a corto, mediano y largo plazo- marca una tendencia de aumento del uso de la violencia estatal y la agudización de las violaciones de los derechos humanos de quienes están privados de su libertad y sus visitas, lo que constituye una fuerte regresión que contradice abiertamente a aquellos que postulan que en Argentina están vigentes y se respetan los derechos humanos. Basta con recordar los malos tratos y severidades aplicados a los presos del Pabellón 8 de la Alcaidía de Resistencia el pasado 26 de febrero de este año, que se difundió intensamente en la opinión pública, incluso a través de un video subido a YouTube, que fue objeto de análisis por parte del Centro Mandela y que generó presentaciones ante el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia y el Ministro de Gobierno para solicitar que se investiguen los graves hechos ocurridos en tal oportunidad, que compromete a los máximos niveles jerárquicos actuales de la Dirección Provincial Penitenciaria.

 

NOTA: el texto completo digitalizado del PROTOCOLO se puede solicitar al siguiente e-mail info@centromandela.com o un ejemplar físico en nuestra sede, Avda. Alberdi Nº 338, Resistencia-Chaco.-

 

 

 

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