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Abr 17 2013

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Los derechos de los más desprotegidos

Fuente: www.curarconopinion.com

Por Dr. Daniel Cassola

Uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad es, sin dudas, el de los enfermos mentales. No tienen voz ni organización propia porque, justamente, por su condición no se pueden defender a sí mismos. Por ello es que constituyen un sector de los llamados vulnerables. Todo es peor cuando a la ecuación añadimos la pobreza. Gran parte de los enfermos mentales pobres de Argentina ven vulnerados sus derechos a diario.

La clave para modificar una situación de injusticia como la que viven los enfermos mentales pobres tiene que ver con la voluntad, en primer lugar, y con los recursos. Ambas cosas se necesitan. Hoy la ley de salud mental no está reglamentada porque no hay voluntad de invertir en la infraestructura necesaria para terminar con el sistema de manicomios que viene ya no del siglo pasado sino desde el 1800.

Hay, en la actualidad, un debate muy intenso, y que aún no está saldado, sobre la ley de salud mental. No es el propósito de estas líneas dirimirlo pero sí podemos afirmar que sin voluntad política y sin recursos el panorama de la salud mental en Argentina es imposible de cambiar. Cada tanto nos anoticiamos de las condiciones en que sobreviven los enfermos mentales pobres en Argentina.

A comienzos del año, el abogado Rolando Núñez, nos informó desde el Chaco como pacientes mentales eran alojados en dependencias policiales. Al no haber inversión en infraestructura pública, enfermos mentales acusados de delinquir o sin espacio en otro lugar convivían en la alcaidía de Resistencia. Allí, como es de suponer, el trato que reciben no es el adecuado para su situación.

En los últimos días salió a la luz un caso con tintes aún más aberrantes para la condición humana. Desde el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba se impulsó una investigación y se realizó una denuncia contra las autoridades más importantes del gobierno provincial por el estado de las instituciones de salud mental. El principal centro que se encuentra en la mira de la investigación es la Colonia Alborada, ubicada en la ciudad de Bell Ville, a 200 kilómetros de la capital provincial. Allí se está investigando la muerte de dos internos y una serie de violaciones contra otros tantos. Por desidia, por no tener donde alojarlos, por razones que son de todos modos injustificables, en esta colonia conviven pacientes con necesidades diferentes. De los 267 enfermos mentales que allí residen, 35 tienen causas penales por delitos graves como homicidios o abuso sexual. La convivencia de unos y otros resulta en lo que quienes investigaron el manicomio denominaron como “el túnel del horror”. Solo para brindar un ejemplo podemos decir que el fiscal sobre quien recae la investigación, José Mana, declaró que las salas de contención, donde viven algunos de estos pacientes son “celdas con muros malolientes, donde los internos orinan y defecan en el piso, se ve a pacientes desnudos, mujeres rapadas e inclusive los mismos profesionales son víctimas de la agresión de algunos pacientes judicializados”. Todos los que participan de la causa y la investigación coinciden en que son imágenes que nos remiten a los campos de concentración.

El panorama de la salud mental actual requiere una intervención urgente por parte del Estado, con inversión y planificación de la vida de este sector tan vulnerable. Con la actual ley de salud mental, con una nueva, con modificaciones o reglamentaciones la situación de los enfermos mentales pobres argentinos tiene que ser atendida con urgencia. Hoy, en estas condiciones, se está cometiendo una flagrante violación de los derechos humanos.

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“No solo se viola la ley de salud mental sino los derechos humanos”

Lo sostuvo Liliana Montero, diputada provincial de Córdoba por el Frente Cívico y Social.

“Pedimos que se declare la emergencia con respecto a la salud mental porque sabíamos de esta situación dramática que se vive en los hospitales de salud mental. En las instituciones de salud mental de Córdoba, y sobre todo en el centro de Bell Ville, no solo se viola la ley de salud mental sino los derechos humanos”, comentó la legisladora.

“El nosocomio depende del Poder Ejecutivo de la provincia. Lejos de rectificar el rumbo no hubo un solo desplazamiento en el área de salud. El actual jefe de gabinete de De la Sota fue antes ministro de Salud. Actualmente el gobernador dijo desconocer esta situación, lo cual es doblemente grave porque De la Sota es el tercer período en el que gobierna. Además Bell Ville es una ciudad importante de la provincia en la ruta más rica e importante”, agregó Montero.

“Hay una violencia primaria que es el padecimiento psíquico. Pero es mucho peor cuando se agrega la violencia secundaria del Estado en forma de abandono. Lo que hay en Bell Ville es un verdadero campo de concentración”, cerró Montero

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