«

»

Dic 31 2012

Imprimir esta Entrada

LA VERDAD SOBRE EL AUMENTO DEL PRECIO DEL BOLETO DE COLECTIVO

Se viene debatiendo y cuestionando el nuevo precio del boleto urbano y suburbano. El usuario debe pagar 3,25 pesos. Las protestas generalizadas fueron lógicas. Se sumaron casi todos los sectores vinculados con las clases populares. Estuvieron buenas las movidas organizadas para reclamar. Sobresalió las sorderas selectivas de las autoridades a pesar de que el valor del boleto afecta radicalmente la economía familiar. La sospecha de tráfico de influencias todavía perdura. Fueron manifiestas las inconsistencias de las explicaciones de las autoridades, sobretodo para tratar de justificar el incremento del pasaje.

La pregunta del millón

La pregunta que nos hacemos todos apunta no solo a los beneficiarios y a quienes autorizaron el incremento, sino a ¿cómo se determina y se calcula el valor del boleto? Es aquí donde está el meollo de la cuestión ya que nadie o pocos conocen los supuestos estudios de costos que han sido realizados por la empresa y aprobados por el Municipio y la Dirección de Transporte. Esto sería así según repetidas declaraciones de usuarios, ediles municipales y el propio Defensor del Pueblo. Un caso particular sería el del concejal Barbetti, que mencionó haber sufrido presiones, que luego desmintió, que lo habrían obligado a aprobar la ordenanza por la cual se aumentó el boleto. Así lo difundió por algunos medios de comunicación, que sorprendentemente no condujo a su destitución por debilidad moral. Una posible grave irregularidad que nuevamente pasa desapercibida para la comunidad.

Algunos saben sobre los rubros que componen el costo total del transporte de pasajeros; son los sueldos, las inversiones en material rodante, mantenimiento, combustible, impuestos y otros de menor envergadura e impacto, pero que deben ser considerados muy prolijamente. Los ingresos, además de los subsidios recibidos por las empresas, están conformados por el cobro de las tarifas.

La clave: ¿Cuántos pasajeros son transportados?

¿Se sabe, con exactitud, cuantos pasajeros son transportados diaria, semanal y mensualmente? ¿Se conoce quiénes son los que verifican la cantidad exacta de pasajeros transportados? Estas dos preguntas generan, por lo menos, grandes dudas en un tema que es vital para la determinación de los costos de las tarifas y el precio del boleto dado que del total de los costos de las empresas menos los ingresos (boletos y subsidios) surge la diferencia de valor que el usuario financia cuando paga el boleto. Para comprenderlo de manera sencilla, a mayor cantidad de usuarios se paga menos tarifa.

Nadie, o muy pocas personas y organizaciones sociales, saben sobre el número real de pasajeros transportados diaria, semanal y mensualmente. Muy pocos conocen lo que se denomina el factor pasajero-kilómetro, que incide fuertemente en los estudios de costos. Paradójicamente, para determinar el precio del boleto la Municipalidad y la Dirección de Transporte toman como ciertos los datos incorporados a las declaraciones juradas que confeccionan y presentan las empresas, que unilateralmente y sin un control real, continuo y eficiente, informan sobre la cantidad de pasajeros transportados. Por lo tanto, los datos suministrados no son objeto de corroboración, por lo que es posible que generen dudas por la falta de certeza plena. No puede perderse de vista que al empresario le conviene declarar menos pasajeros para cobrar mayores tarifas, que cuando se incrementan dañan sustancialmente la precaria economía familiar de amplios sectores sociales chaqueños, que tiene perfiles bien definidos por los bajos salarios promedio que perciben los trabajadores que laburan en blanco y, en mayor medida, los que se encuentran en negro, situación que se agrava y que resulta afligente en los sectores de los desocupados y subocupados, que aún con planes sociales y sustitutivos de empleos conforman -en conjunto- un alto nivel de pobreza e indigencia, que nos coloca entre las provincias más postergadas del país.

Por último, la estrategia de las empresas para lograr la aprobación de los aumentos de los precios de los boletos, que repetidamente refieren a medidas de fuerzas de los trabajadores porque no se les podría pagar sus salarios, es una metodología que fue usado de manera continua y por consenso de los sectores involucrados, que luego se transforman en presiones que son aceptadas alegremente por las autoridades. El minué es muy repetido, mientras lo pagan los usuarios.

La decepcionante gestión de las autoridades y de los gremios

Las autoridades deberían realizar, en lo inmediato, un verdadero censo de pasajeros mediante encuestadores que estudien el movimiento en distintos horarios y temporadas, con metodologías apropiadas. Si no consideraran apropiado hacerlo de esta manera, deberían disponer la instalación de las máquinas expendedoras de boletos porque graban en su sistema informático la cantidad de pasajeros transportados que después debe ser verificado a través de sistemas seguros, que eviten la compra de voluntades o, directamente, la corrupción. Esto debe hacerse de manera urgente dado que es de suponer que los responsables públicos desconocen la real cantidad de pasajeros transportados. No saben si las declaraciones juradas son objetivas o se encuentran falseadas, de tal modo que no se cuenta con un sistema de verificación de costos que permita confirmar la legitimidad del aumento salarial requerido por los empresarios.

Desde el año 1995 se prohibió que los choferes vendan boletos por una cuestión de seguridad en la conducción y de preservación de las condiciones psicofísicas del trabajador, potencialmente afectadas por la doble tarea. Esto, que fue una conquista sindical, no ha sido motivo de un reclamo continuo por parte del gremio, lo que no parece muy justificado. Tampoco los empresarios se apresuraron a cumplir con esta premisa; suponemos que por un simple interés. Y la autoridad de aplicación miró para otro lado. No se preocupó en implementar la instalación de las máquinas expendedoras. De esta manera, Chaco es una de las pocas provincias que no tiene en vigencia este sistema, aún cuando en la última etapa del gobierno de Nickish se licitaron todas las líneas interurbanas y, luego, durante la gestión de Ayala las líneas municipales. Entonces, la pregunta clave es la siguiente ¿por qué no se licitaron las líneas con la obligación de que las empresas instalaran las máquinas expendedoras?. Otra pregunta importante, es la que sigue ¿por qué el gremio no cuestiona esta metodología?. Quizás las respuestas posibles a tales interrogantes tengan que ver con los aumentos que castiga los bolsillos de los sectores menos pudientes de la comunidad y el financiamiento de parte de las campañas electorales del año que viene, que se supone será intensa y demandará la contratación de muchos colectivos.

Resistencia, 20 de diciembre de 2012

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=3550