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Nov 04 2013

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Denunciante, acusador y diputado delivery

Fuente Primera Linea

 

Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, que integra la defensa de la jueza Amanda Corchuelo, sometida a un proceso de juicio político, se refirió a las expresiones vertidas por el diputado justicialista Ricardo Sánchez sobre la decisión judicial de suspender el proceso abierto tras una denuncia suya.

El documento expresa textualmente:

“El presidente del bloque de diputados del oficialismo, Dr. Ricardo Sánchez, volvió a las andadas. Desatinadamente calificó de “amparo delivery” la resolución que dictó la jueza María Eugenia Barranco Cortés en la medida cautelar que oportunamente resolvió la Dra. Cynthia Mónica Lotero de Volman a favor de los derechos y garantías de la juez Amanda Corchuelo. Agregó, en diario Norte, que la jueza Barranco Cortés “juró el martes y el jueves suspendió el proceso. El jueves tenía la sentencia hecha”. En Chaco Día por Día se publicaron las mismas descalificaciones contra la juez Barranco Cortés. Agregó el diputado que admiraba a la doctora Corchuelo. Dijo “es para sacarle el sombrero y ratifica el amiguismo que hay en el poder judicial”, según exclamo en FM Facundo Quiroga. Agregó “consigue que el poder judicial la ampare. No un juez, un segundo juez. Esta última jueza juró el martes y el jueves suspendió el proceso. El jueves tenía la sentencia hecha”. Supongo que Corchuelo le iniciará acciones judiciales al diputado, quizás como mecanismo civilizado para ponerle ciertos límites.

Desopilantes descalificaciones de un diputado

Delivery (reparto o entrega) es una actividad generalmente sujeta a restricciones de tiempos y de costos. Se mide por los resultados de la gestión del reparto, evaluando los tiempos, las condiciones acordadas y el servicio adquirido. El delivery traslada hasta el cliente los productos que compró. Esta es la visión alienada de Ricardo Sánchez respecto de la sentencia interlocutoria dictada por la juez Barranco Cortés el pasado 30 de octubre.

Vale la pena recordar que el Dr. Ricardo Sánchez es denunciante y acusador en el jury que se le sigue a la juez Amanda Corchuelo. Las absurdas descalificaciones a las que recurrió para atacar la figura de la juez Barranco Cortés recuerda las que realizara el ministro de gobierno Marcos Verbeek, quién a su vez integra el jurado de enjuiciamiento al que está sometida Corchuelo. Todos recordamos, cuando a poco de asumir, que Verbeek arremetió irracionalmente contra la juez de falta de Barranqueras, Dra. Sandra Saidman, lo que mereció un fuerte y generalizado reproche de jueces, magistrados, abogados y organismos de derechos humanos y sociales. Otros funcionarios de la actual administración de gobierno también se han manifestado con tonos antirrepublicanos y antidemocráticos, como molestos con la división y la independencia de los poderes públicos, sobre todo cuando no consiguieron sus objetivos o propósito políticos.

Lo del presidente del bloque oficialista supera casi todos los límites por su rol institucional y su formación profesional como abogado. Es evidente que no leyó la sentencia interlocutoria y que ecurrió al facilismo irresponsable de descalificar a la jueza. El fallo que dictó Barranco Cortés es muy consistente, se encuentra suficientemente fundado y se ajusta a las constancias de las actuaciones llevadas en la acción de amparo y en la medida cautelar que en su momento inició la jueza Corchuelo. Con absoluta objetividad la jueza estableció que la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia “no se encuentra firme atento que el plazo para la interposición del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia vence el 05 de noviembre de 2013, continuando en vigor la medida cautelar dispuesta hasta tanto se resuelva la concesión del recurso extraordinario”. Como aval del criterio que aplicara, Barranco Cortés citó repetidos fallos de la Corte Suprema, que invariablemente ha interpretado y resuelto este tema en el mismo sentido. La Corte tiene sentado que hasta que se resuelva o se rechace el recurso federal, las medidas cautelares tienen efectos suspensivos respecto de las sentencias recurridas. A partir de estos precedentes, al igual que lo hizo la Dra. Lotero en su momento, la juez Barranco Cortés ordenó al jurado de enjuiciamiento que debía cumplir con la medida cautelar vigente y suspender el proceso seguido contra la Dra. Corchuelo. Este es el fallo que el diputado Ricardo Sánchez no leyó o si lo hizo no entendió absolutamente nada bien, para inmediatamente después salir a descalificar la figura de la jueza, haciendo trizas su responsabilidad como diputado provincial y su profesión como abogado porque se expresó con total y absoluta irresponsabilidad institucional y con escasos o nulos conocimientos del derecho, abusando de su condición de denunciante y de acusador en el jury. Se comportó peor que en otras ocasiones.

Ahora vale la pena mencionar que la Dra. Barranco Cortés fue designada juez suplente del Juzgado Civil 4 por el Acuerdo Nº 789, del día 11 de septiembre del 2012, del Consejo de la Magistratura, desempañándose con anterioridad también como juez suplente en el juzgado de paz de Barranqueras, donde tuvo una buena gestión. Ejerciendo la profesión de abogacía trabajó muy bien.

Sin delivery ni amiguismo

El 25 de octubre la defensa técnica presentó un escrito en el juzgado de la Dra. Cynthia Mónica Lotero de Volman con el objeto de solicitar que se hiciera saber al jurado de enjuiciamiento que estaba vigente la medida cautelar y que el proceso se encontraba suspendido a partir de foja 415, la que consta el Acta del día 16 de mayo de 2011, en la que se dejara constancia que el jurado de enjuiciamiento había recepcionado el oficio Nº 1341, a través del cual la juez Lotero notificó a dicho jurado que se hizo lugar a la medida cautelar iniciada por Corchuelo, disponiéndose la suspensión del jury; sin embargo el jurado de enjuiciamiento continuó el jury de manera irregular, a tal punto que los sucesivos consejeros podrían haber incurrido en el delito de desobediencia judicial, que está en análisis .

La presentación realizada ante la Dra. Lotero no encontró eco porque la jueza estaba de licencia. Esto motivó que la causa fuera enviada a la mesa única informatizada del fuero para que realice el sorteo para determinar la designación del nuevo juez que reemplazaría a Lotero porque así lo marca el procedimiento legal en materia de amparos. Todos los sorteos se realizan a través de un programa de computación de Lex Doctor, que utiliza el Poder Judicial. Allí se cargan los expedientes ingresados y el programa sortea a través de su sistema de selección, por lo que se supone que opera a razón de factores objetivos pre-programados. Producto de los sorteos emergieron las designaciones de las juezas del civil 15 y 22, Dras. Andrea Fabiana Doval y Geraldine Varas, quiénes se inhibieron por razones de amistad con la juez Corchuelo. Como consecuencia del sorteo siguiente resultó la designación de la juez suplente María Eugenia Barranco Cortés, con quién Corchuelo no ha mantenido ninguna relación, menos amistosa, probablemente porque pertenecen a distintas generaciones. Por lo tanto, al no existir causales de inhibición o de excusación o de recusación, obligatoriamente Barranco Cortés se debió declarar competente.

Resoluciones delivery y amiguismo en el jurado de enjuiciamiento

Tal cual correspondía, las juezas Andrea Fabiana Doval y Geraldine Varas se inhibieron de asumir como juezas en la cautelar iniciada por Corchuelo. Hicieron lo correcto, conforme las obligaciones que establecen las leyes. Por lo tanto, el ataque de amiguismo, que con sentido descalificatorio achacó el diputado Ricardo Sánchez, es una muestra cabal de su forma de ser y de funcionar en el espacio público y en las cuestiones institucionales, en el que lo más importante no es su ligereza sino la audacia y la temeridad de algunas de sus acciones y de sus manifestaciones. Contrariamente, y tal cual lo planteáramos en el proceso seguido contra Corchuelo, el presidente del jurado Dr. Oscar Olivieri, el vocal Marcos Verbeek (Ministro de Gobierno) y el denunciante/acusador Ricardo Sánchez, mantienen estrechas relaciones personales, funcionales y políticas partidarias que autorizan a señalar el funcionamiento de “amiguismo” en tales esferas porque fueron calificados como miembros de los “cenadores” por el corresponsal de Norte en Sáenz Peña, Hipólito Ruiz, que repetidamente los menciona en reuniones políticas-gastronómicas en tal ciudad.

Así las cosas en el caso Corchuelo, en un proceso plagado de irregularidades. Resta esperar ahora las posiciones públicas de la asociación de magistrados, del consejo y del colegio de abogados y de los jueces considerados individualmente. El poder ejecutivo avanza sobre la independencia del poder judicial, en esta oportunidad con el fogoneo del diputado Ricardo Sánchez. A esto se suma algunas graves irregularidades que ya se acumularon en el concurso de antecedentes y oposición que se encuentra en marcha para designar a la persona que llenara la vacante dejada por el Dr. Ricardo Franco. El postulante con más posibilidades de llegar es el caballo del comisario.”

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