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Dic 21 2011

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Exigen soluciones por los desmontes ilegales

PAMPA DEL INFIER­NO. Funcionarios del go­bierno provincial solicita­ron a la Justicia la inme­diata intervención en la causa que tiene como damnificados directos a integrantes de la comuni­dad moqoit en la zona de Pampa del Infierno, quie­nes denunciaron que dos empresas estarían des­montando de manera ile­gal varias hectáreas prote­gidas.

  El Gobierno exigió a la Justicia que actúe ante el reclamo de originarios por el des­monte ilegal.

El secretario de Dere­chos Humanos, José Luis Valenzuela; el presidente y el Gerente del Instituto de Colonización, John París y Branco Capitanich, respectivamente, y el director del área de De­fensa de la Democracia y el Ciudadano. Julio Gar­cía, denunciaron la pre­sencia que dos empresas realizan tareas de des­monte en terrenos adjudi­cados a personas de la etnia moqoit.

Acompañó a los fun­cionarios provinciales la presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño. Andrea Charole, y repre­sentantes de las familias desalojadas del predio de 5.000 hectáreas que la co­munidad posee en la zo­na.

García denunció el de­salojo forzoso de inte­grantes de estas comuni­dades y de la forma ame­nazante en que fueron re­cibidos funcionarios en la zona hace pocos días cuando intentaron inte­riorizarse del desalojo.

El pedido de la devolu­ción de las tierras obtenidas por estas empresas en una operatoria fraudulenta y rea­lizada con un “total desco­nocimiento de las legisla­ciones vigentes provinciales y nacionales” en lo que res­pecta a la adquisición de la tierra pública.

“Desde el Gobierno, acompañamos el pedido a la Justicia de las comunidades en la inmediata devolución de las tierras y freno del desmonte”, precisó García.

“Denunciamos y repudiamos el desalojo forzoso mediante mecanismos frau­dulentos de empresas ajenas a la provincia a lo que se su­ma una fuerte resistencia del pueblo moqoit”, citó García.

“Estas empresas están trabajando en propiedad de la comunidad indígena”, de­nunció García quien pidió la inmediata intervención y ce­leridad en el tema a la Justi­cia.

La propiedad donde ocu­rren estas irregularidades de­nunciadas pertenece a la co­munidad aborigen desde 1991.

“Llama la atención la presencia de personas arma­das en la zona y la lentitud judicial en ordenar el allana­miento c interrogatorio de estas personas”, precisó García.

El titular del Instituto de Colonización destacó que todos los organismos del Estado trabajan en la protec­ción de las personas desalo­jadas e intentarán provocar la nulidad de la operación por la que estos grupos ha­brían adquirido estas tierras.

Funcionarios denuncia­ron que en la zona hay má­quinas topadoras y que las tareas que ejecutan sus ope­rarios son realizadas sin guías forestales y sin permi­so alguno.

El gerente del Instituto de Colonización citó que “el tema, ya judicializado, merece una inmediata intervención y esperamos que los magistrados hagan cum­plir la Ley y la Constitu­ción”.

Valenzuela por su parte dijo que “vamos a actuar donde exista un avasalla­miento de los derechos y más aún en este caso”.

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