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Feb 23 2013

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RESISTENCIA A LA ROSARINA

El área metropolitana de Chaco se ha convertido en un creciente mercado para el tráfico y consumo de drogas. Dejó de ser un lugar de paso. Al cabo de los años, inevitablemente se acumuló un elevado nivel de narcotráfico, cuya instalación supone el manejo territorial de populosos barrios, villas y asentamientos a través de incipientes, cambiantes y desorganizadas bandas de jóvenes y de hombres y mujeres de generación intermedia que en este momento están confrontando para quedarse con el dominio de cada uno de los lugares donde se venden y se consumen estupefacientes a mercado prácticamente liberado. La inercia, la impotencia, la ineficiencia y la corrupción de las estructuras política, judicial y de las fuerzas de seguridad, que incluye a la policía del Chaco, ahora permite pronosticar que las caóticas bandas se podrían transformar en estructuras bien organizadas y con funcionamientos estables en la etapa de control territorial para administrar el narcotráfico y el lavado de dinero.

 

Camino a Rosario

 

Existen señales visibles que confirman que atravesamos las primeras etapas de un proceso que podría incluir al Gran Resistencia en la mexicanización que se instaló en Rosario, en donde se ha alcanzado un estadio de gran confrontación por el control territorial total del narcotráfico y el lavado de dinero. Si trazamos un paralelo con lo ya ocurrido en Rosario, podemos reconocer una misma matriz de luchas y de choques de bandas por el control territorial para la comercialización de drogas. Esto empezó a replicar en el Gran Resistencia, donde se produjeron fuertes enfrentamientos, con choques cada vez más violentos. En estos escenarios ahora perduran y se potencian las hostilidades. Se multiplican la violencia y los delitos, muchos de ellos inéditos en nuestra zona porque nos recordamos precedentes parecidos.

Funcionarios públicos en la mira

 

La ministra de seguridad de la Nación, Nilda Garré, en noviembre de 2012, o sea pocos días después de que asumiera el nuevo ministro de seguridad del gobierno de Santa Fe, Raúl Lamberto, afirmó que dicha provincia “suena a zona liberada debido al accionar de bandas de narcotraficantes”. Agregó que “ya hay peleas por el territorio en Rosario y sur de Santa Fe, que entendemos y estimamos más peligrosas y muy graves”. En octubre del año pasado una investigación judicial realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria determinó la detención del entonces jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, para investigarlo por haber mantenido contactos telefónicos con conocidos narcos que operaban en esa provincia cuando se desempeñara como Director de Drogas de la Policía santafesina. Pocos días después también fue detenido el Jefe de la Comisaría 2° de Rosario, señalado como el responsable de utilizar claves del Registro Automotor para encubrir a un conocido narco.

En Santa Fe, el ex Secretario de Seguridad Marcos Escajadillo está sospechado por presuntos vínculos con el narcotráfico y por haber realizado operaciones de lavado de dinero. Fue identificado por un testigo en una causa que se tramita en un Juzgado Federal de Rosario, por haber realizado frecuentes operaciones marginales de cambio de billetes con conocidos “arbolitos”.

 

Guerra por el control del territorio

 

Rosario se convirtió en un campo de combate donde narcotraficantes dirimen a balazos el control del territorio en barrios y villas, como también en zonas céntricas. Los muertos, en los últimos años, se cuentan por decenas y triplican la media de homicidios de la Argentina. Uno de los hechos más impactantes ocurrió el 1° de enero del año pasado, cuando asesinaron -mediante fusilamiento- a tres jóvenes de 17, 19 y 21 años, en el barrio Moreno, zona sur de Rosario, en un supuesto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. El entonces Ministro de Seguridad de Santa Fe, Leandro Corti, sostuvo que los homicidios crecen porque “hay una disputa por el territorio” entre bandas delictivas y “vinculados también a las barras bravas y al narcotráfico”. Tres años atrás, la jueza rosarina Laura Cosidoy había advertido que en Rosario “llueve marihuana” y que la “desatención y la “inercia” le allanaron el camino narcotráfico.

Ineficiencia y corrupción en el Chaco

 

Hace pocos días vivimos un episodio con notables connotaciones políticas y judiciales, que terminó con la separación del ex director de Drogas Peligrosas por la utilización ilegal de un automotor de alta gama que fuera incautado en la causa denominada “carbón blanco”, en la que se detuvo al titular de tal vehículo, quién recientemente fue sometido a prisión preventiva por la Jueza Federal de Sáenz Peña. Se trata de un abogado porteño que habría actuado como asesor y financista de Patricio Gorosito, a quién se indica como el principal organizador de una empresa criminal que traficaba cocaína a España y Portugal a través de embarques de carbón vegetal que partieron de Quitilipi, desde un depósito privado autorizado por la Aduana en la tarea de consolidar los paquetes, que es un dato clave para la investigación. Lo más llamativo del caso es que el vehículo, de una reconocida marca de origen sueco, estaba en la playa de estacionamiento de la Casa de Gobierno sin que estuviera precintado con fajas de seguridad, por lo que es razonable pensar que no solo el Director de Drogas usaba el automotor secuestrado por orden judicial. Este dato no es menor porque refleja una matriz de funcionamiento al margen de la ley.

En un resonante caso de secuestro de estupefacientes, que fuera transportado en una camioneta oficial que se encontraba a cargo del diputado provincial oficialista Egidio García, fue detenido un hijo de dicho legislador, quién se encargó de lanzar duras acusaciones contra funcionarios de la cartera de gobierno por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Demostrando que tenía un acabado conocimiento del tema, fue explícito en sus manifestaciones públicas cuando señaló la estructura estatal que estaría vinculada con el narcotráfico. El diputado Egidio García habló de la narcopolítica.

En el Gran Resistencia se registraron, en los dos últimos años hechos criminales, con muertes de jóvenes en algunos barrios y asentamientos, que objetivamente revelan que los grupos entraron en confrontación y lucha por el control territorial, fenómeno que amenaza con extenderse hacia otras zonas del área Metropolitana, en un proceso sin retorno si no se adoptan urgentemente medidas preventivas y correctivas en lo político, judicial y policial.

 

Voces de advertencias que no fueron escuchadas

 

Durante los últimos años personas, grupos, sectores y organizaciones intentaron advertir al gobierno de turno sobre lo que estaba ocurriendo, si es que no sabían que el narcotráfico se estaba instalando en Chaco, cuyo territorio tiene una ubicación geográfica estratégica para todo lo que sea narcotráfico y lavado de dinero. Repetidamente intentamos plantear esta problemática. A través de sucesivos documentos, que fueron difundidos por varios medios locales de comunicación, tratamos de dar a conocer los hechos y los movimientos que se venían acumulando con el objetivo de instalar el narcotráfico en Chaco. En algunos casos los poderes y funcionarios públicos permanecieron en silencio y, en otras ocasiones, negaron o minimizaron lo que estaba ocurriendo. Mostramos al gobierno la realidad que no quería reconocer. Y ahora empiezan a cumplirse algunas predicciones.

Una buena ocasión para mejorar la gestión contra el narcotráfico fue en oportunidad del asesinato de “Marianito”, ocurrido el día de doble homicidio en manos de sicarios, que descubría los vínculos locales entre narcotraficantes, policías y sicarios. La condena a Gustavo Encina, por el asesinato de Fernando Rodas, confirmó la existencia y operación en la provincia de sicarios vinculados con el tráfico de estupefacientes. Como consecuencia del día del doble homicidio el Centro Mandela publicó un documento por medio del cual realizamos un repaso de los hechos que comenzaron con los asesinatos de Rodas y de Mariano Rafael Benítez, alias “Marianito”. En esta época, el comisario Risso Patrón se desempeñaba como jefe interno de la alcaldía de Resistencia. Según la causa penal, habría mantenido estrechas relaciones con varios presos, especialmente con Alejandro Saucedo, a quién otros internos señalaron como el ideólogo de la muerte de “Marianito”, a través de denuncias que efectuaron y testimonios recogidos en la causa penal. En una de las declaraciones se hizo referencia concreta de que Saucedo dio la orden, por celular, para que ejecutaran a “Marianito”. El objetivo era terminar con la competencia en el tráfico de drogas.

Los medios de comunicación señalaron que un documento del Centro de Estudios Nelson Mandela, fechado el 2 de junio, advertía que en la provincia “se reproduce aceleradamente el auge del narcotráfico”, mientras dábamos cuenta del entramado que enlazaba a policías con presos, además de una descarnada competencia por la venta de drogas. Planteamos entonces que Chaco estaba en camino de su propia mexicanización, señalando los claros y contundentes signos de tal proceso ya que comenzaron a conformarse los cárteles de la droga y se produjeron algunos ajustes de cuentas a través de sicarios y de incendios. Cuando esas advertencias se hicieron públicas habían pasado ocho meses de los dos crímenes separados sólo por algunas horas y cuyas características estaban vinculados con la venta de drogas. Resaltamos, en ese entonces, sobre la necesidad de reconocer el fenómeno y de diseñar los planes para enfrentar la grave situación, lo que lamentablemente fue desoído por el gobierno.

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