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Abr 24 2013

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Un fallo absurdo del juez Flores

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Encuentro por la Vida apeló la sentencia que le impide referirse al proyecto

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Las ciudades de La Plata, Capital Federal y Santa Fe hace poco quedaron presas de inundaciones que provocaron pérdidas humanas y materiales. Fueron lluvias intensas, anormales, pero pusieron en evidencia la falta de obras y también el avance urbano sobre áreas naturales.

“Las catástrofes fueron producidas por el no respeto a las leyes de la naturaleza y de la sociedad”, advirtió Ramón Vargas, líder de Encuentro por la Vida, quien advirtió que más o menos esas mismas consecuencias podría sufrir Resistencia si la obras del shopping que se instalará en la ribera del Río Negro se ejecutan tal cual fue anunciada, ya que la trama urbana se introducirá en el valle de inundación y producirá un impacto negativo en el medioambiente.

Vargas habló tras quitarse una cinta que le tapaba la boca en señal de censura por el fallo judicial que le impidió referirse o realizar cualquier acto que signifique una perturbación al proyecto de ejecución del Shopping Resistencia Mall, por avenida Sarmiento. Al referirse a la sentencia del juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, alertó que “viola principios y garantías constitucionales”. Por eso “no está fundada en la ley y, por tanto, para nosotros no existe”, dijo.

Respaldada por otras organizaciones que conforman la Mesa Ambiental, la fundación rechazó así la sentencia por la cual el juez aceptó la medida cautelar de no innovar presentada por la empresa Seshma S.A., gerenciadora del proyecto del centro de compras. Asimismo, Vargas anunció que el lunes fue presentada la apelación a la medida y ayer respondieron al amparo presentado por la compañía.

La resolución judicial que aceptó la medida cautelar presentada por la empresa ordenó a la Fundación Encuentro por la Vida y a toda otra persona y organización vinculada “abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implique la perturbación o impedimento en la ejecución, construcción, desarrollo y operación del proyecto Shopping Resistencia Chaco”. La medida regirá hasta tanto se resuelva la acción de amparo promovida en conjunto con la cautelar.

“Esta sentencia del juez no sólo me afecta a mí y a la fundación, sino a las demás organizaciones que formamos parte de la Mesa Ambiental y a todas las personas que están vinculadas con nosotros”, advirtió Vargas en una rueda de prensa realizada ayer en la Biblioteca Bernardino Rivadavia.

Antes, el dirigente ambientalista se declaró “en desobediencia judicial” a la sentencia del juez Flores. Así, cuestionó la sentencia ya que considera a las acciones de la fundación como “inconstitucionales, ilegítimas, arbitrarias e irrazonables”. Tras leer los aspectos centrales y los derechos que, según la empresa, son violados por la Fundación como la “libertad de pensamiento”, Vargas consideró que la decisión judicial “sobrepasa los límites de la libertad de expresión”.

Una amenaza

“Esta sentencia es una amenaza para cualquiera que quiera hablar sobre este proyecto”, alertó, al tiempo que señaló que vulnera los derechos de las organizaciones de la sociedad civil para emitir sus opiniones. “No estamos haciendo ningún acto de ilegalidad, arbitrario o ilegítimo”, subrayó.

Así, el dirigente consideró “lamentable” que un juez de la provincia desoiga el mandato constitucional del derecho a un ambiente sano, pretendiendo “que todos los que hacemos esta actividad nos callemos”.

En esa línea, la abogada Nora Giménez, de Conciencia Solidaria, consideró “inaudito” que una empresa utilice una herramienta incorporada en la última reforma constitucional para defender sus derechos y garantías sobre el ambiente. “Nunca se pretendió impedir su derecho al comercio y al trabajo, sino que esto viene por el retaceo de información ambiental (que hace la empresa) desde hace mucho tiempo”, indicó.

Acompañaron al líder de Encuentro por la Vida, Rolando Núñez (Centro de Estudios Nelson Mandela), Eugenio Rolón y Eugenio Rolón (h), de la Fundación Casco Histórico de Barranqueras; Walter Barrios, de la Comisión Vecinal del Barrio San Pedro Pescador; Nora Giménez, de Conciencia Solidaria; Lito Almirón, de la Mesa de Conducción provincial de la CTA; representantes de la Biblioteca Bernardino Rivadavia; Miguel Conde Olgado y Aurelio Díaz (Polo Obrero).

La invasión urbana

El 8 de marzo, Encuentro por la Vida presentó al defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, una denuncia que devela las irregularidades cometidas por la provincia y por el municipio en el proceso de ocupación del valle de inundación del río Negro por la trama urbana. Allí advierten que el 38% de la obra del shopping avanza sobre una zona de restricción prohibida; y el 62% restante está en un área de restricción severa.

Con planos y mapas del área, que muestran los lugares donde el río tiene áreas de inundación hacia donde las aguas van cuando ocurren lluvias, Vargas advirtió la autorización de un relleno que la empresa constructora del Shopping podrá hacer bajo la línea de ribera, en terrenos de dominio público.

No es todo. Alertó que la evaluación de impacto ambiental presentada por la constructora “no incluye planos de las obras que pretenden hacerse”. “No sólo nosotros cuestionamos esa evaluación, sino los técnicos del municipio de más de diez jefaturas de área o de dirección. Firmaron un documento con objeciones al proyecto, que enviaron al Concejo Deliberante, que no prestó atención y aprobó la localización del emprendimiento”, repasó.

Los datos que faltan no son menores: según el ambientalista, el proyecto no menciona la cantidad de autos y personas que pasarán por ese lugar por día, ni cuántos residuos y efluentes habrá. Tampoco el movimiento que se hará de la topografía. “Se modifica la línea de ribera, que baja porque el particular gana superficie”, enfatizó. Todo lo que pasa por debajo de esa línea son “los territorios del agua”, patrimonio de todos y no de un particular.

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