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Sep 13 2012

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MORTIFICACIONES DE UN ENFERMO MENTAL

Alcaidía de Resistencia

 

El pasado 26 de julio se produjo un incendio en el Pabellón 6 de la Alcaidía de Resistencia.

El dato que finalmente quedó fijado en la opinión pública es que el fuego fue iniciado por los presos y que si se quemaron ellos son los culpables.

Quedó oculto que el personal penintenciario provocó el malestar generalizado de los presos.

Con el pretexto de realizar una requisa generaron un estado de situación que desembocó en el incendio que provocó lesiones graves a varios presos, además de todo un desgaste en el sistema de seguridad carcelaria y en la red de salud pública, con epícentro en el Hospital Perrando, especialmente en terapia intensiva, donde no sobran las camas ni las atenciones.

Establecimiento en ruinas

Como toda la restante estructura del edificio, el Pabellón 6 estaba en situación ruinosa al día del incendio. Era extraordinario el deterioro del lugar. El baño deja de funcionar repetidamente por el colapso del sistema cloacal y la red interna. Lo mismo ocurre con el agua corriente. El sistema eléctrico era absolutamente informal puesto que las instalaciones antiguas prácticamente dejaron de funcionar. Por la añeja acumulación, la humedad era extraordinaria porque el ambiente permanece cerrado por falta de ventilación y por la pérdida de agua que también se repite periodicamente. Las celdas estaban muy deterioradas. Allí se apresan a quienes se supone se encuentran procesados en distintas causas penales que se tramitan en la justicia penal del área metropolitana de Chaco. Sin embargo, también estaban y continúan alojados algunas personas que fueron condenadas por sentencias que se encuentran firmes o consentidas. Y lo peor, también allí está preso un enfermo mental que no cometió delito.

Tratos crueles por obediencia debida

Constantemente se repite que en las cárceles de Chaco se respetan los derechos humanos. En esa dirección, el gobierno redobla su discurso aunque la realidad desnuda situaciones completamente inhumanas en los lugares de detención. De hecho, y desde hace muchos años, las alcaidías y las cárceles no son para seguridad de los presos, ni para tranquilidad de la población; por el contrario, son establecimientos donde se mortifican a quienes se encuentran allí alojados. A tal punto esto es así que algunas prácticas del personal penitenciario claramente se orientan a provocar tratos crueles, degradantes o inhumanos. Provocan intencionalmente vejámenes a los presos. Para llevar adelante estas prácticas el personal subalterno argumenta que fueron capacitados para ello, que son entrenados para tal actividad, o sea para hacerlo de ese modo y que responden a la línea que ordena tales intervenciones, con lo cual actualizan la teoría de la obediencia debida como herramienta de justificación de los tratamientos crueles y degradantes que sistemáticamente aplican a los presos, con lo cual resurge la responsabilidad institucional y política de los poderes públicos.

Enfermo mental preso en el Pabellón 6

Como demostración cabal de lo peor de los programas carcelarios aparece la situación de A. M.F, de 20 años de edad. Este joven está preso en el fatídico Pabellón 6, que luego del incendio fuera parcialmente reconstituido por el esfuerzo de algunos religiosos.

Un juez de Resistencia ordenó una medida de seguridad para Flores producto de la situación de dependencia que acarrea desde hace varios años. El poder ejecutivo ha sido el encargado, como en todos los casos, de implementar tal medida. Por obstáculos desconocidos o por la rutina de la simplificaciones mortificantes, se lo tiene preso en el Pabellón 6. Ocurre que además del motivo que generó la medida de seguridad tomada por el Juez, Flores es ezquizofrenico, retrasado mental grave, con severo deterioro del comportamiento significativo, además de acarrear una epilepsia de tipo no especificada que requiere tratamiento permanente y continuo. Las funciones y estructuras mentales y corporales, las actividades, participaciones y entorno ambiental de Flores fueron suficientemente estudiados por el servicio especializado del Hospital Perrando, que concluyó con ese diagnostico tan lapidario, cuya certificación tiene validez hasta mayo del 2021, para que no haya duda o error judicial y carcelario.

Así las cosas en esta bendita provincia de los grandes discursos y de las crudas realidades. Cuando iniciamos el proceso de entrega de este documento a los medios de comunicación, Flores volvía a la Alcaidía sin que los poderes públicos dieran la menor muestra de cumplir los primeros pasos para resolver su situación, que es de verdadera mortificación humana. Los médicos no pudieron examinarlo porque faltaron algunos papeles. La indolencia del sistema fue atroz.

 

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