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Mar 12 2013

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CONTINUARÁ LA INSEGURIDAD PÚBLICA

Primera Entrega

La nueva reforma procesal penal

 

A propósito de la inseguridad pública, la provincia del Chaco cuenta con una nueva reforma del sistema procesal penal, que fue sancionada por la cámara de diputados a fines del año 2012, que se estima se pondría en vigencia a partir de los primeros días del mes de mayo. Por lo tanto, conviene o se hace imprescindible analizar las debilidades de las soluciones legales programadas, confrontándolas con los datos actuales que proyectados anticipan la persistencia de la inseguridad pública, que hasta podrá facilitar más violaciones de los derechos humanos.

Las fallas de las soluciones legales y algunos datos actuales

 El juicio por flagrancia, establecido por ley 7143, fue presentado como una respuesta rápida y eficaz ante la inseguridad que castiga a la comunidad; sin embargo, será fuente de posibles violaciones de derechos humanos como consecuencia de que en su trámite se violarán el principio de debido proceso y las garantías de igualdad ante la ley y de defensa en juicio.

A través de la ley 7144 se crearon tres fiscalías en Resistencia, mientras que por ley 7145 se creó una oficina de política criminal. Según los impulsores de la reforma, serían muchos e importantes los beneficios para la comunidad, sobresaliendo cuatro aspectos que repetidamente destacaron, refiriéndose al criterio de oportunidad, a la reforma integral del sistema de organización de justicia, a la amplia participación de la víctima en los procesos y al juicio por flagrancia.

En cuanto al criterio de oportunidad, aceptándose que efectivamente se concreten en determinados momentos de la investigación penal, vale la pena señalar que venían siendo de aplicación reiterada en tribunales y fiscalías penales de la provincia, o sea que la reforma no es tal.

En la actualidad, la víctima de cualquier delito cuenta con participación en el proceso. Esto ya se encuentra previsto en la ley 4538; sin embargo, merece ser destacado que no existe una verdadera y enérgica reforma en materia penal que permita equilibrar la investigación de determinados delitos con la participación de las víctimas. Esta grave irregularidad sobresale en los delitos en los cuales los funcionarios públicos son los señalados como principales sospechosos o autores. Allí no ha ingresado la reforma, de manera de que se dificulta o impide los esclarecimientos de tales delitos o, directamente, se cultiva la impunidad porque muchas causas terminan archivadas. En ese escenario, lamentablemente no reformado, sobresalen los casos gatillo fácil, torturas, tormentos, vejámenes, malos tratos y corrupción de funcionarios y agentes públicos, de modo de que continuará la impunidad.

La congestión de la investigación penal actual

Es extraordinaria la cantidad de expedientes acumulados durante años. Además, durante los diez días que dura el turno de cada fiscalía ingresan aproximadamente 1.400 causas nuevas tramitadas por un solo fiscal, de un total de nueve. Con el nuevo sistema se afirma que se intentará disminuir esta cifra; sin embargo, esto no modificará sustancialmente el grave problema del congestionamiento ya que los cambios no pasan por profundizar el sistema escogido por Córdoba en 2003, actualmente intensificado en sus aspectos prácticos. Ya se puede anticipar la trasposición de causas en diferentes operadores y dentro del marco de la investigación unificada en un equipo fiscal que no permitirá mejorar la calidad de justicia, agilidad y seguridad jurídica en los trámites, como tampoco en la investigación penal acorde a las problemáticas existentes en materia delictiva, a propósito de la falta de capacitación permanente, incluso a la falta de una policía judicial.

Dudas razonables en el nuevo esquema organizativo

La reforma del sistema de organización de justicia genera un sinnúmero de interrogantes e inquietudes por la compleja y poco clara esquematización que se ha diseñado. No cesan los interrogantes sobre capacitaciones, esquemas nuevos de trabajo y asignaciones de los roles de los empleados judiciales de la rama penal, como también la situación que atraviesan los jueces y fiscales por la cantidad de causas que deberán tramitar conjuntamente con la implementación del nuevo sistema, sin olvidar el funcionamiento de la fiscalía y del ayudante fiscal con personal policial en materia de seguridad, que genera un gran interrogante. A partir de las dudas e incertidumbres instaladas en la estructura penal, todo indica que el nuevo sistema no debería ser aplicado desde el mes de mayo. Sería prudente postergar su implementación para lograr una mejor capacitación.

Los delitos de flagrancia

En lo que se refiere a los delitos de flagrancia, se contempla un proceso nuevo en manos de tres fiscales, implementándose un juicio especial -que supone la investigación y el juicio propiamente dicho- en manos de un solo fiscal penal especial, que no tramitaría ninguna otra causa. En torno a este tema surgen preocupaciones objetivas y concretas. La justicia penal acumula, por muchas razones atendibles y por otras que son absolutamente reprochables, una fuerte dosis de ineficiencia, desorganización y deshumanización. Como no existen recursos públicos para financiarlo, no se creará la policía judicial por muchos años; por lo tanto, la policía administrativa, que conocemos y que depende del poder ejecutivo, continuará desempeñándose como auxiliar de la justicia, de manera de que seguirá siendo el factor más importantes para esclarecer los delitos, a pesar de que atraviesa una etapa de profunda crisis de conducción y de funcionamiento, signado por la ineficiencia, la violencia y la corrupción, lo que ha generado que muchos sectores sociales quedaron indefensos y sometidos a la violencia cruzada que deriva de los autores de los delitos y de los policías. Es en este marco en el que surgen las preocupaciones de que se violen los derechos humanos en manos del poder policial y de la justicia penal porque será posible que violen derechos y garantías constitucionales esenciales. Con el pretexto de combatir la inseguridad, la experiencia nos señala que violarán el principio de debido proceso, el derecho defensa y la garantía de igualdad ante la ley. Fabricarán hechos, plantarán pruebas y a través de juicios express dictarán sentencias condenatorias, probablemente severas, con lo cual potenciarán la inseguridad pública porque un poder judicial que no imparta justicia, con total equidad y transparencia, multiplica las inconductas sociales, la violencia y los delitos.

Las debilidades institucionales y las consecuencias.

La debilidad de la defensa pública es un tema olvidado o escondido. En el sistema penal actual los defensores oficiales defienden un alto porcentaje de las personas que son investigadas como autores de delitos porque forman parte de los sectores sociales excluidos, por lo que no tienen dinero para contratar un abogado particular. Tales defensores oficiales cuentan con una gran cantidad de defendidos, con poca disponibilidad horaria, con escasos recursos y hasta de ánimo o de convicciones. Con la nueva reforma este grave problema se profundizará porque los procesos por flagrancia reducen el derecho de defensa.

Es posible que en los sistemas procesales modernos el procedimiento sumario por flagrancia se generalice para abarcar un grupo importante de casos que no requieren de una investigación mayor. Sin embargo, que la actividad de la justicia penal se agote en el abordaje de estos hechos contradice el ideal de una política criminal de una sociedad que busca ser más justa e igualitaria. No obstante ello, ante los reiterados reclamos de ausencia de justicia, resultan comprensibles las demandas sociales de las víctimas que asimilan la libertad durante el proceso con la impunidad. Estas demandas pueden ser explicadas por el deficiente funcionamiento del sistema de justicia que inocultablemente demora la realización de los juicios penales, demostrando una seria incapacidad para intervenir en la resolución de los conflictos sociales. En todo caso, es la ausencia de juicio la que frustra el derecho de las víctimas a obtener justicia en el marco de un proceso respetuoso de las garantías constitucionales del ciudadano acusado. Se debe garantizar que esto ocurra, bajo la responsabilidad de los encargados de impulsar y aplicar una política pública en materia criminal, que incluya la prevención del delito, coherente con estos principios.

Así, en la medida en que los procesos penales estén estandarizados para aplicar, en forma sistemática, la prisión preventiva y se deje atrás la meta de llegar a un juicio oral sin demora, se generan las condiciones ideales para que el sistema penal funcione mal. Ya no se pueden admitir respuestas demagógicas de funcionarios políticos y judiciales que apoyan decisiones violatorias de garantías constitucionales o que impugnan aquellas que las respetan. Los que lo hicieron o lo hacen, apuestan a más inseguridad pública.

Resistencia, 12 de marzo de 2013.

 

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