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Oct 09 2012

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“Están presas cuatro personas con trastornos mentales en la Alcaidía”

Rolando Núñez, confirmó un Habeas Corpus que promovieron en beneficio de tales enfermos y la sentencia dictada por el juez Cima que dispuso el cese de la situación de presos de los mismos. Resta ahora que el Ejecutivo cumpla con la orden judicial.

 “Chaco y Argentina violan las pautas de tratamiento de enfermos mentales sometidos a medidas de seguridad. Cuatro personas que presentan trastornos mentales severos permanecen actualmente presas en la Alcaidía de Resistencia. Los poderes chaqueños, Judicial y Ejecutivo, tienen cabal conocimiento de esta larga y penosa situación”, señaló Rolando Núñez del Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela.

Y recordó que la acordada dictada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco el 19 de octubre del año pasado “plasmó en papeles esta trágica realidad, a propósito de la comunicación elevada por el juez de ejecución penal Nº 2 de la ciudad de Resistencia, quién a través del Oficio Nº 3785 oportunamente planteó a los ministros de la Corte provincial la situación de presos a que estaban sometidos, en ese momento, siete personas con alteraciones mentales”.

Aseguró que “el Gobernador Capitanich fue informado de esta aberrante situación, según consta en los archivos judiciales. Sin embargo, cuatro enfermos mentales continúan presos en la Alcaidía, con lo cual sistemáticamente se vulneran las pautas de tratamiento de tales enfermos cuando se encuentran sometidos a medidas de seguridad como consecuencia de haber entrado en conflicto con la ley penal”.

Para el Centro Mandela “los gobiernos, local y nacional, deliberadamente quebrantaron y continúan transgrediendo los derechos humanos de estas personas, que conviene reconocer que son incapaces de defenderse porque se ha naturalizado el apresamiento de los enfermos mentales en la Alcaidía de Resistencia”.

Afirman que ambas administraciones no cumplen con las pautas contempladas por las constituciones de Chaco y de Argentina y, especialmente, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incorporados a nuestro país en 1994, a través del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

“El escenario hallado es aberrante, no solamente por el hecho de que los enfermos mentales deban permanecer privados de su libertad en la Casa del Horror, que es la Alcaidía de Resistencia, sino fundamentalmente por la escasa voluntad política e institucional de los poderes de Estado de instrumentar soluciones estructurales para superar la grave e inaceptable situación de sometimiento y de vejámenes que atraviesan las personas con trastornos mentales que subsisten en condiciones de presos”, denuncia Núñez.

La sentencia

El primer día de octubre el juez de ejecución penal dictó la sentencia 328, a través de la cual hizo lugar a un habeas corpus que se iniciara en beneficio de cuatro personas que, a pesar de arrastrar trastornos mentales, se encuentran presas en la Alcaidía de Resistencia. Aunque la sentencia no fue integral ni plena, dispuso el cese del apresamiento de los cuatro enfermos.

“Este dato no es menor, sobre todo si se lo evalúa en un escenario de extrema vulnerabilidad y riesgos como es la Alcaldía de Resistencia, dado que allí se someten a los presos a mortificaciones diarias sistemáticas como consecuencia de que sus instalaciones están en ruina y colapsadas, por lo que dicho establecimiento hace bastante tiempo debió ser demolido”, marca Núñez.

No obstante el avance logrado, afirma que “se desaprovechó otra oportunidad para poner en mayor evidencia las innegables responsabilidades que en esta cuestión caben al poder ejecutivo y al poder judicial, que son de notable gravedad institucional, por lo sucedido y por lo que continúa ocurriendo en la Alcaidía. Han violado todas las pautas constitucionales y, fundamentalmente, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como también la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

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