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Jul 31 2013

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Ratifican la propiedad comunitaria de una reserva indígena en Miraflores

En un fallo histórico, una jueza de Familia de Juan José Castelli hizo lugar a una acción de amparo de una familia qom de Miraflores y declaró ilegal la venta de sus tierras que formaban parte de una reserva indígena y que había sido certificada por el juez de Paz local. Ordenó devolver las tierras a la comunidad qom e intimó al Ejecutivo a cumplir el convenio 169 de la OIT.

Con la reanudación de la actividad judicial en el Chaco, un trascendente fallo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas se conoció este lunes en la ciudad de Juan José Castelli. Es que la titular del Juzgado del Menor y la Familia de esa localidad de El Impenetrable, Gladis Regosky, hizo lugar a la acción de amparo impulsada por una familia de la etnia qom de la zona de Miraflores y declaró ilegal la venta de territorios que formaban parte de una reserva indígena que históricamente le perteneció a la familia accionante y ordenó que los mismos sean devueltos a sus legítimos dueños en “un plazo perentorio de diez días”. Además, intimó al poder Ejecutivo provincial para que en sesenta días arbitre los medios para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

La decisión judicial se produjo en el marco de una causa donde la magistrada se basó en el pleno cumplimiento de la legislación vigente en materia de derechos de los pueblos originarios, en lo que hace a la propiedad comunitaria de la tierra. “Es una evolución a la accesibilidad a la justicia de los pueblos indígenas de la provincia del Chaco pero también del resto de la Argentina”, aseguró el abogado de la familia Leiva, Gonzalo García Veritá.

El caso

En marzo de 2012, el señor Epifanio Leiva, perteneciente a la etnia qom, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía de Investigación Nº 1 de la ciudad de Juan José Castelli advirtiendo que una persona había usurpado el Lote 88, en la zona de Miraflores, donde históricamente vivió su familia, alegando un boleto de compraventa que había sido certificado por el juez de Paz de esa localidad de El Impenetrable, Omar Berdón. Al no producirse avances en ese trámite, con el patrocinio del abogado indigenista cordobés Gonzalo García Veritá la familia Leiva impulsó una acción de amparo ante el Juzgado del Menor y la Familia de Juan José Castelli para que se reconozca que esos territorios pertenecían a su familia y que formaban parte de una reserva indígena de un total de 10 mil hectáreas en El Impenetrable, por lo cual no podían ser vendidos, como toda tierra de propiedad comunitaria de los pueblos originarios.

En el marco del trámite de la acción de amparo, la jueza Regosky había admitido en el expediente como Amicus curiae a representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) y de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora-. Previamente y, en otro hecho trascendente, la magistrada había convocado a la comunidad qom de Miraflores a una audiencia de “consulta libre e informada”, en cumplimiento del artículo 37 de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.

La responsabilidad del juez de Paz y del Estado

La demanda apuntó al comprador del territorio indígena, acto totalmente prohibido, pero también al juez de Paz de Miraflores, Omar Berdón, por haber certificado el boleto de compraventa. Al respecto, en su fallo la jueza Regosky advirtió que el juez de Paz “tuvo que tomar los recaudos y advertir que dicho contrato era manifiestamente ilegal, por afectar un objeto de venta que esta fuera del comercio y debió ser de su conocimiento”. “En base a esta consideración, el juez de Paz es claramente responsable, y por ende tiene legitimación en estos autos, por cuanto, de no haber certificado dicho documento de compraventa, no estaría involucrado en los presentes”, dictaminó la magistrada. Regosky aclaró que no tenía facultades para sancionar al juez Berdón pero sí notificó al Superior Tribunal de Justicia sobre su actuación en el acto que dio origen a la acción de amparo de la comunidad qom.

El juez de Paz también pretendió impugnar la legitimidad para accionar de Epifanio Leiva por considerar que no había acreditado pertenecer al pueblo qom. En ese sentido, la jueza Regosky citó extractos del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Convención Americana de Derechos Humanos que avalan su legitimidad. En ese punto, graficó: “¿y cómo sabemos que es qom? Solo basta que manifieste que pertenece a la etnia, a un pueblo originario, para estar reconocido -preexistente dice nuestra Constitución- no es necesario ningún otro aporte”.

Vale recalcar que en marco de la tramitación del expediente todos los informes de los organismos del Estado: Instituto de Colonización, Registro de la Propiedad Inmueble y Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano confirmaron que el Lote 88 de la zona de Miraflores forman parte de la reserva indígena declarada a través del decreto ley 1051/79. Es en este sentido que la magistrada puntualizó que “el Estado Provincial tiene la obligación y el deber de respetar dicha reserva, procurando la no intervención y/o usurpación de personas ajenas a la comunidad aborigen”. Además, hizo un fuerte llamado tanto al Estado Provincial como al Municipio de Miraflores para que contemplen los numerosos conflictos por acceso a la tierra de los pueblos originarios.

García Veritá: “Aplica estándares internacionales de protección de derechos indígenas”

“La jueza Gladis Regosky ha tenido la capacidad de poder aplicar en la sentencia de amparo estándares internacionales de protección de derechos indígenas, acá es donde cobra importancia fundamental este fallo”, subrayó el abogado indigenista cordobés, Gonzalo García Veritá, quién patrocinó en la acción de amparo a Epifanio Leiva y la comunidad qom de Miraflores. Y advirtió que “no tenemos grandes fallos a lo largo de la República Argentina que sean sensibles a la protección de los derechos indígenas como lo ha sido éste, de ahí la importancia trascendental en lo estrictamente jurídico. Incluso hay una evolución desde prácticamente todos los institutos del derecho internacional de los derechos humanos aplicados a la cuestión indígena”.

García Veritá evaluó al fallo de la doctora Regosky como “una evolución en la accesibilidad a la justicia de los pueblos indígenas de la provincia del Chaco pero también del resto de la Argentina”. Y recalcó que junto a la reciente sentencia del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que ratificó la propiedad comunitaria indígena en la reserva de Napalpí -que fue publicada en primicia por CHACO DIA POR DIA.COM- “marcan dos grandes hitos en la interpretación que está teniendo el poder Judicial sobre accesibilidad a los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Y consideró que el cuadro se completaría con la resolución favorable en el caso conocido como Raíz Chaqueña, donde el juez saenpeñense, Juan Zaloff Dakoff -ya fallecido-, avaló la venta ilegal a la empresa Bajo Hondo Agropecuaria de cerca de cinco mil hectáreas de propiedad comunitaria de la etnia moqoit, en cercanías a la ciudad de Pampa del Infierno.

FUENTE ORIGINAL: http://chacodiapordia.com/sociedad/noticia/78162/ratifican-la-propiedad-comunitaria-de-una-reserva-indigena-en-miraflores

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