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Sep 17 2012

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Denuncia en la alcaidía: Martínez pedirá un informe al Ministerio de Gobierno

También lo tratará en la Comisión de Derechos Humanos

 

Dijo que el director del Penitenciario debe tener conocimiento acerca de los internos con los que cuenta e informar a las autoridades superiores. Señaló que el Comité contra la Tortura, también debe efectuar inspecciones en los lugares de internación para constatar el estado de los recluidos.

Luego de que el Centro de Estudios Nelson Mandela haya denun¬ciado el caso de un joven de 20 años con graves problemas mentales como esquizofrenia y epilepsia de tipo no especificada, que se encontraría alojado en un pabellón de la alcaidía, el diputado por Libres del Sur, Carlos Martínez, adelantó que hoy elaborará un informe dirigido al Ministerio de Gobierno al res¬pecto de la situación del joven.

Según el informe, un juez de Resistencia ordenó una medida de seguridad para A. Flores de 20 años, producto de su situación de dependencia hace varios años pero no se pudo implementar la medida por obstáculos desconocidos y por eso se lo tiene alojado en el Pabellón 6, sector además que recientemente fue afectado por un incendio y reconstruido por un grupo de religiosos.

“En principio hay una res¬ponsabilidad judicial y luego del funcionario responsable del Servicio Penitenciario que no puede tener bajo el régimen común a una persona con estas características”, dijo Martínez, acerca de Flores que padece de esquizofrenia, retraso mental grave con severo deterioro del comportamiento significativo y una epilepsia de tipo no especificada que requiere tratamiento continuo.

El legislador explicó que existen dos tipos de regímenes. El común, que se aplica a una persona condenada por un hecho pero con pleno conocimien¬to del acto que cometió, y el denominado especial, para aquella persona que si bien ha cometido un hecho delictivo, lo hizo con sus facultades alteradas.

De hecho, el lamentable ca¬so de Flores sería contradictorio hasta para la misma Ley Penitenciaria Nacional.

La misma establece que aquel condenado que cometió un delito y posterior a su condena sufre de problemas mentales, se lo debe apartar del régimen común.

A esto, le agregó que es responsabilidad del director del Penitenciario hacer constar y poner en conocimiento de las autoridades políticas y administrativas superiores, quiénes son sus internos, por lo que afirmó que hoy elaborará una notificación “urgente a las autoridades del Ministerio de Gobierno de la provincia” además de que el tema será abordado en la Comisión de Derechos Humamos de Diputados, que él preside.

“Uno puede tener una información dispersa respecto de los estados de los detenidos, pero es muy difícil que se pase la presencia de una persona que se le ha dictado una medida de seguridad”, indicó al respecto.

Responsabilidades

Martínez comentó que el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y/o Degradantes, que fuera creado a través de la sanción de ley 6483, tiene en su función también que realizar inspecciones a los lugares de internación, como organismo observatorio y por ende, le cabe “responsabilidad de detectar y denunciar si ellos consideran si hay trato degradante”.

Aunque aclaró que la res¬ponsabilidad principal es del Ejecutivo, que debe contar con centros de internación psiquiátricos en buenas condiciones.

“Una persona en estas con¬diciones no tiene porqué ir a parar a un centro de detención a cumplir una pena, si incluso se tiene una medida de seguridad. “Esto es un asunto psiquiátrico antes que carcelario y por ende debe ser conducido, dirigido y contenido por medico psiquiatra”, concluyó.

 

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