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Dic 02 2011

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Graves denuncias contra los camaristas federales

Graves denuncias contra los camaristas federales

Viernes, 02 de Diciembre de 2011 14:59

por Centro Mandela
Las irregularidades atribuidas a los magistrados se originaron en la tramitación de un querella iniciada por el doctor Pedro Velázquez Ibarra contra el Fiscal General Federal Subrogante Luis Benítez, con funciones en Formosa, a raíz de injuria agravada cometida por éste integrante del Ministerio Público

Durante el juicio llevado a cabo por delitos de lesa humanidad en la causa “Colombo”, proceso que concluyera con la condena a veinticinco años de prisión del ex gobernador de facto en la vecina provincia Gral. Juan Carlos Colombo.

El delito imputado al querellado se produce inmediatamente después de concluir una audiencia de debate en dicha causa, a raíz de que ante una pregunta del doctor Velázquez Ibarra el testigo ex gobernador de Formosa doctor Vicente Joga precisó que el Secretario General del sindicato beneficiado con la concesión de un camping por parte del gobierno militar del Gral. Colombo era el padre del fiscal interviniente en el juicio, circunstancia en la cual el doctor Luis Benítez califica de “payaso” al abogado querellante, que además fue víctima del terrorismo de estado, testigo clave e impulsor de todas las actuaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos en esa época. La intempestiva e insólita agresión del representante del Ministerio Público Fiscal generó el inmediato repudio de la totalidad de los querellantes, víctimas, familiares y público asistente en la audiencia, incluido periodistas que dieron amplia difusión al escandaloso hecho.

Al reiniciarse la audiencia de debate, el doctor Velázquez Ibarra planteó recusación por causal sobreviniente contra el fiscal Benítez, siendo el requerimiento rechazado por considerar los integrantes del tribunal Drs. Eduardo Belforte, Mirta Yunes y Rubén Giménez que la ofensa fue proferida fuera de la audiencia. En el mismo sentido se pronunció el Procurador General de la Nación doctor estebanRighi, ante quien el fiscal admitió haber proferido el exabrupto, decidiendo no aplicar sanción disciplinaria alguna considerando que la ofensa fue realizada fuera el ejercicio de sus funciones, concluyendo que al ofendido le quedaba abierta la acción privada prevista en el código penal para perseguir la reparación de la injuria.

En tal contexto el doctor Velázquez Ibarra inicia querella criminal contra el fiscal Luis Benítez, siendo la misma rechazada en primera instancia por la conjuez doctora María Alfieri por considerar que el ofensor escapa a la punibilidad en razón de que su injuria fue proferida dentro del juicio, y por ende se encontraba amparado por la “inmunidad funcional”. La conjuez fue acusada por el querellante por diversos delitos en tanto su actuación se produjo en un estado de incompatibilidad y también correspondía su inhibición por su íntima amistad con el querellado, amén de que en calidad de apoderada del Banco Nación actuó, y actúa, defendiendo a contraparte del doctor Velázquez Ibarra en numerosos juicios.

Impugnado el fallo llegan las actuaciones a consideración de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia donde los Dres. José Luis Alberto Aguilar y Ana Victoria Order, quien actúa por subrogación, cambian lo que se conoce en el proceso como “plataforma fáctica” afirmando que el destinatario de la ofensa “payaso” fue en realidad el ex gobernador doctor Vicente Joga, y al no ser dada a publicidad la injuria corresponde aplicar el beneficio de la “excusa absolutoria”, alterando así inopinadamente también la “plataforma jurídica” del caso, al mismo tiempo que en la parte resolutoria resolvió confirmar el fallo de primera instancia lo que a criterio del querellante constituye una irracionalidad mediante la cual, para beneficiar al querellado, se dicta una resolución “esquizofrénica”, tipificándose la conducta de los magistrados intervinientes en diversos delitos penales en razón de constituir lo que calificada doctrina considera sentencia “dolosamente prevaricante”, atento a que los jueces dictaron la resolución de manera contraria a la ley expresa invocada en las actuaciones, citando para fundarla hechos falsos.

Al mismo tiempo, el querellante impugna la intervención del doctor Aguilar en razón de que, cumpliendo tareas en el ámbito del Ministerio Público dentro del Juzgado Federal de Formosa, amén de trabar una estrecha relación de amistad con el querellado fiscal Luis Benítez, intervino como defensor del Gral. Jorge Eusebio Rearte en la causa “Carrillo”, origen de todos los procesos por delitos de lesa humanidad perpetrados en Formosa, siendo este jefe militar imputado, detenido y procesado, a instancia del doctor Velázquez Ibarra por considerarlo responsables de su secuestro y participe personal en los interrogatorios con tormentos padecidos en el año 1976, cuando Rearte, con el grado de Mayor, se desempeñaba como Jefe de Operaciones en el Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa. El doctor José Luis Aguilar fue quien solicitó la excarcelación del represor, que también se desempeñó como Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación en el gobierno de Carlos Menem. Y por haber cumplido con la tarea de defensor en tales circunstancias, el doctor Velázquez Ibarra considera que el camarista Aguilar se debió inhibir de intervenir en el caso.

Denuncia penal y ante el Consejo de la Magistratura

Los agravios expuestos por el doctor Velázquez Ibarra comprenden también el rechazo del recurso de casación decidido por el integrante de la Cámara Federal doctor José Luis Aguilar, seguido por la jueza Spessot, con la disidencia de la doctora Ana Victoria Order, privándose así al querellante de la revisión del fallo por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal como paso previo a la intervención de la Corte Suprema, en consideración a los derechos y garantías constitucionales groseramente violados, de acuerdo a lo extensamente expuesto por el damnificado en su escrito de queja por la denegación del recurso de casación actualmente en trámite ante la Sala III del referido tribunal.

Pero la cuestión trasciende largamente los límites fijados en el marco procesal señalado, pues el doctor Velázquez Ibarra acompañado por el doctor Jorge Gait realizaron formal denuncia penal contra los magistrados Aguilar y Order ante el Juzgado Federal de Resistencia por los delitos que consideran cometidos en el ejercicio de sus funciones, formándose el expediente N° 249/11 del tribunal mencionado, siendo ya ratificada la denuncia ante el Conjuez doctor Horacio Alfredo Mansilla quien fue sorteado para intervenir debido a la excusación planteada por el titular doctor Carlos Skidelsky.

Ambos profesionales del derecho también denunciaron a los camaristas ante el Consejo de la Magistratura a fin de que se inicie el proceso de destitución de los mismos, formándose en éste organismo de la Constitución el expediente N° 222/2011, caratulado “Velázquez Ibarra Pedro S/ Actuación Dres. Aguilar José Luis y Order Ana Victoria”, quedando la instrucción a cargo del Consejero Dr. Marío Fera por sorteo.

Los cargos imputados a los magistrados denunciados, tanto en la acción penal como ante el Consejo de la Magistratura, son: abuso de autoridad; violación de los deberes de funcionarios públicos; prevaricato de hecho y prevaricato de derecho; fraude procesal y fraude en el proceso; encubrimiento agravado de delitos de acción pública; falsedad ideológica; mal desempeño en las funciones; falta de idoneidad para el cargo; violación de la ley de Ética Publica; afectación de derechos y garantías constitucionales y de derechos humanos del justiciables; corrupción de la administración de justicia y acuerdo doloso para privar de jurisdicción al querellante. Configurándose así responsabilidades civiles, penales y administrativas de los Drs. José Luis Aguilar y Ana Victoria Order concluye el doctor Pedro Velázquez Ibarra.

Como un detalle significativo en el marco de trascendencia y gravedad institucional denunciado, el fiscal Luis Benítez, a quien el denunciante considera se pretende garantizar impunidad, fue excluido de la lista de mérito para ocupar el cargo de Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa por no alcanzar el puntaje mínimo a tal fin en su examen ante el Tribunal Evaluador del Concurso N° 75 del Ministerio Público Fiscal Nacional, presidido por el Procurador General de la Nación doctor Esteban Righi. Fue precisamente subrogando este cargo que el fiscal querellado incurre en la injuria origen de la querella promovida por el doctor Velázquez Ibarra, durante la tramitación del juicio en la causa “Colombo”, originada en la megacausa “Carrillo”, iniciada por acusación del querellante al ex gobernador de facto de Formosa.

Conforme sea el resultado de tan graves denuncias, el caso podría constituirse en emblemático a la hora de ponderar la conducta de los jueces en su actividad jurisdiccional.

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