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Dic 05 2011

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GRANDES IRREGULARIDADES EN CASA DE GOBIERNO

Nota presentada por el Foro por una Justicia Independiente  del Chaco

SEÑOR GOBERNADOR

DE LA PROVINCIA DEL CHACO

JORGE MILTON CAPITANICH

SU DESPACHO.-

 

REF.: EXPONEMOS CUESTION DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL. SOLICITAN MEDIDAS

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a raíz de la profunda preocupación que nos embarga como consecuencia de algunas de las graves circunstancias y cuestiones de gravedad institucional, que se han gestado en el ámbito del poder político luego de que se promovieran las acciones de inconstitucionalidad presentadas con el propósito de demostrar las ilegitimidades de orígenes, por los nombramientos irregulares de los Ministros del S.T.J. del Chaco RAMON RUBEN AVALOS, RICARDO FERNANDO FRANCO y ROLANDO IGNACIO TOLEDO.

En esta grave situación, que podría conspirar negativamente contra los resultados pretendidos en oportunidad de dictarse el Decreto Marco Nº 2851/09, es que solicitamos se adopten las medidas institucionales que correspondan, repetimos que por mediar una de notable gravedad institucional, cuyas bases son las que pasamos a exponer a continuación:

(1)

BREVE SINTESIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y DE LAS CUESTIONES DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL QUE YA SE HAN GESTADO O PRODUCIDO

DECRETO MARCO Nº 2851, del 23/12/2009

Mediante este Decreto, se instruyó al Ministro de Gobierno para que arbitrara los “mecanismos políticos, institucionales y legales para la justa interpretación de los arts. 158, 167 inc. 1 y 174 de la Constitución Provincia, con el objetivo de que se solicitara la declaración de nulidad y/o inconstitucionalidad  de toda ley y/o normativa que llevaron a los nombramientos de los Dres. Ramón Rubén Ávalos, Ricardo Fernando Franco y Rolando Ignacio Toledo, y que “las acciones, planes y programas serían puestos en ejecución a través de Decretos del Poder Ejecutivo.”.

ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA

Las acciones de inconstitucionalidad fueron iniciadas por el Fiscal de Estado Subrogante, Dr. AGUIRRE HAYES. Luego de integrado el Tribunal, se dispuso el traslado de la demanda al Consejo de la Magistratura y a los tres jueces cuestionados.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA CON ANTERIORIDAD

CAUSA“GAIT JORGE ANTONIO; ROMANUT, AMILCAR RODOLFO Y MULLER, GUSTAVO ADOLFO S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD” EXPTE. Nº 42857/1997, S.T.J.Ch.

Los demandantes iniciaron una acción  de inconstitucionalidad contra los tres jueces cuestionados, radicándose el Expediente en el propio Tribunal Superior de Justicia, en función de sus facultades originarias. Luego de integrado el Tribunal, se dispuso el traslado de la demanda al Fiscal de Estado.

INTERVENCION DEL FISCAL DE ESTADO,  DR. JOSE OSVALDO SIMONI.

El Dr. Simoni respondió la demanda referida anteriormente. Irregularmente sostuvo la CONSTITUCIONALIDAD de las designaciones de los Jueces AVALOS, FRANCO y TOLEDO, pese a que en la causa luego iniciada por el Dr. AGUIRRE HAYES se excusó, mediante los fundamentos expresados en el Dictamen Nº 103, de fecha 23 de marzo de 2010.   

DENUNCIA PENAL EFECTUADA CONTRA EL DR. SIMONI

Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, los Sres. MULLER, GAIT y ROMANUT formularon una denuncia penal contra el Fiscal de Estado, por el posible delito de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, causa que inició su tramitación ante la Fiscalía de Investigación Penal Nº 9, a cargo de la Dra. MIRTA NOEMI MANSILLA.

CAUSA GAIT-ROMANUT- MULLER: TRASLADO DE LA DEMANDA AL GOBERNADOR

Ante la irregular intervención del Dr. SIMONI, los accionantes, GAIT, ROMANUT y MULLER solicitaron que la demanda de inconstitucionalidad fuera objeto de traslado al GOBERNADOR, fundamentándose la pretensión en lo dispuesto por el art. 141 de la Constitución Provincial, dado que la acción fue promovida atacando Decretos del Poder Ejecutivo.

Los demandantes, como HECHO NUEVO, introdujeron la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Dr. AGUIRRE HAYES. Solicitaron la acumulación de causas producto de una muy buena estrategia procesal. El Tribunal rechazó el planteo de acumulación,  pero ordenó correr traslado de la demanda al GOBERNADOR, lo que nos pareció una decisión procesal trascendente y vital para la consecución de futuras sentencias que sean dictadas conforme a las pautas constitucionales en materia de designación o nombramiento de jueces. Entendíamos, y hoy reafirmamos nuestra convicción, que era indispensable que se corriera tal traslado justamente para evitar dictados de pronunciamientos que pudieran violar la letra y el espíritu de la Constitución, imposibilitándose –de ese modo- el dictado de sentencias contradictorias y amañadas.

La demanda fue notificada al GOBERNADOR el 12 de Octubre de 2010, por CEDULA. De inmediato, la Dra. Gabriela Sclippa, que integra el Dpto. de Legal y Técnica de la Gobernación, que depende del Dr. PEDRO MIRÓ, inopinadamente remitió la referida cédula (con copia de la demanda) al Fiscal de Estado Dr. Osvaldo Simoni, a pesar del marco preexistente de excusaciones, con lo cual se desperdiciaron días del plazo perentorio para contestar demanda.

EXCUSACIÓN DE SIMONI

El 13 de octubre de 2010, el Dr. Simoni devolvió las actuaciones, informando lo siguiente: “… La Fiscalía de Estado (ha) contestado el traslado conferido en la demanda incoada, y en virtud de lo manifestado en el Dictamen Nº 103 de fecha 23 de marzo  de 2010 que se adjunta, se sugiere que el Sr. Gobernador de la Provincia del Chaco asuma intervención en la causa de referencia con el patrocinio del Sr. Asesor General de Gobierno.”.

DESIGNACION DE ANGEL E. AGUIRRE HAYES, COMO PATROCINANTE DEL GOBERNADOR

El 14 de octubre de 2010, el Dr. PEDRO MIRÓ remitió las actuaciones al Dr. Miguel Armando Garrido, quién el 20 de octubre se excusó de intervenir en la causa, remitiendo nuevamente las actuaciones al Dr. Pedro Miró, proponiendo que fuera designado el Dr. ANGEL EDGARDO AGUIRRE HAYES en el carácter de letrado patrocinante del GOBERNADOR.

FINALMENTE, mediante el Decreto Nº 2102, del 26 de octubre de 2010, se designó al Dr. AGUIRRE HAYES en el carácter de letrado patrocinante del GOBERNADOR.

Consideramos como factor FUNDAMENTAL de este instrumento legal que TAXATIVAMENTE consignara que AGUIRRE HAYES debía RESPONDER LA DEMANDA en los autos caratulados: “GAIT JORGE ANTONIO; ROMANUT, AMILCAR RODOLFO Y GUSTAVO ADOLFO MULLER S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD” EXPTE. Nº 42857/1997, EN TRÁMITE ANTE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL CHACO.

Entonces, ninguna duda cabe que el Decreto Nº 2102 estableció el mandato legal irrevocable de que el Dr. AGUIRRE HAYES debía patrocinar la contestación de demanda que sería firmada por el GOBERNADOR, como carga inexcusable ante el traslado de la acción entablada en la causa MULLER.

LA ACTUACION DEL DR. AGUIRRE HAYES

En el término para contestar demanda, el Dr. AGUIRRE HAYES entregó el proyecto de responde al Dr. Miguel Armando Garrido, para la posterior firma del GOBERNADOR. Antes del vencimiento del plazo para presentar la referida contestación de la acción, el Dr. PEDRO MIRÓ resolvió que no se contestaría la demanda, sin dar mayores explicaciones, ni basado en un nuevo instrumento legal que modificara lo establecido por el Decreto Nº 2102, que se encontraba plenamente vigente.

Como consecuencia de los sucesos irregulares que se producían, en particular el puntualizado en el párrafo anterior, el día 12 de noviembre de 2010 el escrito de contestación de demanda fue nuevamente presentado, esta vez por Mesa de Entradas de la Asesoría General de la Gobernación, con el propósito de que fuera firmada por el GOBERNADOR, teniéndose presente que el día 17 de noviembre de 2010 vencía el término para contestar la demanda.

UN FINAL CONTRARIO A DERECHO Y A LA CONSTITUCION:

LA DEMANDA NO FUE CONTESTADA !!!

Finalmente, la demanda no fue contestada; sin embargo, el 30 de noviembre de 2010 -cuando el término para contestar la acción ya se encontraba vencido- se dictó el Decreto 2377, a través del cual se revocó el Decreto 2102, de designación del Dr. AGUIRRE HAYES como patrocinante del GOBERNADOR, designándose en su reemplazo al Fiscal de Estado Dr. Osvaldo Simoni. De esta manera se sumaban las graves irregularidades ocurridas en el seno del poder político, con profunda afectación institucional y consecuencias negativas impredecibles a futuro, por la sola, única y exclusiva responsabilidad del poder ejecutivo, aunque con intervenciones netamente antijurídicas en los niveles equivalentes a Secretarios de Estado, lo que supone cargas y responsabilidades específicas y determinadas en el marco de la lesión institucional provocada.

Con el dictado del Decreto 2337, el P.E. incurrió en el grave vicio de desviación de poder, toda vez que por esta vía se ha pretendido sanear o purgar los desempeños posiblemente irregulares de los Dres. Pedro Miró y Osvaldo Simoni, ambos penalmente denunciados por el Dr. Muller. El primero, por no hacer suscribir la contestación de la demanda al Gobernador; y, el segundo, por no haberse excusado de intervenir.-       

LA CAUSA GAIT-ROMANUT-MULLER

IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL SENO DEL PODER EJECUTIVO

Mediante Dictámen 103 de fecha  23 de marzo de 2010, el Dr. Simoni alegaba no poder tomar intervención en la causa en la que finalmente debió promover el Dr. Aguirre Hayes, en calidad de Fiscal de Estado Subrogante, excusándose -entre otros fundamentos-, en lo siguiente “…en oportunidad de integrar el Consejo de la Magistratura, en representación del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores propicié la designación del Dr. Ramón Rubén Ávalos y consentí la del Dr. Ricardo Fernando Franco…”; sin embargo, no se excusó de intervenir al contestar la demanda de inconstitucionalidad promovida por el Dr. Muller y los restantes demandantes, lo que originó la promoción de la denuncia penal que se encuentra en trámite.

El Dr. Simoni, luego de contestar la demanda, se abstuvo de patrocinar al GOBERNADOR invocando las causales consignadas en el Dictamen  103, recayendo en una total y absoluta contradicción e incongruencia, toda vez que las casuales que invocara para no patrocinar al primer mandatario también le eran aplicables cuando irregularmente contestó la demanda, teniendo en cuenta –además- que se pretende anular, entre otras, la designación del Dr. Ávalos, en la que el Dr. Simoni tuvo una activa participación.-

Continuando con la mención de las graves anomalías institucionales detectadas, pese a la excusación del Dr. Simoni el Gobernador lo designó en reemplazo del Dr. AGUIRRE HAYES como abogado patrocinante en la causa Muller. Al respecto, el Fiscal de Estado nada dijo, consintiendo un decreto absolutamente irregular, dictado en el curso de un neto estadio de desviación de poder. De esta manera, la situación pasaba a convertirse en una verdadera aberración jurídica e institucional.

Lo actuado, inexorablemente, condujo a que el Gobernador violara el DECRETO MARCO Nº 2851, que fue un instrumento concreto de una política de estado específica y determinada, muy difundida a partir del inicio de la gestión del actual gobierno. La inobservancia de este Decreto ha sido flagrante porque cuando el Poder Ejecutivo dejara la causa Gait-Romanut-Muller en manos del Fiscal de Estado Dr. Simoni, suponemos que admitía o consentía la posición irrevocable y permanente que ha sostenido el referido Fiscal, oponiéndose a promover las acciones de inconstitucionalidad porque consideraba y considera que fueron y son constitucionalmente irreprochables los nombramientos de los jueces Ávalos, Franco y Toledo como Ministros del Superior Tribunal de Justicia, a pesar de que no rindieron concursos de antecedentes y de oposición, sino que simplemente fueron impulsados y designados por el poder político de turno, bajo la jefatura del ex gobernador ANGEL ROZAS.

Como lógica consecuencia de lo expresado hasta aquí, desde el punto de vista institucional, político y social, el Gobernador –quizás involuntariamente- puso en riesgo o, directamente, dañó las chances que hacen al progreso de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Fiscal Subrogante porque envía señales jurídicas, políticas e institucionales netamente contradictorias, que quitan credibilidad a las acciones entabladas, hasta probablemente degradarla. Y lo que resulta más absurdo, es el hecho de que el GOBERNADOR impulsara la sanción del Decreto Marco Nº 2851/09 para que se promovieran los juicios de inconstitucionalidad mientras contemporáneamente reconocería la constitucionalidad de los nombramientos de los tres jueces cuestionados al no haber contestado demanda mediante la serie de irregularidades cometidas en el seno del poder político, lo que constituye un verdadero disparate y quita toda seriedad a los procedimientos originarios destinados a destituir a los tres Ministros del S.T.J. que fueron nombrados a contrapelo de la Constitución.

Saludamos a Usted atentamente.-

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