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Dic 06 2011

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SE VIOLÓ EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES Y PROTESTAS PÚBLICAS

“Centro Mandela DD. HH.”

Represión. Otro miércoles negro.

SE VIOLÓ EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES Y PROTESTAS PÚBLICAS

En el mes de marzo de este año la Ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré presentó ante los ministros de seguridad de las veintitrés provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también ante los jefes de todas las fuerzas de seguridad del país, un Acta-Acuerdo en el que se establecieron las bases y las pautas de actuación de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones y protestas sociales en los espacios públicos. Los objetivos que se destacaron en el discurso institucional fueron el respeto y la protección de quiénes participen en tales manifestaciones, reduciendo las consecuencias que causan la protesta social en los derechos de la comunidad y en los bienes de los particulares y del Estado.
El espíritu del Protocolo fue “la voluntad de no reprimir la protesta social, de garantizar la libertad de expresión y de atender las causas de los conflictos por vías políticas y no violentas de entendimientos”.En la reunión protocolar quedó muy en claro que el gobierno nacional mantiene la decisión política de no reprimir la protesta social.

Violaron el Protocolo Garré

Se repiten los miércoles negros en Chaco, bajo un régimen de alternancia política. La vez anterior se produjo alrededor de la cámara de diputados porque el gobierno de Ángel Rozas sancionó cuatro leyes de ajustes. En aquella oportunidad, el ministro de gobierno era Roy A. Nikisch. Se concretó un festival represivo de la policía de Markovich. El propio jefe de policía de entonces estuvo en el lugar de los hechos, dirigiendo el operativo. Fue un escándalo de enormes proporciones, que tuvo una gran repercusión y que luego incidió en la alternancia política.  Esta vez la represión sometió a dirigentes y militantes de UPCP y de otras organizaciones gremiales y sociales hermanas. El operativo policial no derivó de la decisión del vicegobernador, aunque así se aparentó. Le correspondió la tarea de difundir la decisión institucional que se había tomado. La orden fue defendida por el ministro de gobierno, quién calificó al procedimiento como “altamente profesional y respetando a rajatabla el Protocolo de actuación policial en manifestaciones públicas”,  refiriéndose al Acta-Acuerdo Garré. Sin embargo, ha sido evidente que se produjeron violaciones sistemáticas de las pautas claramente establecidas en el citado instrumento.

Según el Protocolo, se buscaría garantizar el control del tránsito para minimizar los inconvenientes para personas que no participen de la protesta, reduciéndose la posibilidad de hechos de violencia con los manifestantes. La realidad fue al revés porque el personal policial actuó en forma violenta para dispersar a los manifestantes, arrasando con la infantería y los grupos especiales, mediante el uso de bastones, escudos, gases y balas de goma. Se extremó el uso de la fuerza y la violencia con el pretexto de habilitar el tránsito en la esquina de Mitre y Marcelo T. de Alvear, donde paradójicamente se producen manifestaciones y cortes de tránsito sin que se utilizaran métodos violentos de desalojos. Esto también quedó en evidencia ante la masiva manifestación que se efectúo al día siguiente del miércoles negro, que se organizó para protestar contra la represión policial del día anterior.

Las pautas violadas

El Protocolo establece claras pautas en materia de negociación del conflicto que deriva de las manifestaciones públicas. Dispone que se agotaran todos los recursos para garantizar la resolución de los conflictos que no impliquen daños a la integridad física de las personas. Por ello, las intervenciones de los cuerpos policiales especiales deben ser progresivas, comenzando por el diálogo con los organizadores de la manifestación. La negociación no debe quedar en manos de quién conduzca el operativo policial. Cuando las protestas sean programadas o con amplia concurrencia, o cuando se prevean riesgos potenciales, el poder ejecutivo debe designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones y de hacer cumplir las normas. Sin embargo, la negociación se desarrolló entre quién oficiaría luego como jefe del operativo policial, comisario mayor Jorge Franco, que es un comando entrenado para el manejo de otros conflictos y el secretario general de UPCP José Niz. Luego del diálogo que entablaron, al negarse los manifestantes a habilitar media calzada para que se restableciera el tránsito por Marcelo T. de Alvear, se desplegaron los grupos de choques y comenzaron los forcejeos, empujones, palazos, gases, corridas, detenciones y todas las restantes prácticas que el Protocolo pretende desterrar. Fue muy claro el objetivo del procedimiento policial destinado a disolver la manifestación y no a defender y proteger a los manifestantes, a los terceros ajenos a la protesta y a los propios policías.

Tampoco se agotaron los recursos para resolver pacíficamente el conflicto ya que no se intentó negociación alguna con funcionarios políticos del gobierno. Se dejó en manos de la propia policía una acción clave en el desarrollo y resolución pacífica de este tipo de conflicto, a pesar de que se sabe que el personal policial no está entrenado para actuar como negociadores en estas situaciones y que su intervención muchas veces lejos de calmar a los manifestantes enervan y descontrolan aún más los ánimos. Esto se observó nítidamente en el diálogo entre el comisario Franco y el secretario general de UPCP. Además, llamó la atención el escaso tiempo de negociación que existió entre el inicio de la manifestación y el desalojo violento. Pasó menos de dos horas. Alrededor de las diez de la mañana se inició el operativo policial de desalojo. Muy poca tolerancia y paciencia por parte de quienes ordenaron y ejecutaron el desalojo, lo que compromete en forma directa al poder político.

Tendencia a la violencia

El Protocolo señala que la responsabilidad operativa y la de control deben recaer en funcionarios policiales diferentes. No se pudo verificar si efectivamente se cumplió esta pauta. No quedó en claro quién era el jefe del operativo. Si fue el subjefe de policía Alegre, como difundieron los medios de comunicación o si fue el Director de Seguridad Metropolitana, comisario Franco. En cualquier caso, estos dos funcionarios deberían tener asignadas funciones de control y de supervisión, y no funciones operativas como se vio en los momentos previos a la mayor violencia y durante el desarrollo del desalojo, ya que son dos funcionarios de máximas jerarquías en la fuerza policial, porque son segundo y tercero en el orden jerárquico.

En cuanto a la intervención policial propiamente dicha, en la faz operativa, vale señalar que muchas pautas del Protocolo no fueron respetadas. Se notó inexperiencia, falta de coordinación y desorden generalizado en las acciones disuasivas y en las detenciones de los manifestantes, lo que puso superficie los errores de conducción del procedimiento. Se pudo ver a manifestantes que eran arrastrados por policías uniformados y de civil. Se sabe que no pueden participar en los operativos los policías que se encuentran bajo investigación por casos anteriores de uso excesivo de la fuerza; no obstante ello, esta regla no se cumplió, especialmente en lo relacionado con personal del Gemo y de infantería. Se reconoce que se debe brindar capacitación previa del personal que intervenga en el manejo de la protesta pública. Quedó en evidencia que la formación actual es absolutamente deficiente y no se tiene conocimiento de un plan de capacitación específico en el control de manifestaciones bajo la aplicación del Protocolo. Como ejemplo desopilante y sintetizador, sobresalió uno de los agentes uniformados corriendo a los manifestantes con una especie de palo recortado, similar a un trozo de palo de escoba. Sorprendió que luego de una corrida, el personal golpeara a una persona de civil de la propia fuerza. Agentes uniformados muy jóvenes lo desconocieron. Luego fue liberado por la intervención de un oficial jefe, que ordenó dejar de golpearlo en el piso a varios policías uniformados y de civil. Además de sorprendente, esto puso en evidencia que actuó personal no uniformado, con tendencia a ser violentos, contradiciendo las pautas protocolizadas por Garré. Intervinieron grupos de civiles, algunos con chalecos reflectivos de color naranja, que colaboraban en las corridas y detenciones de los manifestantes. Podrían ser grupos parapoliciales o bien alumnos de la escuela de policía. Es una falta muy grave, cometida por quienes planificaron y ejecutaron el operativo policial.

El Protocolo establece claramente la prohibición de portar armas de fuego. El personal que interviene no puede disponer de municiones de poder letal. Está prohibida la utilización de pistolas lanzagases. No obstante esta pauta muy clara, se vio claramente a numerosos integrantes del personal policial uniformado con sus armas habituales. El Protocolo manda que las postas de goma solo pueden ser utilizadas con fines defensivos, en casos de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente, no debiendo ser utilizadas para dispersar una manifestación. No obstante lo que dispone esta regla, se efectuaron disparos de postas de goma para dispersar a los manifestantes y perseguirlos hacia la Plaza 25 de Mayo.

Los que protestaban no portaban armas. Las sillas que  arrojaron sobre los grupos de choque, que se protegían con escudos, eran de material plástico y liviano, lo que no generaba mayor peligro de ocasionar daño físico al personal policial. Las lesiones de los efectivos policiales fueron evidentemente producto de forcejeos, escenas de pugilatos y de peleas callejeras, impropios de una actuación policial profesional. No se observó que los policías estuvieran en peligro inminente de ser lesionados o atacados con armas o elementos contundentes.
El Protocolo ordena que los agresivos químicos y antitumultos solo pueden ser utilizados en última instancia y como último recurso. A pesar de esta pauta, se observó el uso desproporcionado de pistolas lanzagases en los grupos de choque que avanzaban sobre los manifestantes con el objeto de dispersarlos. Se utilizaron gases que están totalmente prohibidos. El Protocolo también obliga a que todos los policías que participen en el procedimiento deben portar una clara identificación en los uniformes, advertible a simple vista. Sin embargo, ningún policía tenía identificación visible.

Un desorden generalizado

Otra regla muy clara del Protocolo establece que el personal que participa del procedimiento será previamente individualizado y se registrará el armamento, la munición, los vehículos, los equipos y los aparatos de telefonía celular. No se cumplió esta regla, que no es usual en la práctica policial, porque además existen limitaciones administrativas y operativas para encarar plenamente este procedimiento. El texto ordena que se establezcan con claridad los canales de comunicación de las fuerzas policiales y que se registren las comunicaciones. No se pudo determinar si efectivamente esto se cumplió, aunque vale resaltar que la fuerza policial no cuenta con equipamiento para registrar todas las comunicaciones en un operativo.
El Protocolo dispone que en operativos programados se instalarán barreras físicas (vallas) que ayuden a preservar la integridad física de los manifestantes y de los efectivos policiales. No se usaron tales vallas para separar a los manifestantes y a los policías en calle Marcelo T. de Alvear. En todo momento los manifestantes y los efectivos policiales estuvieron enfrentados, cara a cara. Además, contempla que en los casos en que no existan riesgos para el personal, los cuerpos especiales (policía montada, canes, infantería) deben mantenerse a distancia prudente de los manifestantes y deben intervenir en los casos en que las condiciones lo exijan. Sin embargo, los cuerpos especiales intervinieron desde un primer momento en el desalojo.
El Protocolo prohíbe expresamente la utilización de móviles que no se encuentren debidamente identificados. Si se producen detenciones, deben ser trasladados en patrulleros o vehículos específicos. Se observó que al menos José Niz fue detenido y trasladado en una camioneta no identificable.
El Protocolo ordena que se velara por el respeto de grupos que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, jóvenes, mujeres, ancianos, pueblos originarios y personas con capacidades diferentes. No se respetó, en lo más mínimo, esta recomendación. Fue una de las quejas más escuchadas de los manifestantes por el uso de la violencia sobre estos sectores  que participaban de la manifestación.
El Protocolo ordena que los efectivos de seguridad deben garantizar la actividad periodística. Ordena que los periodistas no podrán ser molestados, detenidos, ni trasladados, y que el personal policial no deben realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios. Esta pauta no se cumplió con plenitud. No se preservó la actividad de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, los que sufrieron los efectos de las refriegas, gases y corridas.

Desgobierno de la seguridad pública

Venimos insistiendo, desde hace bastante tiempo, que el conflicto no solamente comprende el fenómeno del “autogobierno” de las fuerzas policiales, sino que el problema es mucho más grave. Se trata del desgobierno de la seguridad pública, derivado de las fallas -autónomas y compartidas- de los tres poderes del estado provincial y de la estructura nacional.

Los actuales funcionarios tienen que hacerse cargo de los errores propios frente a un proceso político de legitimación popular y continuidad jurídica del Estado, que no admite excusas ni desvíos de lo que la comunidad está exigiendo. Simplemente deben gestionar soluciones para brindar respuestas satisfactorias a las demandas sociales. Sin duda alguna, la seguridad pública es una materia pendiente de este gobierno y de los anteriores. Y aunque no se vislumbra, por ahora, una salida rápida frente a la crisis, es necesario instalar un amplio debate social y político para establecer parámetros eficientes de solución.

¿El modelo cierra con represión?

La represión frente a Casa de Gobierno desnudó una vez más la improvisación, el desconocimiento de elementales principios de convivencia democrática y la ausencia de políticas públicas de seguridad. Al mismo tiempo, puso en evidencia  la situación de profunda crisis y degradación de la institución policial.

Advertimos una posible escalada de violencia y de represión impulsada desde sectores del gobierno, con consecuencias imprevisibles. Vemos incertidumbres e incoherencias en el manejo político de la movilización y de la protesta social, a las que ven como conflictos. Al escenario político comprometido, se agrega una institución policial desmantelada, carente de una conducción atinada, con graves problemas de coordinación,  inexperta, sin capacitación y entrenamiento adecuados, desmotivados por condiciones laborales precarias y salarios de pobreza e indigencia, atravesada por hechos de violencia y de corrupción.

El año 2012 se presenta con posibles complicaciones de variados tipos. En lo que se refiere a la protesta en los espacios públicos, es posible que se repitan los actos represivos porque no saben aplicar correctamente el Protocolo Garré y por la extraordinaria inequidad salarial del sector público. Las limitaciones son institucionales, políticas y operativas. En cualquier caso, es probable que ingresemos a un período de  mayor tensión social. Los efectos de la inflación en la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario es un hecho que no se puede negar. Las posibilidades presupuestarias para el 2012 pueden generar mayores conflictos por los reclamos salariales. El impacto del costo laboral en el presupuesto será extraordinario, a pesar del notable incremento de los recursos de origen nacional y de la recaudación propia. Se ha incrementado descontroladamente el plantel del personal permanente y temporario, lo que posiblemente generará nuevas y grandes tensiones en búsqueda de aumentos salariales. Las cuestión es si la puja terminará en más represión.

Resistencia, 06 de diciembre de 2011.

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