«

»

Sep 16 2013

Imprimir esta Entrada

Advierten “nuevo retroceso institucional” en la Policía del Chaco

Fuente Chacodíapordía.

Por metodología de ascensos

16/09/2013 “Este año se volvería a otorgar ascensos masivos de todo el personal “apto” con la antigüedad mínima en el grado, lo que se da de patadas con el propósito de introducir un nuevo régimen profesional en la policía, basado en la capacitación y en la eficiencia”, denuncia Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela.

“El gobierno provincial ha resuelto aplicar el procedimiento tradicional para los futuros ascensos policiales. Como una de las medidas recientemente implementadas, sobresale la continuidad en el escalafonamiento tradicional del personal policial y la aplicación del procedimiento histórico, previsto en la ley “de facto” 1134/72.

Según el ministro Verbeek, se contempla un total de 2113 promociones, cuando el año pasado se había anunciado que las mismas se realizarían a través del nuevo escalafonamiento y por el procedimiento de ascensos previstos en la ley 6976. Por lo tanto, una vez más, queda en evidencia que la vieja policía se resiste a los cambios y termina imponiéndose la inercia institucional en un tema muy sensible para el personal, como son los ascensos.

En definitiva, se dejan de lado los cambios que se pretendían implementar en el régimen profesional y dentro de estos los relativos a la carrera policial y al régimen de promociones en base al mérito y a la capacitación. Este año se volvería a otorgar ascensos masivos de todo el personal “apto” con la antigüedad mínima en el grado, lo que se da de patadas con el propósito de introducir un nuevo régimen profesional en la policía, basado en la capacitación y en la eficiencia.

El Consejo Provincial de Seguridad Pública tiende a diluirse

Pese a la escasa implementación de los órganos cuyas creaciones están contempladas en la ley de seguridad democrática, se puede rescatar el funcionamiento del Consejo Provincial de Seguridad Pública, aunque resulta sumamente preocupante que no se reúne hace cuatro meses. El único encuentro se produjo el pasado 29 de abril, con un bajo nivel de participación de los distintos integrantes y un breve temario.

Lo que se había iniciado con mucho entusiasmo, bajo el impulso del gobernador Capitanich a fines de mayo de 2012, lentamente fue perdiendo el vigor inicial. Se pasó de reuniones multitudinarias, en las que participaron representantes de los tres poderes del Estado, intendentes, representantes de foros vecinales y municipales de seguridad, hasta el presente. Transcurrieron nueve meses del presente año se realizó una sola reunión, como si todo anduviera sobre rieles en materia de seguridad y no hubiera nada por tratar o proponer.

Una nueva falla del gobierno y más inseguridad

Nuevamente se verifica el abandono de uno de los pocos órganos que se habían implementado desde la promulgación de la ley de seguridad democrática, sin que los nuevos actores del diseño y de la ejecución de las políticas públicas de seguridad hayan dado alguna explicación. El cese del funcionamiento del Consejo Provincial de Seguridad Pública está poniendo en crisis el funcionamiento del modelo de seguridad en el Chaco y, al mismo tiempo, pone al descubierto que la actual administración no toma en serio el tratamiento que demanda el grave complejo problema de la inseguridad urbana y rural.

Es claro entonces que la gestión de gobierno se destaca por la acumulación de errores. Estos permiten reconocer que la intensa inseguridad reinante es el resultado de todas las equivocaciones que se fueron produciendo y, especialmente, a la falta de política y de programas que promuevan y promocionen la seguridad pública y prevengan las inconductas sociales, la violencia y los delitos. Todo indica que el gobierno abandonó o se dio por vencido en la tarea de planificar y ejecutar programas de prevención primaria del delito, por lo cual es posible que progresivamente aumente la inseguridad pública, lo que pondrá en evidencia la crisis de las instituciones y de los poderes, los fracasos y las responsabilidades.

Los reclamos de vecinos se multiplican en todo el Chaco. marcan claramente el hartazgo de la ciudadanía ante tanta inoperancia del Estado. El grito de reclamo por mayor seguridad y tranquilidad comienza a sentirse con mayor fuerza en todos lados. Está por verse si los gobernantes abren sus oídos y comienzan a tomar en serio para resolver este grave problema que afecta a las grandes mayorías sociales o, por el contrario, continuarán pagando altos costos políticos por negar la inseguridad o mirar para otro lado y hacerse los desentendidos.

La muerte de un policía y la criminalización de los pibes

Pocos pueden negar que se multiplicaron las violaciones de derechos humanos durante la gestión del gobierno de Capitanich, muy bien reflejadas en el impecable documento que realizara la Multisectorial del Chaco. Efectuaron un informe que derivó de una auténtica auditoria sobre las muertes evitables, los suicidios dudosos, las quemas de personas y los fallecimientos en alcaidías, comisarías y otros lugares de detenciones, la negación de justicia y la impunidad que brinda el poder judicial que no esclarece tales casos, la brutalidad policial, el gatillo fácil y los asesinatos de jóvenes bajo balas policiales.

Ahora, solamente falta que muera un policía para que entre en ebullición completa la enorme caldera social integrada por vastos sectores que conviven enfrentados por sus vivencias e intereses, aunque frecuentemente actúan mancomunados por sus adicciones.

Hace pocos días hirieron en una pierna a un policía. Fue leve, pero tuvo una gran repercusión interna. O sea que la inseguridad seguirá creciendo y se potenciará ante posibles confrontaciones entre los “pibes chorros”, aunque no lo sean, y policías muy mal preparados, que además de jóvenes no tienen ninguna capacitación que les permita desempeñarse eficazmente frente a situaciones medianamente grave. Estos policías ni siquiera saben utilizar correctamente sus armas. Son de alto riesgo.

Por este motivo fueron destinados a las calles sin portar las armas reglamentarias, por lo que cada vez quedarán más expuestos e indefensos ante posibles ataques, aunque se sabe que algunos portarían armamentos alternativos.

Por otra parte, se les paga sueldos de pobreza y no se los dota de medios apropiados para trabajar en la era de la modernidad de las comunicaciones.

A su vez, mucho de los integrantes de los dos sectores comparten adicciones, que son absolutamente condicionantes y que inducen a la violencia y al delito. Se suma la radicación inicial del crimen organizado, fundamentalmente para instalar el tráfico de drogas y de armas. La “mano dura” que ordenó el gobierno es la perversa frutilla del trágico postre de la inseguridad actual.

Por si faltara algo, apareció con toda fuerza y sin escrúpulos un sector muy importante del kirchnerismo auspiciando la baja de la edad de imputabilidad en el mundo de los delitos, para llevarla a los 14 años, abriéndose el debate político y parlamentario, aunque el último esté prohibido en función del principio de progresividad, que alimenta y sostiene la vigencia de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que son operativos en la Argentina a partir de 1994.

Conservadores y progresistas del discurso nuevamente se pusieron de acuerdo para profundizar la criminalización de los pibes. La búsqueda de votos y la criminalización mediática de los menores prosperan ante la escasa conciencia social y política de la dirigencia y de la población.

El cinismo llega a su máximo nivel en este tema porque no asumimos como comunidad que los chicos reflejan el mundo de los adultos, que nos imitan, copian y que pretenden consumir y tener todo los bienes y los servicios que publicita el consumismo, que escapan al mundo de los pibes pobres, que son los que van presos”.

 

 

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=6637