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Dic 14 2011

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El Centro Mandela denuncia que se violó el protocolo de actuación policial ante protestas

Locales

El Centro Mandela denuncia que se violó el protocolo de actuación policial ante protestas

Miércoles, 14 de diciembre de 2011 – Publicado en la Edición Impresa

El Centro de Estudios Nelson Mandela denunció que el gobierno provincial, pese a lo dicho por funcionarios del Poder Ejecutivo, no cumplió con el acta-acuerdo firmada en su momento con la Nación y que estableció un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante protestas sindicales o sociales.

La ONG recuerda que en marzo de este año la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, presentó ante los ministros de seguridad de las veintitrés provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también ante los jefes de todas las fuerzas de seguridad del país, un acta-acuerdo en el que se establecieron las bases y las pautas de actuación de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones y protestas sociales en los espacios públicos.
Sobre el punto menciona que el objetivo del protocolo fue “la voluntad de no reprimir la protesta social, de garantizar la libertad de expresión y de atender las causas de los conflictos por vías políticas y no violentas de entendimientos”. Algo que, según la organización chaqueña, se transgredió en la provincia durante la última protesta de UPCP.

Puntos no respetados 

La entidad que coordina el abogado Rolando Núñez dice que frente a la protesta de UPCP “ha sido evidente que se produjeron violaciones sistemáticas de las pautas claramente establecidas” en el acta-acuerdo suscripta con Garré.
Al respecto, la organización cita que el protocolo busca garantizar el control del tránsito para minimizar los inconvenientes para personas que no participen de la protesta, y reducir la posibilidad de hechos de violencia con los manifestantes, mientras que la semana pasada frente a la Casa de Gobierno “la realidad fue al revés, porque el personal policial actuó en forma violenta para dispersar a los manifestantes, arrasando con la infantería y los grupos especiales, mediante el uso de bastones, escudos, gases y balas de goma”.
El Centro Mandela señala que el protocolo también establece “claras pautas en materia de negociación del conflicto que deriva de las manifestaciones públicas” y que se debe intentar una salida dialogada -a cargo de un funcionario idóneo- antes de llegar a una respuesta policial. “Sin embargo, la negociación se desarrolló entre quien oficiaría luego como jefe del operativo policial, comisario mayor Jorge Franco, que es un comando entrenado para el manejo de otros conflictos, y el secretario general de UPCP, José Niz”, indica.
A eso suma que fue llamativo que “se notó inexperiencia, falta de coordinación y desorden generalizado en las acciones disuasivas y en las detenciones de los manifestantes, lo que puso en superficie los errores de conducción del procedimiento”.
“Se pudo ver a manifestantes que eran arrastrados por policías uniformados y de civil. Se sabe que no pueden participar en los operativos los policías que se encuentran bajo investigación por casos anteriores de uso excesivo de la fuerza; no obstante ello, esta regla no se cumplió, especialmente en lo relacionado con personal del Gemo y de infantería”, dice el Centro Mandela, evaluando que el operativo mostró que “la formación actual es absolutamente deficiente y no se tiene conocimiento de un plan de capacitación específico en el control de manifestaciones bajo la aplicación del protocolo”.

Armas presentes

Otra objeción que efectúa la organización es que el protocolo establece la prohibición de que las fuerzas porten armas de fuego y que usen pistolas lanzagases ante manifestaciones de protesta, pese a lo cual el miércoles de la semana pasada “se vio claramente a numerosos integrantes del personal policial uniformado con sus armas habituales”.
También cuestiona que los disparos con balas de goma no se utilizaron -como dice el protocolo- como actos defensivos de la integridad de los policías, sino para dispersar a los manifestantes y luego para perseguirlos en su huida.
“Las lesiones de los efectivos policiales fueron evidentemente producto de forcejeos, escenas de pugilato y de peleas callejeras, impropios de una actuación policial profesional. No se observó que los policías estuvieran en peligro inminente de ser lesionados o atacados con armas o elementos contundentes”, apunta.
“El protocolo ordena que los agresivos químicos y antitumultos solo pueden ser utilizados en última instancia y como último recurso. A pesar de esta pauta, se observó el uso desproporcionado de pistolas lanzagases en los grupos de choque que avanzaban sobre los manifestantes con el objeto de dispersarlos. Se utilizaron gases que están totalmente prohibidos”, denuncia la entidad.
Finalmente, también señala que había vehículos policiales no identificables (como la camioneta que trasladó a Niz tras ser detenido) y que no se protegió a mujeres y niños. “La represión frente a Casa de Gobierno desnudó una vez más la improvisación, el desconocimiento de elementales principios de convivencia democrática y la ausencia de políticas públicas de seguridad”, resume.
Por eso advierte sobre “una posible escalada de violencia y de represión impulsada desde sectores del gobierno, con consecuencias imprevisibles”, por las complicaciones que pueden surgir el año que viene “y por la extraordinaria inequidad salarial del sector público”, por lo que afirma que “la cuestión es si la puja terminará en más represión”.

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