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Nov 09 2013

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Consejo de la Magistratura de Chaco: RESPUESTA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAENZ PEÑA.

Por: Rolando Núñez

Como se pide:

El Colegio de Abogados de Sáenz Peña difundió un comunicado señalando que “no puede permanecer indiferente ante los sistemáticos agravios y ataques que vienen padeciendo nuestros asociados colegas, los Dres. Aldo Cabañas, Oscar Exequiel Olivieri y Ricardo Sánchez, por parte del Dr. Núñez que usualmente irrumpe en la via publica chaqueña enmascarándose como pregonero del Centro de Estudios Sociales e Investigación Social Nelson Mandela DD HH”. Manifestaron su repudio “ante la liviandad irresponsable con que el Dr. Rolando Núñez ha lanzado acusaciones infundadas contra estos colegas enrostrando algunos de nuestros asociados supuestos hechos delictivos cometidos años atrás”. Esta breve síntesis refleja el núcleo del comunicado, que por su contenido descalificatorio merece ser respondido, siempre con la mirada puesta en el fortalecimiento de la opinión pública.

En horabuena que el Colegio saliera a fijar posición sobre un tema de interés público. Lo lamentable es que en vés de aportar ideas y propuestas, más bien se entusiasmaron en calificar erróneamente algunas situaciones y en descalificar a quién escribe esta nota. No obstante ello, el contenido del comunicado posibilita que la opinión pública conozca qué intereses defendemos y las razones y motivos que dieron origen a la creación del Colegio y al Centro Mandela. Ha quedado expuesto que no respondemos a los mismos patrones ni a los mismos objetivos; pero ya quedó claro que el comunicado expresa la postura de algunos miembros de la comisión directiva, pero no de los socios (manejo de cúpula), tal cual lo ha manifestado el Dr. Aldo Daniel Ávila, socio del Colegio.

El comunicado comenzó señalando que no podía permanecer indiferente en el tema. Sin embargo, el Colegio de Sáenz Peña -que es anodino, distante, pero influyente- se mantuvo impasible y flemático ante situaciones de gravedad política institucional repetidas, que se acumularon en torno y dentro del poder judicial durante los últimos años. No se los escuchó cuando la justicia perdía independencia en manos del rozismo, especialmente cuando construyeron la mayoría automática en el Superior Tribunal de Justicia. Nunca tomaron posición cuando se construía la decisión política y el consenso social para promover las acciones de inconstitucionalidad de las designaciones irregulares de los jueces Ávalos, Franco y Toledo. Tampoco se comprometieron cuando la bancada radical sancionó la ley de “desamparo”, destruyendo la herramienta estrategia que significaba el amparo para la defensa de los derechos, garantías y libertades públicas y privadas de los ciudadanos, especialmente de los sectores más desposeídos, que justamente son los que resultan víctimas de los abusos y atropellos de los funcionarios públicos. No fijaron ninguna posición crítica cuando desde el poder ejecutivo se birlaban recursos presupuestario para el poder judicial, que ha sido una política de ajuste de la que, año a año, participaron varios gobernadores, contribuyéndose de esa manera con la profundización de la crisis de la justicia, que debió reducir gastos que significaron menos eficiencia en el servicio y reducir inversiones para mejorar y ampliar la red del servicio ante una demanda creciente de mayor justicia y de mayor litigiosidad, lo que naturalmente desembocó en la crisis que sigue en marcha. En Sáenz Peña, el poder judicial tiene muchas falencias y no da respuestas suficientes y oportunas a los ciudadanos. Para muestra de este panorama, basta con citar que hasta ahora solo funciona un juzgado laboral, que tiene una amplia jurisdicción territorial. El Colegio de Abogados nada dice sobre la tremenda y fuerte puja que se está dando para colocar jueces y magistrados adictos y complacientes al partido político oficialista. Esta es una realidad ya revelada, que puede suponerse que el gremio de abogado de Sáenz Peña no ignora. Como políticamente se evaluó que el rozismo continua dominando o sujetando varios niveles del poder judicial, trazaron la estrategia que ejecutan actualmente de instalar el bipartidismo en la justicia, para luego peronizarlo, con perdón de Perón. Esta decisión política se está implementando con hechos concretos, que son fáciles de reconocer. Van colocando jueces y magistrados en esa estrategia. Hoy se nota en el concurso para designar al juez que reemplazará al Dr. Inocencio Zanazzo, aunque la nota más sobresaliente se hará manifiesta si designan como miembro del Superior Tribunal de Justicia “al caballo del comisario”. Esto y otros temas, de notable interés público, fueron indiferentes al Colegio de Sáenz Peña, cuya justicia tiene características y perfiles tan propios que llama la atención que tampoco mereciera una posición tomada por parte del gremio. Salvando el desempeño de algunos jueces y magistrados de dicha ciudad, varios de ellos muy distinguidos por su responsabilidad y eficiencia, lo cierto es que allí no funciona bien el servicio de justicia en razón de los factores generales negativos del poder judicial, pero también por causas netamente locales, generalmente corporativas. Y en ese esquema, el Colegio tiene su cuota de responsabilidad, aunque lo niegue. El largo trabajo que realiza el juzgado federal de Sáenz Peña tampoco cuenta con el acompañamiento apropiado del gremio de abogados. La inseguridad pública, en el tramo que le corresponde a la justicia penal, tampoco llamó la atención del Colegio para aportar ideas y propuestas, a pesar de que se produjo un notable aumento del delito, de las contravenciones y de las inconductas sociales. Permanecen indiferentes a la aplicación del “per saltum”, cuando como hombres del derecho saben que no está reglamentado en el Chaco y que la creación pretoriana del Superior Tribunal de Justicia viola las pautas convencionales que están vigentes en la Argentina a partir de que en 1.994, cuando se ratificaran los Tratados Internacionales, cuyas pautas mínimas están siendo sistemáticamente violadas por la ley 188/58 y por los criterios aplicados por los consejeros en el “caso Corchuelo”.

Seguramente, en los próximos días, tampoco publicaran ninguna postura cuando se conozca que en el “caso Corchuelo” el Consejo de la Magistratura planteó un “contra-amparo” ante el Superior Tribunal de Justicia. Como profesionales del derecho sabemos que los amparos son herramientas que pueden utilizar las personas, pero nunca deben hacerlo los organismos del Estado. Este engendro repetirá otro; se trató de una estrategia similar, aplicada en la causa “Lotero”. O sea que el escenario se degrada y lo hace a partir del organismo insignia de la estrategia, que es el Consejo de la Magistratura, que entendemos que no es un órgano extra-poder, tal cual se presentan, sino que es muy poderoso porque es inter-poderes, donde se plasman las voluntades políticas de los gobernadores de turno, de las bancadas -mayoría y minorías- de la Cámara de Diputados, del Superior Tribunal de Justicia, y se agregan –con posiciones funcionales- la Asociación de Magistrados y los gremios de abogados. Enorme es el poder que concentra. Lo más grave es la notable discrecionalidad con la que actúan, lo que está permitido por la ley 188/58, que los poderes no quieren que se derogue, de tal modo de que se organizan concursos de antecedentes y de oposición y juicos a jueces y magistrados que dependen de la decisión política que los consejeros tomen por consenso siguiendo instrucciones, en los que tienen poco lugar la idoneidad de los aspirantes y de los que son sometidos a juzgamientos. Toman decisiones en función de definiciones políticas previas, que luego son plasmados por “los caballos de los comisarios”. Así se creó el actual escenario degradado, en donde aspirantes a cargos y jueces y magistrados sometidos a juicios tienen que denigrarse, salvo algunas excepciones, visitando a los dueños de las decisiones políticas o a sus personeros, en lo que se llama “la calesita”, para tratar de llegar al cargo o no ser destituido. Sobre esto posiblemente el Colegio de Abogados de Sáenz Peña nada va a decir.

Los errores del documento del Colegio de Abogados

Los directivos del Colegio leyeron mal nuestro documento o escribieron bajo los efectos corporativos y extra-corporativos que obligaron a defender muy mal a tres socios de la entidad. En la nota que se publicó, difundimos nuestra preocupación sobre el “per saltum” que utilizaría el Consejo de la Magistratura, que se concretó después de la publicación. Citamos el “caso Corchuelo” en virtud de que el jury está plagado de irregularidades. Hicimos referencia al hostigamiento que sufre la Dra. Barranco Cortes por el simple hecho de que se pronunció por la vigencia de la medida cautelar que en su momento dictó la Dra. Corchuelo. Y, finalmente, mencionamos los amparos “ultra-expres”, que en gran número ingresaron a algunos tribunales de Sáenz Peña durante las normas de emergencias dictadas a fines del 2001 e inicios del 2002, en oportunidad del “corralito”. En ningún momento agraviamos a los socios del Colegio de Sáenz Peña, ni actuamos con “liviandad irresponsable”, ni acusamos que fueran autores condenados de delitos. Pero parece que el Colegio y el gremio pretenden desconocer u olvidar el gigantesco escándalo, local y nacional, que se produjo con eje en algunos tribunales de Sáenz Peña y el “corralito”. El escándalo fue mayúsculo. En este tema, conviene recordar que en el espacio de las comunicaciones se es responsable y serio cuando se mencionan hechos, lo que es suficiente para avalar la difusión, mientras que en el mundo judicial debemos mencionar hechos probados, autores, sobreseimientos o condenas. Son dos escenarios distintos, sometidos a distintas pautas, que no fueron tenidos en cuenta por lo que elaboraron el documento del Colegio. Quizás allí radica una de las causas que provocaron los errores que cometieron y las innecesarias e incivilizadas descalificaciones que formularan.

Pero no se puede negar que en el mundo mediático casi todos los involucrados se prestaron a manifestarse públicamente, en los más variados sentidos. En esa época, Olivieri era el presidente del Colegio y presentó amparos ultra-expres, que tenían resultados en 24 horas o poco después. Eduardo Molina, que era miembro del Superior Tribunal de Justicia, tuvo una activa participación para que se esclareciera el tremendo escándalo. El Juez de Instrucción Nº 4 de la Capital Federal, Dr. Mariano Berges, inició la causa y señalaba a los medios -cuando visitó Chaco en julio de 2002- que había muchos abogados que estaban siendo investigados, manifestando que también investigaba a los jueces del Chaco que habían liberado el corralito. Bergés dijo que “se engolosinaron bajo la fachada del amparo”, lo que fue publicado por La Opinión de Sáenz Peña el 05 de julio de 2002. Los abogados anunciaron un jury a Bergés, que luego no se concretó. El Juez de Sáenz Peña Juan Carlos Verbeek se declaró competente. El procurador general Canteros efectuó denuncias ante el Consejo de la Magistratura, en base a la acusación que realizaron los miembros del Superior Tribunal de Justicia. El Juez Franco admitió que investigaba “si jueces cobraron coimas por amparo” en la entrevista que publicara Norte el 18 de junio del mismo año. El Consejo de Abogados de Resistencia mencionaba que el Superior Tribunal de Justicia se había excedido. En la edición del 17 de junio del 2002, Norte publicó una nota bajo el siguiente título mayor: “En solo 28 casos, Fernández Aselle “exportó” amparos por U$S 30 millones”, mientras se sumariaba a 26 empleados que afirmaban que los jueces eran los responsables. Mientras tanto, se allanaban domicilios de abogados. La Asociación de Magistrados elaboraba un documento crítico. El Dr. Molina planteaba al Ministerio Público la posible comisión de delito. En junio del 2002 se suspendían y se pedía la destitución de los jueces Daniel Fernández Aselle, Daniel Freytes y Estela Osuna. Olivieri afirmaba que la investigación del Superior Tribunal concluyó con una “imputación liviana con un delito que no se plasmó. El Superior Tribunal de Córdoba reclamaba por la actuación irregular de la justicia de Chaco. Un abogado cordobés desmentía sobornos en la causa anti-corralito. Los jueces desplegaban una fuerte contra-ofensiva y denunciaban intromisión, con el acompañamiento de los abogados, que afirmaban que se pretende “atar las manos” de los jueces chaqueños. Estaban muy enojados. La Corte Suprema, mientras tanto, rechazaba los “per saltum” que interponían los bancos contra las sentencias dictadas en los juicios anti-corralitos, por el aluvión de causas que se concentraron en tribunales, mayoritamiente de Sáenz Peña. Los abogados insistían en que los jueces debían elegir “entre la ley y los intereses oscuros”. Los jueces finalmente destituidos porque liberaron el corralito fueron Daniel Fernández Aselle (fallecido) y Daniel Enrique Freytes, destitución que aún no está firme en virtud de los recursos que interpusiera la defensa, que aspira a que se anule la sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento.

Estos son algunos de los hechos que fueron publicados por los medios masivos de comunicación de Chaco. No hacemos referencia a todos por razones de espacio en tales medios. Pero son suficientes para avalar la postura que difundiéramos y que ha sido erróneamente leída o mal interpretada por los directivos del Colegio de Abogados de Sáenz Peña, salvo que el documento que publicaran respondió a otros interés.

Se necesita un nuevo Consejo de la Magistratura

Finalmente, cuando en el comunicado de prensa refirieron que se lleve adelante, sin dilaciones, el jury contra la Juez Corchuelo, todo indica que opinan desde el desconocimiento de las constancias de tal causa o, peor aún, apoyan a tres consejeros de Sáenz Peña que están apurados por dictar una sentencia cantada, para luego volver al anonimato de un Consejo de la Magistratura que debe ser conocido por la opinión pública y que debe estar sometido al control social porque no cumple con las pautas convencionales y los Tratados Internacionales. Debemos comenzar a pensar en una nueva ley, moderna y democrática, que contemple la creación de un nuevo Consejo de la Magistratura, sujeto en su funcionamiento a cláusulas objetivas que eliminen definitivamente las discrecionalidades extremas con las que se maneja y se pronuncian repetidamente, a mucha distancia del derecho a un juicio justo.

Invitación pública

 

Como está de por medio el interés público, estaría bueno que el Colegio de Abogados Sáenz Peña invite al autor de esta nota y a la Dra. Corchuelo para que visitemos el gremio, para ser recibidos en reunión de comisión directiva ampliada, en donde podremos dar cuenta -con mayor amplitud- de las razones y las motivaciones que alientan nuestra posición. De cualquier manera, ponemos a disposición del Colegio los archivos del Centro Mandela, donde encontrarán documentaciones, informes y publicaciones que les permitirá cambiar de punto de vista y hasta admitir los errores que cometieron en el comunicado de prensa.

 

 

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