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Dic 31 2012

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El Centro Mandela marca puntos oscuros en el aumento del boleto de colectivo

Sospechas por los lobbies empresarios y los estudios de costos

 

 

El Centro de Estudios Nelson Mandela cuestionó la forma en que se autorizó a las empresas de colectivos un incremento en el precio del boleto que pagan los usuarios del transporte público, y marcó zonas oscuras en los trámites llevados adelante para permitir el incremento en las tarifas.

En un documento difundido por la ONG que coordina el abogado Rolando Núñez, se habla de las expresiones y rectificaciones de algunos funcionarios sobre los lobbies empresarios y de la total falta de certificación que las autoridades realizan sobre los datos que las compañías presentan cada vez que reclaman un boleto más caro.

Muchos interrogantes

El Centro Mandela señala que el meollo de la cuestión está en el modo en que se calcula el precio del boleto “ya que nadie o pocos conocen los supuestos estudios de costos que han sido realizados por la empresa y aprobados por el municipio y la Dirección de Transporte. Esto sería así según repetidas declaraciones de usuarios, ediles municipales y el propio defensor del pueblo”.Luego agrega que “un caso particular sería el del concejal Barbetti, que mencionó haber sufrido presiones, que luego desmintió, que lo habrían obligado a aprobar la ordenanza por la cual se aumentó el boleto. Así lo difundió por algunos medios de comunicación, algo que sor¬prendentemente no condujo a su destitución por debilidad moral. Una posible grave irregularidad que nuevamente pasa desapercibida para la comunidad”, advierte.

En cuanto a los estudios de costos, marca que un aspecto clave es la relación entre la cantidad de pasajeros que se transportan por cada kilómetro de recorrido. “¿Se sabe, con exactitud, cuán¬tos pasajeros son transportados diaria, semanal y mensualmente? ¿Se conoce quiénes son los que verifican la cantidad exacta de pasajeros transportados? Estas dos preguntas generan, por lo menos, grandes dudas en un tema que es vital para la determinación de los costos de las tarifas y el precio del boleto dado que del total de los costos de las empresas menos los ingresos (boletos y subsidios) surge la diferencia de valor que el usuario financia cuando paga el boleto. Para comprenderlo de manera sencilla: a mayor cantidad de usuarios se paga menos tarifa”, explica la ONG.

Sin controles

Al respecto el documento señala que “para determinar el precio del boleto la Municipalidad y la Dirección de Transporte toman como ciertos los datos incorporados a las declaraciones juradas que confeccionan y presentan las empresas, que unilateralmente y sin un control real, continuo y eficiente, informan sobre la cantidad de pasajeros transportados”. “Por lo tanto -agrega- , los datos suministrados no son objeto de corroboración, por lo que es posible que generen dudas por la falta de certeza plena. No puede perderse de vista que al empresario le conviene declarar menos pasajeros para cobrar mayores tarifas, que cuando se incrementan dañan sustancialmente la precaria economía familiar de amplios sectores sociales chaqueños”.

A esto suma “la estrategia de las empresas para lograr la aprobación de los aumentos de los precios de los boletos, que repetidamente refieren a medidas de fuerza de los trabajadores porque no se les podría pagar sus salarios, es

una metodología que fue usada de manera continua y por consenso de los sectores involucrados, que luego se transforman en presiones que son aceptadas alegremente por las autoridades. El minué es muy repetido, mientras lo pagan los usuarios”.

Gestiones decepcionantes

El Centro Mandela plantea que las autoridades “debieran realizar, en lo inmediato, un verdadero censo de pasajeros mediante encuestadores que estudien el movimiento en distintos horarios y temporadas, con metodologías apropiadas. Si no consideraran apropiado hacerlo de esta manera, debieran disponer la instalación de las máquinas expendedoras de boletos porque graban en su sistema informático la cantidad de pasajeros transportados que después debe ser verificada a través de sistemas seguros, que eviten la compra de voluntades o, directamente, la corrupción”. “Esto debe hacerse de manera urgente dado que es de suponer que los responsables públicos desconocen la real cantidad de pasajeros transportados. No saben si las declaraciones juradas son objetivas o se encuentran falseadas, de tal modo que no se cuenta con un sistema de verificación de costos que permita confirmar la legitimidad del aumento salarial requerido por los empresarios”, añade.

Por eso también objeta que “desde el año 1995 se prohibió que los choferes vendan boletos por una cuestión de seguridad en la conducción y de preservación de las condiciones psicofísicas del trabajador, potencialmente afectadas por la doble tarea” y que el incumpliento de esa pauta de trabajo “no ha sido motivo de un reclamo cont¬nuo por parte del gremio, lo que no parece muy justificado”.

¿Financiamiento electoral?

“Tampoco los empresarios se apresuraron a cumplir con esta premisa; suponemos que por un simple interés. Y la autoridad de aplicación miró para otro lado. No se preocupó en implementar la instalación de las máquinas expendedoras. De esta manera, el Chaco es una de las pocas provincias que no tiene en vigencia este sistema, aun cuando en la última etapa del gobierno de Nikisch se licitaron todas las líneas interurbanas y luego, durante la gestión de Ayala, las líneas municipales”, agrega. “Entonces -culmina el documento-, la pregunta clave es la siguiente ¿por qué no se licitaron las líneas con la obligación de que las empresas instalaran las máquinas expendedoras? Otra pregunta importante es la que sigue: ¿por qué el gremio no cuestiona esta metodología? Quizás las respuestas posibles a tales interrogantes tengan que ver con los aumentos que castiga los bolsillos de los sectores menos pudientes de la comunidad y el financiamiento de parte de las campañas electorales del año que viene, que se supone será intensa y demandará la contratación de muchos colectivos”.

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