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Dic 18 2011

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Más de 100.000 chaqueños perciben algún tipo de remuneración del Estado

Locales

Más de 100.000 chaqueños perciben algún tipo de remuneración del Estado

Domingo, 18 de diciembre de 2011 – Publicado en la Edición Impresa

Pese a las intenciones de achicar gastos y reducir la estructura de personal apostando a conformar un sector público moderno y eficiente, las dimensiones del Estado provincial en materia de recursos humanos siguen siendo exorbitantes.

Un informe reciente del Centro de Estudios Nelson Mandela titulado “El extraordinario impacto del gasto salarial” devela la enorme masa laboral entre empleados permanentes y temporarios de los tres poderes y de entes autárquicos y empresas públicas. Un universo que crece aún más al considerar a los trabajadores de los 69 municipios chaqueños.
Según la ONG, habría hoy unos 83.825 agentes permanentes y temporarios que trabajan actualmente -en forma directa- en el sector público. Si se tienen en cuenta los 25.861 jubilados públicos que cobran en el Insssep, la cifra crece a 109.586 personas que cobran de forma directa de la caja pública provincial. Pero al contemplar el total de trabajadores municipales, permanentes y temporarios, la cantidad crece a 124.000 personas que cobran en forma directa de las distintas cajas públicas.

Extraordinario costo
Para el Centro Mandela “es extraordinario el costo salarial total derivado de la cantidad de personas que trabajan en el sector público”. La institución que encabeza el abogado Rolando Núñez consultó al Ministerio de Economía y a la Contaduría General de la provincia como “fuentes naturales” para establecer el número real de trabajadores públicos, permanentes y temporarios. Pero se encontró con dispar información y, en la mayoría de los casos, “incierta y contradictoria”, afirma.
“Es asombrosa y creciente la cantidad de agentes que prestan servicios y que cobran salarios directos o que cuentan con ingresos encubiertos asimilables a los sueldos. Este es el primer dato revelador de la inmensa asimetría que se ha instalado en el mercado laboral chaqueño, cuya población económicamente activa se estima en 380 mil personas”, resalta el informe.
En ese orden revela que un total estimado de 124 mil personas cobran mensualmente de las cajas de la provincia, de los municipios y del Insssep. “Este número escalofriante genera un gasto extraordinario que conspira contra el crecimiento justo y equitativo de la población chaqueña y responsabiliza directamente a quienes gobernaron la provincia”, alerta.
Luego indica que existe una “fenomenal incertidumbre” respecto del total de agentes que trabajan y cobran del Estado. “Es evidente que el gobierno no cumple con la primera carga que deriva del sistema de representación política como gobierno, que consiste en la obligación de generar certeza en la información”, acusa.

Superpoblación de agentes
Si bien resalta que la información difiere según que la fuente sea el Ministerio de Economía o la Contaduría General, el informe que elevó Economía al Poder Ejecutivo para confeccionar el Presupuesto 2012 establece el costo salarial mensual promedio para el personal de planta permanente y los temporarios, por un total de 5.671 millones de pesos, reconociendo la existencia de 47.011 trabajadores, a diferencia de la Contaduría General que informó 52.475 agentes. La variación obedecería a que parte del personal temporario no ha sido contemplado por Economía.
Con un poco más de precisión -continúa el documento- la Contaduría General informó datos más confiables sobre la base de la estructura de cargos ocupados. La información contempla todo el sector público, desagregado por organismos centralizados y descentralizados, Lotería Chaqueña, Insssep y empresas públicas. Como resumen general, llegó a la conclusión de que trabajan 53.373 personas en planta permanente y 12.646 como temporarios, lo que hace un total de 66.009 agentes públicos. Si a esto se agrega el pago de salarios por retiros voluntarios, el total de activos es de 66.725.
“Si se considera el extraordinario contingente de agentes en negro, que se desempeñan en múltiples funciones y lugares de la administración centralizada, descentralizada, organismos y empresas del Estado, el número final de la cantidad de personas que trabajan para el sector público es fenomenal”, advierte el Centro Mandela.
Recuerda al respecto que UPCP y los restantes gremios que nuclean a los trabajadores estatales inscribieron a 26.000 aspirantes para que, en el curso de 2012 y por aplicación de ley de antiprecarización laboral, pasen a la categoría de personal de planta permanente. Si de dicha cantidad se descuentan los que revistan como contratados de obras yjornalizados, queda en limpio que 17.000 inscriptos que cobran becas serían nombrados porque trabajan, en forma real y efectiva, según la fuente sindical. Si esto efectivamente es así, serían 83.825 los agentes permanentes y temporarios que trabajan actualmente -en forma directa- en el sector público.
Si se toman en cuenta los 25.861 jubilados que cobran en el Insssep, se llega a la friolera de 109.586 personas que cobran haberes del Estado provincial. Pero contemplado el total de trabajadores municipales, permanentes y temporarios, la cantidad alcanza las 124.000 personas que cobran en forma directa de las distintas cajas públicas, sumando las provinciales y las comunales.

Burocracia e ineficiencia
“El escenario es complejo y pareciera que no admite soluciones, en el corto y mediano plazo; por el contrario, el fenómeno tiende a agravarse, como también el extraordinario impacto presupuestario del costo salarial del sector público”, revela el documento de la institución.
Más adelante agrega que “es evidente que el Estado terminó por ser la salida laboral ficticia de muchos, lo que se ha profundizado durante la actual gestión de gobierno, dado que incorporó un extraordinario número de personas al sector público”.
Resta evaluar las consecuencias actuales y futuras en lo social y económico, frente a un Estado “macrocefálico, burocrático e ineficiente”, que es la fuente segura de los repetidos actos de corrupción que se han producido en los últimos años, fenómeno que terminó por consolidarse como continuo y sistémico, lo que constituye un costo adicional extraordinario en el funcionamiento del Estado.

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