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Dic 07 2011

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En vez de tanta reforma tenemos que pensar una política criminal

Rolando Núñez, sobre la iniciativa del STJ

“En vez de tanta reforma tenemos que pensar una política criminal”

Así lo aseguró el titular del Centro Nelson Mandela sobre la iniciativa impulsada por el Superior Tribunal de Justicia para reformar el Código de Procedimiento Penal. “Son injertos que producen mayor confusión”, consideró.

El coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela”, Rolando Núñez, consideró que no sería aconsejable aprobar en la última sesión ordinaria del año una nueva reforma al Código de Procedimiento Penal impulsada por el Superior Tribunal de Justicia ya que la iniciativa no tuvo en cuenta la opinión de distintos actores de la sociedad. Además, advirtió que en lugar de impulsar constantes reformas al sistema penal se debe avanzar en una discusión abierta sobre una política criminal y una ley de seguridad pública.

“No sería aconsejable que se apruebe el miércoles y es indispensable continuar discutiendo este tema no solamente en comisión de la Cámara de Diputados sino en los distintos sectores institucionales, políticos y sociales”, aseguró Núñez, al ser consultado por FM Libertad sobre el proyecto del Superior Tribunal de Justicia.

“Hay una cosa muy compleja y simple a la vez, la justicia penal viene muy mal desde hace muchos años, viene con una reforma trunca que se aplicó parcialmente y no termina de enderezarse, y estamos hablando de una nueva reforma que va a encimarse sobre la anterior que viene con muchas fallas”, sentenció el coordinador de la organización civil. Y subrayó que “en vez de hacer tanta reforma al código de procedimiento tenemos que pensar qué política criminal queremos para lo cual tenemos que pensar todos los poderes del Estado y toda la población”.

Núñez consideró que en la iniciativa que se impulsa desde el Superior Tribunal de Justicia “se pone dentro de la reforma que la política criminal va a estar dentro del poder judicial y es un error sustancial y conceptual porque a la política criminal la tienen que manejar todos los poderes del Estado”. Y agregó que “tenemos que definir algo que está pendiente, que es sancionar una moderna y democrática leyde seguridad pública compatible con la defensa de los derechos en función de la autonomía provincial porque así está previsto en la Constitución Provincial y la Constitución Nacional”.

“Todas estas reformas son cosméticas y parciales”

El titular del Centro Mandela recalcó que “todas estas reformas son un poco cosméticas, son parciales. Al ser parciales son generalmente inciertas, de dudosa positividad para el futuro y no resuelve los grandes problemas sustanciales que tiene el sistema penal del Chaco, que son gravísimos”.

Al respecto, Núñez advirtió que “no se investiga a nivel judicial como verdaderamente se exige desde el punto de vista técnico criminalístico, se actúa la investigación. Actuar la investigación significa escribir, llenar hojas y formar expedientes. Pero un fiscal con 20 personas no puede manejar 2 mil, 5 mil o 7 mil expedientes. Porque no tienen capacitación criminalística y criminológica, son escribientes, empleados del poder judicial pero con muchas limitaciones para investigar, hay que armar una capacitación del personal”.

No obstante, el abogado señaló que “antes de cualquier reforma es necesario crear la policía judicial, que divida las tareas. Entonces, la policía administrativa, que depende del gobernador y vemos todos los días, se dedica a la prevención y a la persecución del delito en terreno y la policía judicial se encarga de investigar los hechos cometidos conjuntamente con los fiscales y los jueces de garantías”.

Sobre la demora en instrumentar la policía judicial, Núñez consideró que se trata de un “conflicto de intereses” porque “el poder político no quiere desprenderse de su participación dentro de lo que es la investigación de los delitos”.

“Al intervenir la policía administrativa se está administrativizando la investigación penal. El poder judicial tendría que tener su propia policía para que haya división de poderes y tareas. El poder judicial no tiene presupuesto para crear su propia policía porque el manejo y la lucha por el presupuesto entre el poder judicial y el ejecutivo es por salarios y por la habilitación de juzgados, se reduce a eso. No hay visión estratégica sobre el servicio de justicia, por lo tanto seguimos transitando por un modelo arcaico, antiguo, se lo reforma con conceptos modernos pero son todos injertos que producen mayor confusión y el resultado final es menor efectividad en la investigación”.

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