«

»

Dic 31 2012

Imprimir esta Entrada

Centro Mandela denuncia grave irregularidad que conspira contra funcionamiento judicial

El coordinador del Centro Nelson Mandela, doctor Rolando Núñez hizo público ayer una situación que considera de gravedad institucional que conspira contra el buen funcionamiento judicial.

En una nota dirigida a la titular del Poder Judicial del Chaco, doctora María Luisa Lucas, expone que ante solicitudes concretas cursadas por los Tribunales de Resistencia a los efectos de que conduzcan a prestar declaración a los testigos remisos con el auxilio de la fuerza pública, en reiteradas oportunidades la Policía del Chaco respondió que los testigos “no son conducidos a esa instancia debido a que los vehículos policiales cuentan únicamente con seguros contra terceros, que no cubre los siniestros de las personas transportadas”.

El abogado cita como ejemplo que refleja la grave irregularidad, las constancias de fojas 232 de la causa “Bastiani, José Julio y Mónica Silvero s/ Beneficio de Litigar sin Gastos”, expediente 7966/10, del Juzgado Civil 14 de esta ciudad, que saliera en lista el pasado 30 de Noviembre de este año.

Núñez sostiene en su nota que “la crudeza de las expresiones oficiales de la autoridades policiales, no cabe duda alguna que lo afirmado debe ser cierto y que responde a decisiones adoptadas en el seno del Poder Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Gobierno y con más precisión en la órbita de la Secretaría de Seguridad, a propósito de la vigencia de la cuestionada ley de Seguridad Democrática, que entre otras cuestiones ha establecido que la administración general y el comando estratégico de la Institución policial han quedado a cargo del Secretario de Seguridad, como facultades exclusivas de este funcionario”.

Para el Centro Mandela existe una responsabilidad patrimonial objetiva que tienen el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en los casos de siniestros o accidentes en que resulten lesionadas o fallecidas el personal policial y las personas transportadas en los automotores policiales cuando son privadas de su libertad y los que ya se encuentran alojados en los establecimientos policiales, penitenciarios o carcelarios del sistema provincial, en ocasión de ser trasladados de tales lugares, especialmente cuando deben ser llevados a los tribunales y a las fiscalías intervinientes donde se tramitan las causas penales y contravencionales.

Por lo tanto, ante la evidencia -grave y preocupante- que suponen los hechos mencionados, resta la inmediata intervención institucional del Superior Tribunal del Justicia ante el Poder Ejecutivo para que de manera urgente resuelva el conflicto que afecta integralmente la prestación del servicio de justicia y genera un régimen agravado de responsabilidad del Estado frente a posibles y concretos hechos dañosos que luego deben ser indemnizados con dineros públicos.

Finalmente, Núñez remarca que “los administradores de los recursos públicos han mostrado muy poca responsabilidad y nula austeridad, lo cual ha quedado aún más nítidamente demostrado cuando no contrataron seguros para dotar de cobertura a las personas transportadas en los automotores policiales. Por sus posibles consecuencias, el tema es de gravedad institucional, aunque permite advertir a las restantes autoridades y a la opinión pública como se manejan irresponsablemente muchos funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan los cargos de mayor nivel y jerarquía en la Provincia del Chaco”.

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=3557