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Sep 19 2012

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Presentaron denuncia penal por los incidentes en la plaza

Desde el Centro de Estudios Nelson Mandela informaron de la presentación de una denuncia penal contra funcionarios y agentes del Estado provincial, por los incidentes ocurridos en la Plaza 25 de Mayo, durante una manifestación de gremios y movimientos sociales realizada la semana anterior.

En un comunicado dado a conocer durante la tarde de este martes, el Centro Mandela informó que “la Multisectorial nos encomendó distribuir la denuncia presentada en el día de la fecha, que fue promovida como consecuencia de que corresponde que se investigue penalmente la posible consumación de delitos de acción pública por parte de funcionarios y agentes del Estado en ocasión de reprimir la pacífica manifestación que ha organizado la referida Multisectorial el pasado día 13, en ocasión en que se criticaba la política de ajuste implementado por el gobierno provincial”.

Continúa asegurando que “los hechos fueron y son de gravedad institucional. Si se comprobara la comisión de los delitos, que presumimos pudieron haber sido cometido por funcionarios y agentes del Estado, la situación alcanzará el grado de esclarecimiento mínimo que demanda los hechos ocurridos, que fueron muy graves y que violaron todas las pautas e instrumentos que regulan el manejo de las protestas y movilizaciones en los espacios públicos”.

FORMULA DENUNCIA

 

SEÑORA

FISCAL DE INVESTIGACIONES

Los abajo firmantes, por nuestro propio derecho, con el patrocinio letrado de MARCELINO OMAR LEIVA, MP 4103, con domicilio legal en Julio A Roca 43, Ciudad, y como participantes en la movilización popular pacífica, programada y realizada en fecha 12 de setiembre de 2012, la que convocada por distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas, denominada Multisectorial contra el Ajuste; y en razón de los hechos violentos de dominio público ocurridos durante su desarrollo, que produjeron lesiones de distinta consideración en la integridad física de los manifestantes, daño en los bienes particulares, vengo por la presente a formular denuncia penal contra el titular de la Secretaría de Seguridad señor JAVIER OTEO, responsable político del operativo de represión policial desatada contra los participantes en la marcha; por la comisión de delitos tipificados en el C:P: de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, lesiones, privación ilegítima de la libertad, encubrimiento y/o lo que la señora fiscal determine atento las pruebas aportadas y las que surjan de la futura investigación judicial.

HECHOS Y ANTECEDENTES

a) En fecha 12 de setiembre de 2012, a partir de las 10 hs., nos congregamos en el mástil de la Av. 9 de julio alrededor de dos mil personas, convocadas por distintas organizaciones gremiales, sociales , políticas a fin de llevar a cabo una manifestación pública y peticionar ante las autoridades provinciales, por el cese de la medidas de ajuste contra los trabajadores estatales, por el aumento de salarios a docentes y judiciales y de la salud, y el no descuento de los días de huelga, entro otros puntos reivindicativos.

b) La movilización se desplazó pacíficamente hasta ocupar la intersección de calle Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato. de Alvear, donde un vallado metálico desplegado sobre la calle Alvear impidió que la movilización llegue frente a la entrada principal de casa de Gobierno lo que determinó que la multitud recalara en la esquina de calles Mitre y Alvear.

c) En medio de la Plaza 25 de Mayo de 1810, cercano a la diagonal que termina frente a casa de gobierno, se podía observar un cordón de alrededor de 20 policías uniformados, y por lo menos dos de ellos con escopetas. Pero un poco más atrás de ese cordón, y sentados en algunos bancos sobre calle Mitre, cercanos a la Av. 25 de Mayo, y en los canteros centrales de la Plaza en la pérgola aledaña a los juegos infantiles, estaban apostados unos seis o siete grupos compuestos cada uno por cuatro o cinco policías de civil, femeninos y masculinos-, sin ningún tipo de identificación visible, y que, consultando con otras personas, los reconocimos como personal perteneciente a la Brigada de investigaciones y de Drogas Peligrosas.

d) Que inicialmente, al llegar frente a Casa de Gobierno y antes de que de comienzo ningún tipo de actividad programada la mediadora Marcela Atisgrana junto al jefe encargado del operativo policial, salieron de atrás de la valla metálica y leyeron un oficio dictado por la juez de faltas Dra. Soler, que prohibía la instalación de carpas en la vereda de la casa de gobierno. Luego la mediadora, la Jueza y demás funcionarios civiles se retiraron nuevamente al interior del vallado donde también se encontraba.

e) Siendo alrededor de las 12hs. Aproximadamente, se inició el acto con los distintos oradores, cuando en medio de la plaza 25 de Mayo se produjo un tumulto entre un grupo de docentes que, como medida simbólica de su lucha, pretendieron instalar una carpa de pequeñas dimensiones, al lado de una gigantesca carpa del gobierno provincial ubicada frente al Museo de la Memoria por calles M. T. de Alvear a la altura del 50.

f) En ese momento un grupo de seis policías de civil, sin ningún tipo de identificación, que se encontraban en los grupos diseminados por la plaza, se acercaron al lugar donde se producían algunos forcejeos y tironeos por la carpa, entre uniformados y manifestantes y sin previo aviso se abalanzaron de manera intempestiva sobre un manifestante perteneciente a un movimiento social, de apellido AVALOS, quien solo se limitaba a decir su nombre, a quien lo tiraron al suelo, lo esposaron y luego lo llevaron a la rastra entre estos seis policías de civil., sin identificación, hacia calle 25 de mayo esposado, ante la mirada complaciente del jefe del operativo, Comisario CHAVEZ, quien se presume que avalaba esta forma ilegal de actuar, del personal que estaba clandestinamente reprimiendo a los manifestantes. n En forma simultánea la docente, RIVERO, IVANA MARIELA, DNI 26.515.567, con domicilio real en calle Inmaculada Concepción 162 Dto 21, Ciudad a quien dos policías femeninas de civil y sin ningún tipo de identificación, pretendieron detener pero que pudo ser rescatada por sus colegas que impidieron esta ilegal maniobra.

g) Durante todo el desarrollo de estos incidentes, en otros lugares de la plaza, fueron detenidos los hermanos Alejandro y Sebastián Favretto, uno de los cuales fue salvajemente golpeado por personal de civil que lo detuvo y que se encontraba actuando clandestinamente,. Estas lesiones fueron constatadas y atendidas por el servicio de guardia del Hospital Perrando como también la señora Patricia Insaurralde por un golpe en la cabeza quien le debieron poner siete puntos de sutura y el joven Emilio Rodríguez atropellado por una moto policial y herido en la pierna. Es necesario resaltar que en todas las acciones represivas, participaron activamente personal vestido de civil y sin ningún tipo de investigación, lo cual. Es violatorio del llamado PROTOCOLO GARRE y que reglamente la forma de actuación policial en caso de manifestaciones. Tampoco actuó en la mediación del conflicto durante estos incidentes, ningún funcionario Civil de la Secretaría de Seguridad, todos ellos se encontraban en casa de gobierno siguiendo el desarrollo de la represión desde las ventanas de casa de gobierno y solo se podía tratar con los jefes policiales a cargo del operativo Comisarios Peña y Chavez , lo que constituye una flagrante violación a las normas de actuación del llamado PROTOCOLO GARRE y la Ley 6976 de seguridad de la Provincia.

h) En un trabajo de investigación de estos hechos, el CENTRO DE ESTUDIOS NELSON MANDELA, publicó en su página www.centromandela.com bajo el título “CRONICA DE UNA REPRESION ANUNCIADA, que por su claridad e importancia técnica e imparcialidad reproducimos íntegramente a continuación”

CRONICA DE UNA REPRESION ANUNCIADA

Chaco

14 septiembre, 2012

Gobierno de Chaco

 

Gremios docentes y organizaciones sociales de desocupados se manifestaron en el espacio público. Algunos pretendieron acampar simbólicamente frente a casa de gobierno. Un grupo de maestros y de manifestantes efectuaron el intento en la vereda de calle Mitre, frente al mástil del edificio. La Secretaría de Seguridad había efectuado, previamente, una presentación ante el Juzgado de Faltas con el objeto de neutralizar el acampe. Solicitaron que la juez evitara o hiciera cesar los efectos de las contravenciones que anoche el gobierno había imaginado que se producirían. Mientras tanto, dispusieron el apresto de contingentes de distintas unidades policiales, incluidos las especiales, para diseñar e implementar todo un procedimiento que en su aspecto más importante contemplaba el objetivo final de reprimir a los manifestantes. Es evidente que anoche se planificó un operativo específico. El tipo de apresto que se llevó adelante permite entender, luego de los hechos, lo que lamentablemente se produjo en la Plaza 25 de Mayo, que no ha sido otra cosa que una feroz represión organizada contra manifestantes en el espacio público. Horas antes de la represión, la presencia policial de personal no uniformado fue extraordinaria, al igual que los vehículos con los que se movilizaban, la mayoría de ellos sin identificación.

Acampe y represión en la Plaza Patricia Insaurralde Emilio Rodríguez

Cuando un grupo de los que reclamaban contra el ajuste implementado por el gobierno provincial contra los trabajadores públicos pretendió acampar en la vereda de casa de gobierno, la juez de faltas y la mediadora informaron que no podían hacerlo. Hizo referencia a la causa contravencional que había iniciado y a la prohibición de acampar. Esto se produjo después de que el personal policial, que estaba en el lugar y que había impedido la instalación de dos pequeñas carpas, ya había anticipado que no permitirían el acampe. Repetían que era una decisión tomada. Uno de los oficiales superiores refirió que sacarían a todos, que secuestrarían las carpas y los otros elementos que tenían los manifestantes, y que detendrían a quiénes se opusieran. Producto de las manifestaciones de la juez de faltas, los dirigentes sindicales y de las organizaciones sociales resolvieron instalarse en la Plaza 25 de Mayo, en proximidades de una carpa muy recoleta allí instalada, ubicada casi frente al Museo de la Memoria. Comenzaron a montar dos pequeñas carpas cuando un numeroso contingente policial, conducido por oficiales superiores, repitió las mismas órdenes que ya habían planteado en la vereda de casa de gobierno. Concretamente, señalaron que no permitirían el acampe, a pesar de que la juez de faltas y la mediadora ya no estaban en el lugar porque se había retirado detrás de la valla ubicada en Mitre y Marcelo T. de Alvear. Los funcionarios policiales de mayor jerarquía repetían que sacarían a los manifestantes del lugar y que no permitirían que acampen. Se agolparon algunos manifestantes en el lugar en donde varios policías vestidos de civil y uniformados pretendieron retirar las carpas luego de romper la cadena humana que habían realizado hombres y mujeres para proteger la instalación. Esa cadena la hicieron tomados de las manos, de manera de que estaban indefensos frente a la presión policial. Claramente se advertían que los policías presionaban gradualmente, cada vez con mayor intensidad, para generar la reacción de los manifestantes, hasta que tres policías que no estaban uniformados desataron la violencia. Dos de ellos estaban cerca de una de las carpas, mientras que el tercero gritó y golpeó a un manifestante mientras señalaba que lo agredían. A partir de allí todo se multiplicó. Las agresiones se sucedieron, como también las persecuciones y las detenciones.

La desenfrenada violencia policial

Lo más llamativo fue que el uso colectivo de la violencia lo ejercía el personal uniformado, que nunca rompía filas y que no se apartaron de los rutinarios procedimientos cuando reprimen en la vía pública. Siempre se mantuvieron agrupados y cuando actuaron lo hicieron con intervenciones rápidas y muy violentas. A diferencia de ellos, la violencia selectiva y las detenciones fueron ejecutadas por personal policial sin uniforme, lo que permite suponer que fue una decisión tomada con anticipación por los altos mandos y por la Secretaría de Seguridad. Estos policías actuaron con mucha violencia. Se movían con una alta dinámica y con mucha impunidad, a la vista de los jefes superiores. Además de la conducción orgánica de los oficiales, que fue pésima, respondían a las órdenes de dos personas que conducían los movimientos del personal que estaban vestidos de calle. Estas dos personas apuntaban a quiénes había que castigar y detener.

Represión organizada la noche anterior

La mecánica represiva aplicada en la Plaza 25 de Mayo no ha sido un desborde del personal policial, aunque la conducción orgánica fue muy defectuosa porque incluso no pudieron neutralizar acciones del personal no uniformado que eran muy violentas, sobre todo en las detenciones.

Es evidente que la Secretaría de Seguridad, como responsable de la conducción superior de la institución policial según la nueva ley de seguridad, participó del diseño, de la planificación y de los objetivos del operativo. Quedó en claro que el propósito que persiguieron fue el de evitar el acampe de los manifestantes y que para lograrlo resolvieron reprimir. Incluso, precipitaron los enfrentamientos para justificar la represión. Y lo peor, es que lo hicieron de una manera absolutamente ilegal.

El modelo argentino de la seguridad democrática

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió, con mucho entusiasmo, el modelo argentino de seguridad democrática. Ponderó una articulación moderna, con lineamientos estratégicos respetuosos de las libertades públicas y privadas y de los derechos humanos. Pontificaron sobre los desafíos para el planeamiento estratégico de la seguridad ciudadana y el compromiso de resguardar el derecho a protestar. Prometieron la desarticulación del modelo represivo y que escucharían las voces de la soberanía popular para genera políticas de bienestar. Dijeron muchas cosas que se violaron en la Plaza 25 de Mayo.

Violaron la seguridad democrática

El poder político y el personal policial violaron la seguridad democrática. Incluso, han violado la ley de seguridad pública que sancionaron en mayo de este año. Violaron el protocolo Garré, que está vigente en nuestra provincia porque fue ratificado por el gobierno local. También violaron los criterios mínimos que asumieron que cumplirían los cuerpos policiales y de seguridad cuando intervienen en las manifestaciones públicas. Dieron un paso enorme al vacío. Han violado las pautas más elementales que están previstas en tales instrumentos y, lo que es más importante, han repetido conductas autoritarias y represivas que se produjeron durante los gobiernos de Rozas y de Nikisch, que en aquella época repudiaron y condenaron. Han hecho lo mismo porque están usando a la policía como instrumento de gobierno para aplacar las protestas.

El gobierno chaqueño violó el Protocolo Garré

El gobierno chaqueño violó el acuerdo que ratificó en materia de criterios mínimos sobre la actuación de la policía y de la fuerza de seguridad frente a las manifestaciones públicas. Reprimió salvajemente a los manifestantes, con lo cual afectó la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades, que ha sido una preocupación central en el discurso del gobierno nacional a partir de 2003. Reflexionaban que habían comprendido que la protesta social es una consecuencia de procesos políticos, económicos y culturales que se deben satisfacer con acciones de gobierno que entiendan tales necesidades. Hasta hablaron del derecho internacional de los derechos humanos como límite infranqueable para las intervenciones del Estado. En definitiva, el gobierno provincial violó todas las pautas en el manejo de la protesta pública de los docentes y de las organizaciones sociales. En tal sentido, es posible señalar que la intervención de la juez y de la mediadora fue muy breve e insuficiente, lo que precipitó la intervención policial y luego la represión. Por lo tanto, la intervención policial no fue progresiva, sino todo lo contrario y gradualmente violenta. Los funcionarios policiales que dialogaron con los manifestantes, luego ordenaron la represión, lo que está prohibido. A su vez, estos oficiales superiores reemplazaron al funcinario político que debió abrir y mantener el diálogo en representación de la Secretaría de Seguridad o del Ministerio de Gobierno. Ese funcionario político debió ser el responsable de la coordinación de la gestión de gobierno con los manifestantes, auspiciando la continuidad del dialogo e incluso recibiendo denuncias contra el personal policial que cometiera cualquier irregularidad.

También se violó la prohibición que ordena que no pueden formar parte del operativo el personal policial que se encuentra bajo investigación administrativa o judicial, lo que demuestra que en la selección del personal que intervino en el procedimiento se priorizó a los más violentos cuando los nuevos paradigmas de la seguridad democrática propone que el personal convocado debe ser idóneo, con actitudes éticas, intelectuales, psíquicas y profesionales apropiados. También se violó la prohibición de portar armas por parte del personal policial que finalmente tomó contacto y hasta reprimió a los manifestantes. Asimismo, se violó la obligación que recae sobre todo el personal policial que participa del operativo de portar una identificación clara que pueda ser advertida, a simple vista, en los uniformes, lo que permite interpretar muy claramente que no deben intervenir policías que no se encuentren uniformados o de civil. De hecho, el gobierno garantizó impunidad a los represores porque especulan que no serán identificados. Tampoco se respetó la distancia prudente que debe existir entre los manifestantes y los cuerpos policiales. Por el contrario, siempre estuvieron confundidos con los manifestantes para generar reacción y represión.

g) Durante el operativo de represión llavado a cabo por los policas de civil, también fueron detenidos los señores … este último salvajemente torturado durante su traslado espoosado a la comisaría de Basail, y con heridas la señora,,, y el joven,,,, atropellado por una moto policial con fisuras en su pierna izquierda, todos ellos atendidos en el JHospital Perrando.

FUNDAMENTOS LEGALES

PROTOCOLOS

 

CRITERIOS MINIMOS SOBRE LA ACTUACION DE LOS CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN MANIFESTACIONES PUBLICAS

“… poner énfasis en la necesidad de alcanzar un equilibrio en relación al ejercicio del derecho de libre tránsito por parte de las personas que no participan en la protesta”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- recomienda que las instituciones competentes del Estado tiene el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión. Esto involucra desde el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos de determinadas zonas, hasta el acompañamiento a las que participan en la reunión o manifestación para garantizarles su seguridad… Asimismo la CIDH ha indicado que la función legítima de los cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con absoluta imparcialidad con relación a todos los ciudadanos… sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones…” y que las autoridades estatales tienen la obligación de prevenir y, ensu caso controlar cualquier forma de conducta violenta que vulnere los derechos de cualquier persona bajo su jurisdicción.

ANEXO I

1.- El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en concentraciones y manifestaciones públicas es el respeto y la protección de los derechos de los participantes asi como reducir las afectaciones que la concentración o manifestación cause o pudiera causar en en los derechos de las que no participan de ello y en los bienes públicos. En el cumplimiento de estosobjetivos las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados.

Restricciones y medidas de control:

… 7.- Se proveerá que la negociación con los manifestantes no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo.

8.-En caso de manifestaciones con amplia concurrencia y previamente programadas … el poder ejecutivo DEBERA DESIGNAR e identificar al funcionario político responsable de la coordinación delas acciones vinculadas con con el operativo de controly de hacer cumplir estrictamente las normas sobre el uso de la fuerza y comportamiento policial

…9.- Se prohibirá la participación en estos operativos de aquellos funcionarios policiales o de seguridad que se encuentren bajo investigación administrativa o judicial- o que hayan sido sancionados por irregularidades en le desempeño de su en el contexto de manifestaciones públicas..y/o por uso excesivo de la fuerza.

10.- Se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuergo para todo personal policial y de las fuerzas de seguridad que por su función en el operativo pudiera entrar en en contacto diorecto con los manifestantes

Las postas de goma solo podrán ser utilizadas con fiines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestantes o de terceras personas.

11.- Establecerán la obligatoriedad, para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad interviniente en los operativos, DE PORTAR UNA IDENTIFICACION clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes.

PRUEBAS

1)TESTIMONIALES: Se cite a testimoniar a las siguientes personas:

1.- ALCIDES ROLANDO NUÑEZ Coordinador del Centro Nelson Mandela con domicilio en Av. Alberdi 332, Ciudad.-

2.- MIJNO, EDUARDO. Secretario General de SITECH FEDERACION CON DOMICILIO EN CALLE Coló 40, Ciudad, por ser uno de los convocantes a esta manifestación.-

3) ROMERO IVANA MARIELA DNI 26.515.567, con domicilio real en calle Inmaculada Concepción 162 Dto 21, Ciudad

2)DOCUMENTALES:

CD con fotos del accionar policial proporcionado por el Centro de Estudios Nelson Mandela.-

Fotocopia de denuncia de la docente RIVERO IVANA MARIELA.

INFORMATIVAS:

1.- Se libre oficio a la Secretaría de Seguridad a fin de que envie informes sobre:

a.- Instrucciones impartidas a los jefes de unidades convocados para actuar.-

b.- Cantidad de personal uniformado convocado.

c.- Cantidad de personal de civil convocado y unidad de pertenencia

d.- Instrucciones respecto a la actuación policial.

e.- Jefes responsable del operativo de “dispersión”.-

Atento la gravedad de los hechos, FORMULAMOS DENUNCIA PENAL POR LOS DELITOS QUE PUDIERAN CORRESPONDER contra el señor Secretario de Seguridad JAVIER OTEO y/ o el Coordinador operativo del Centro de análisis, Comando y Control y/o quien resulte responsable.

SERA JUSTICIA.-

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