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Mar 22 2013

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LA REFORMA PROFUNDIZARÁ LA CRISIS DEL SISTEMA CARCELARIO Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PRESOS

Tercera  entrega

La nueva reforma procesal penal

La cantidad de personas privadas de libertad se incrementó drásticamente en el curso de los últimos cinco años; no obstante ello, los poderes del Estado y los grandes responsables continúan imperturbables frente a una realidad demoledora que se instaló en todos los lugares de detención, que son verdaderas maquinarias de picar seres humanos. A las graves omisiones que cometieron para convertir a las comisarías, alcaidías y cárceles en lugares indignos y mortificantes, ahora agregan el tremendo impacto negativo que provocará la nueva reforma procesal penal que criminalizará aún más a los pobres. Para ser claros y concretos, referimos que no están presos en la alcaidía de Resistencia ningún rico, nuevo rico por corrupción o de clase media alta, mientras que para muchos jóvenes pobres la opción es la cárcel por la falta de presente y de proyecto de vida o futuro.

Las reiteradas denuncias por algunas de las violaciones de derechos humanos que se producen y se repiten en los centros de detención del sistema penitenciario y carcelario provincial revelan la sistemática y continúa vulneración de los estándares constitucionales e internacionales en materia de privación de libertad. La realidad carcelaria, que plantea un escenario aún más grave que la simple contradicción normativa, se agravará cuando se aplique la reforma procesal penal recientemente sancionada, lo que entablará una mayor cuota de responsabilidad de los gobiernos de Chaco y de Argentina. El grave problema de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles está lejos de ser resuelto; por el contrario, atraviesa uno de las etapas de mayor crisis y degradación frente a la inoperancia, ineficiencia, indiferencia o indolencia de los responsables de los poderes públicos, que gozan de total y absoluta impunidad.

Uso alocado de la prisión preventiva

El crecimiento de la población carcelaria se produjo, fundamentalmente, por el uso indiscriminado de la prisión preventiva, combinado con plazos procesales muy largos, que en la mayoría de los casos no son respetados por la justicia penal, que actúa como un verdadero feudo donde se recicla la basura social, condenándose a pobres y excluidos, salvo esporádicamente a algunos exponentes de los delitos que cometen quienes integran la clase media o alta. Cuando se aplique la reforma, aumentará notablemente el número de presos por la aplicación de condenas express, con lo cual se agravará la congestión y el hacinamiento de los detenidos producto de la criminalización de los pobres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo hace muchos años que Argentina incumplía la Convención Americana al no respetar los estándares internacionales que habilitan la justa aplicación de la prisión preventiva. La CIDH dio a conocer la grave situación a través del Informe 12/1996 (caso Giménez), que formó parte del informe anual de 1995, como también en oportunidad de entregar el Informe 2/1997 (caso Bronstein y otros), que integró el anual de 1997. O sea que el abuso en la aplicación de la prisión preventiva por parte de la justicia penal es un hecho indiscutible, que está por encima del equivocado reclamo de algunos sectores sociales que piden “mano dura” y de la criminalización mediática, especialmente de los pibes pobres, a la que recurren algunos medios masivos de comunicación para ganar lectores o audición, sin tomar conciencia del daño social que provocan.

Sobrepoblación y hacinamiento extremo

Es muy importante entender que la sobrepoblación y hacinamiento de presos en los lugares de detención son consecuencias de la aplicación de los programas de seguridad y de los perfiles de la administración de justicia antes que un problema edilicio o de instalaciones por falta de recursos o de inversiones. Sin embargo, los gobiernos tratan de confundir a la opinión pública sugiriendo que no existen fondos para financiar la construcción de cárceles y de alcaidías; de esta manera tratan de lavar sus manos sucias como responsables de permitir que se violen los derechos humanos de los presos. Tratan que no se sepa que las condiciones indignas de detención son un resultado, que de ninguna manera son accidentales o inesperados sino que son las consecuencias exactas de las gestiones de gobiernos. A su vez, las consecuencias dañinas no se limitan a las deficientes condiciones de detención que deben sufrir los presos, sino que sus efectos son mucho más amplios, graves y complejos. Terminan por aportar una cuota importante de factores que hacen o que contribuyen al aumento sostenido de la inseguridad pública.

En este escenario, el creciente aumento de la población penitenciaria redundó en altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento de presos. Al mismo tiempo, provocó un virtual colapso del sistema penitenciario, atenuado por la creación -en el año 2011- del Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña. La notable degradación de las condiciones de detención y las demoras en los procesos generó innumerables reclamos de personas privadas de libertad en comisarías, alcaidías y cárceles. Tales reclamos no fueron escuchados porque la justicia penal actúa en forma cada vez más desorganizada y deshumanizada, provocando enormes daños sociales tanto por acción como por omisión, ante el desconocimiento generalizado de la opinión pública y la complacencia de sus integrantes y de los operadores externos que forman parte de lo que se presenta como el servicio de justicia, que por cierto que está muy lejos de serlo porque rige un esquema casi feudal, vestido con un ropaje de modernidad que encubre y disimula mucho de los males que deformaron su funcionamiento y finalidad, aunque la Corte Suprema algo va despejando para correr la pesada cortina que tapa el escenario judicial degradado.

Utilización ilegal de comisarías para alojar personas

El colapso del sistema generó la necesidad de recurrir a las dependencias policiales para albergar allí un importante número de personas privadas de libertad. El gran Resistencia tiene colmada la capacidad de sus lugares de alojamiento en comisarías, siendo la seccional primera la única sin personas detenidas actualmente porque sus celdas están siendo pintadas. La solución que publicaron, presentado como lugar de detención transitorio, no es otra cosa que un tercio de la vieja alcaidía de Resistencia, a la que hicieron arreglos para maquillar su situación ruinosa, con lo cual se persiste en la estrategia de violar los derechos humanos en la “Casa del Horror”.

Frente a esta situación es preciso destacar que las dependencias policiales no deben considerarse plazas carcelarias en tanto no reúnen las condiciones requeridas para los lugares de cumplimiento de penas o prisiones preventivas. La presencia de personas detenidas en estos espacios es claramente ilegal. Las comisarías no se encuentran en condiciones edilicias para mantener en ellas a personas detenidas, ni el personal policial está capacitado para hacer frente a esta situación. Los casos de incendios en comisarías han sido claros ejemplos de por qué debe respetarse la legalidad, a pesar del desentendimiento y la negligencia de los funcionarios responsables. Las muertes de dos presos durante el incendio que se produjo el 10 de octubre de 2010 en una de las celdas de la comisaría séptima han sido claros ejemplos de los graves hechos ocurridos en distintas unidades policiales. Los escalofriantes testimonios recogidos en una causa que está en trámite para esclarecer lo corrido reflejan no solamente el fuego y las muertes de dos personas, sino los vejámenes, torturas y tormentos aplicados por el personal policial con el pretexto de realizar una requisa en las celdas.

Aumento de los niveles de violencia en los penales

Crecen los niveles de violencia en los lugares de detención. La sobrepoblación y hacinamiento de presos potenciaron el aumento de las confrontaciones. Las pésimas condiciones edilicias y la falta de tareas dinámicas y de contención a procesados y condenados ha sido una de los más notorios factores generadores de la mayor conflictividad en la convivencia forzada de las poblaciones carcelarias, panorama que se agravará con la aplicación de la reforma porque criminalizará aún más a los pibes pobres. Por esta causa es que en los últimos años se ha registrado un importante aumento en la cantidad de muertos en los lugares de detención, lo que constituye una cabal muestra de la crisis carcelaria que no es asimilada -o directamente es negada- por las autoridades. Durante la actual gestión de gobierno murieron más presos que durante la vigencia de la policía de Hugo Marcovich, quién fue ministro de gobierno durante las administraciones de Rozas y de Nikisch, lo que podría ser considerado como una comparación odiosa pero que es objetiva y sirve para medir las consecuencias y los resultados de las gestiones de gobiernos. Vale la pena recordar estas situaciones porque por aplicación de los juicios express aumentará el número de presos, que es lo mismo que decir que se multiplicarán los incendios, heridos y muertos en cárceles y alcaidías.

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