«

»

Sep 25 2012

Imprimir esta Entrada

CRIMINALIZACIÓN DE LOS ENFERMOS MENTALES

CHACO

Si algo le faltaba a la Provincia del Chaco era que se criminalizara a los enfermos mentales, que son personas inimputables cuando entra en conflicto con la ley penal. Es aberrante que las personas que acarrean ciertas psicopatologías terminen presas, especialmente cuando son alojadas en la Casa del Horror, que es la Alcaidía de Resistencia.

A.M.F., de 20 años de edad, sometido a una medida de seguridad curativa por el poder judicial, está preso en la Alcaidía. Estaba alojado en el Pabellón 6, donde el pasado 26 de julio se produjo el último incendio en la Alcaidía, que se desencadenó y fue provocado en el marco de una requisa que efectuó el personal penitenciario. Antonia Acosta, madre de A.M.F. inició un habeas corpus contra el poder ejecutivo y el poder judicial del Chaco, fundamentando su planteo en que su hijo es esquizofrénico, retrasado mental y que acarrea un severo deterioro del comportamiento significativo, además de padecer una epilepsia de tipo no especificada. El cuadro de salud mental y orgánica de A.M.F. claramente demanda una asistencia médica múltiple, continua y permanente, de lo que lamentablemente está privado en su lugar de detención, que comparte con otros presos

Habeas Corpus contra actos lesivos del Estado

Antonia Acosta inició el habeas corpus contra los poderes ejecutivo y judicial, considerados como autoridades legítimamente constituidas, que debían brindar las explicaciones necesarias que permitieran comprender por qué A.M.F. cumple una medida de seguridad curativa y educativa (internación) en una alcaidía, especialmente la de Resistencia, que es un establecimiento en ruinas y totalmente obsoleto, a la que se llama la Casa del Horror porque provoca mortificaciones a los presos. La presencia de los representantes legales de los poderes judicial y ejecutivo podría poner en el banquillo a los responsables, directos e indirectos, de la grave lesión que provocan a A.M.F. en sus derechos humanos más elementales, entre los que sobresalen su dignidad, su salud, su vida y proyecto de vida, individual y familiar.

A.M.F. ingresó a la División Alcaidía de Resistencia. Por Oficio 4889 del 02 noviembre de 2011 se realizaron trámites ante la Clínica San Gabriel, ubicada en Ruta Nacional Nº 16, a los fines de gestionar la internación del joven. Informaron que no se podía admitir el ingreso de A.M.F. por falta de cama. Luego, a través del Juzgado Federal se recibió el Oficio 2662, del 22 de mayo de este año, por medio del cual se ordenó el traslado de A.M.F. a la Prisión Regional de Seguridad del Norte (U7), para que recibiera un adecuado tratamiento, acorde con la medida de seguridad curativa y educativa que se había dictado. La U7 informó que no contaban con cupo. De esta manera giraba la trágica y penosa calesita que movía a A.M.F., que continuó preso en la Casa del Horror.

 

La audiencia realizada el pasado 20

Estuvieron presente el comisario inspector Jorge Ramón Ibarola, 1º Jefe de la Alcaidía de Resistencia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP); el oficial principal Walter Ariel Bagatoli 2º Jefe de la Alcaidía de Resistencia; el abogado Isaac Wichnivetzky; la licenciada Maria Paula Lobelos, que es psicóloga del SPP; Rosario Lanteri, Médica Clínica de la Alcaidía y A.M.F. junto a su madre Antonia Acosta.

La magra e insuficiente representación estatal no podía actuar de otra manera a como lo hicieron. Cumplían órdenes y no tenían atribuciones para resolver el problema. Son apenas la punta del ovillo y, como tal, cumplieron su rutinario rol. El comisario inspector Jorge Ramón Ibarola, junto a sus pares, efectuaron peculiares y curiosos descargos respecto a la situación de A.M.F. Argumentaron con poca suerte y con muy escasa oficiosidad. Pusieron a punto la estrategia de la minimización de la trágica situación que atraviesa A.M.F. utilizando expresiones absolutamente inconducentes para resolver una grave y penosa situación. Llegaron a decir que A.M.F., de acuerdo al oficio que recibieron del poder judicial, por medio del cual se ordenó su alojamiento en Alcaidía, no contenía mayores especificaciones. Que solamente requería tratamiento por adicción a las drogas y que se encontraba contenido por las instancias de dicha dependencia, como también por la intervención del Hospital Perrando. El comentario fue sencillamente increíble. Refirieron que a los fines de un mejor diagnóstico social del interno, en su legajo existían informes socio-ambientales realizados por el servicio del trabajo social de la unidad de Alcaidía Resistencia. Esta consideración fue directamente desopilante dado que en la alcaidía siquiera se atiende en debida forma un dolor de muela dado que el equipo de profesionales tiene un desempeño alejado de la realidad sanitaria de los presos y de sus adicciones, reconociéndose que la Alcaidía de Resistencia es un territorio de tráfico y de consumo casi libre, que involucra a casi todos. Allí se vende y se compra fácilmente. Hay muchas ofertas.

Algunas confesiones estremecedoras

Los integrantes del SPP se animaron a reconocer que en la alcaidía no existe un lugar adecuado para asistir a A.M.F. o a cualquier otra persona sometida a una medida de seguridad curativa, como tampoco para rehabilitar a personas adictas alojadas en el establecimiento. Confesaron que en la Alcaidía de Resistencia actualmente están alojados cinco internos sometidos a medidas de seguridad, quienes se encuentran distribuidos en la unidad conforme la disponibilidad edilicia, tratando de lograr que convivan con los presos.

Los representantes del SPP se entusiasmaron en el relato oficial y dijeron que A.M.F. fue destinado al Pabellón 1, Sector “a”. Que allí está alojado junto con otros seis presos. Que asiste regularmente a las actividades áulicas de la Escuela del establecimiento, que es de Nivel Secundaria, desarrollando las actividades de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 horas. Que A.M.F. periódicamente recibe visitas. Que participa de actividades recreativas en los días y horarios autorizados por el personal de la Unidad. Que desde su alojamiento fue asistido por profesionales médicos y psicólogos. A su vez, la Licenciada Maria Paula Lobelos señaló que no era la psicóloga de A.M.F. Dijo que lo atendía la Licenciada Moreno Rossetti, quién renunció el 09 de agosto de este año, y que desde septiembre tomó conocimiento de la situación de A.M.F. por consumo de drogas y antecedente de epilepsia, con lo cual todavía no se enteró que A.M.F. es esquizofrénico y retrasado mental, con severo deterioro del comportamiento significativo, con certificación médica válida hasta el año 2021, extendida por el servicio especializado del Hospital Perrando. Comentó que atendía a A.M.F. a través de conclusiones en Ateneos realizados entre profesionales, ya que quién lo atendía desde el mes de agosto fue la Licenciada Oriana Fleitas, quién no estuvo en la audiencia. Así las cosas en la Alcaidía de Resistencia, que se constituyó en un escenario de las grandes sin razones y de las peores experiencias para quiénes allí viven.

Lo que no informó el Servicio Penitenciario Provincial

 

Existe una serie de situaciones que se encuentran en investigación penal preparatoria. Una de ellas se trata del incendio que se produjo en el Pabellón 6, el pasado 26 de julio. En ese pabellón se encontraba A.M.F. Imaginémonos, el comportamiento y las sensaciones de una persona esquizofrénica, retrasada mental y con comportamientos deteriorados por adicciones, en un lugar de encierro, atrapado y sin salidas. Sin embargo, los representantes del SPP refirieron que A.M.F. estaba contenido en el establecimiento. Esta descripción es por lo menos alienada y, tal vez, alienante. El personal penitenciario tampoco recordó los apremios ilegales que sufriera A.M.F. y que fueran denunciados por la madre el día 10 de septiembre pasado. Estos hechos muy penosos no formaron parte del relato oficial.

No refirieron que el SPP no cuenta con un servicio de salud mental en la alcaidía, sino que solamente se realizan atenciones psicológicas una, dos o tres veces por mes, en el mejor de los casos y con bastante poco entusiasmo y casi nulos resultados. No contaron que derivan presos con adicciones en emergencia al Servicio de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando, y que se producen demoras notables desde la demanda de atención hasta la prestación médica, que en la mayoría de los casos supera los 30 días, lo que permite imaginarnos las consecuencias que acumulan los enfermos en situación de detención.

El personal penitenciario también olvidó contar que a la mayoría de los internos no se los saca durante los horarios de clases para asistir a la Escuela. Esto también le tocó a A.M.F., sabiendo que es la única prestación aceptable que brinda el servicio penitenciario porque ninguna otra tarea se realiza para encarar la rehabilitación y readaptación de los presos. Todos los días están en sus pabellones, sin hacer absolutamente nada, totalmente hacinados y en condiciones infra humanas de habitación, en un edificio que hace varios años debía haber sido demolido porque está en situación de ruina. Contrariamente, los internos deberían ser impulsados a participar en programas de capacitación en carpintería, electricidad, sanitarios, huertas, entre otras actividades que les permitiría trabajar cuando recuperan su libertad. Pero es tan inútil e ineficiente el sistema, que en esencia es inhumano y la alcaidía terminó por ser una maquina de picar carne. Cuando recuperan su libertad, salen resentidos, rabiosos y violentos, aún más a como ingresaran al establecimiento y, generalmente, con más adicciones, enfermedades y deformaciones.

Escándalo institucional

En el marco del trámite del habeas corpus a las 11:00 horas del pasado sábado 22 se dispuso trasladar a A.M.F. desde la Alcaldía de Resistencia a la Comunidad Terapéutica La Eduvigis, distante a 70 kilómetros de Resistencia. La medida fue correctamente dispuesta por el Juez de Ejecución Penal 2. Pasado el medio día del propio sábado 22 el personal penitenciario se hizo presente en La Eduvigis donde fueron informados que de acuerdo al cuadro de salud de A.M.F. y su condición de internación a puertas cerradas, la Institución no podía alojarlo. De este modo, A.M.F. volvió a la Alcaidía de Resistencia, donde continúa preso.

Esta historia de criminalización de los enfermos mentales demuele el discurso de promoción y protección de los derechos humanos en la Provincia del Chaco. Si tomamos en cuenta las fechas de inicio de los expedientes que anotamos cuando dimos las siglas de los nombres de los enfermos mentales presos, es fácil advertir que involucra en forma directa a la actual gestión de gobierno y por igual a todos los poderes del Estado porque es un escándalo de gravedad institucional. Calificamos de esta manera a estos casos porque las organizaciones hermanas de otros lugares que fueron interconsultadas coincidieron y compartieron la idea que se trata de la peor criminalización, con un rango que se aproxima a la explotación de niños. Esto es así porque las personas sometidas a medidas de seguridad curativas son inimputables. Estamos ante casos aberrantes.

 

Más enfermos mentales presos

Las personas que están sometidas a medida de seguridad en Alcaidía Resistencia son presos. Son personas que viven encerradas en dicha prisión, a pesar de que debieran estar asistidas por medidas curativas y de rehabilitación para aquellos que portan enfermedades mentales o acarrean adicciones.

Estas personas viven en pésimas condiciones sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales. Se suma a dicho cuadro el maltrato permanente del personal del servicio penitenciario que actúa como en la época de la dictadura militar, aunque más atenuado en sus expresiones violentas. Pero vienen de la misma escuela. Y lo que importa en este caso, es que no distinguen a los presos que están encausados o con condena firme de las aquellas personas que están sujetas a medidas de seguridad curativa y educativa. Para el personal penitenciario todo es igual y casi siempre deben terminar pegando o sancionando. Si por último, consideramos la verdadera ruina que es la alcaidía de Resistencia, componemos un cuadro de situación similar a cualquier lugar de encierro de las zonas más violentas del mundo.

No solamente A.M.F. está preso en la Alcaidía de Resistencia. A pesar de que solamente están sujetos a medidas de seguridad curativa, también están sometidos al mismo rigor carcelario las siguientes personas: J.D.M. (E-61/11), M.A.V. (E-73/11); S.H.G (E-74/11); J.C.G. (E-181/08); A.G.R. (E-276/09); R.J.I.M (E-433/08). Todos están presas a pesar de que no deben estar en la Alcaidía de Resistencia ni en ningún otro establecimiento carcelario que no tenga un Pabellón especialmente habilitado y acondicionado para proporcionar tratamiento sanitario integral a la persona sometida a medida de seguridad curativa. Es claro que esta galería de personas discapacitadas y con adicciones refleja uno de los costados más indolentes y perversos de los poderes del Estado.

La cárcel de Sáenz Peña, recientemente construida, no contempló la construcción de un pabellón para que allí se cumplan las medidas de seguridades curativas y educativas. Una obra millonaria no destinó una porción mínima de su desarrollo para asistir a estos chaqueños. Esta ha sido la demostración y la prueba cabal de que los enfermos mentales que entran en conflicto con la ley penal, con o sin, adicciones, son población sobrante. Están demás.

 

 

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=3199