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Sep 05 2012

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Núñez le pide al Gobierno que no encare a la inseguridad con medidas aisladas

El abogado Rolando Núñez dijo que los anuncios para combatir el delito y los hechos de inseguridad anunciados por el Gobernador obedecen a meras medidas “efectistas”. Aseveró que la Justicia penal está en un estado crítico, funciona mal ya que el ingreso de causas es extraordinario.

“Desde el inicio de gestión de este gobierno en el 2007, todas las decisiones en materia de seguridad pública fueron errores”, aseveró el abogado y coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez, quien no dudó en pronosticar que los últimos anuncios efectuados por el gobernador, Jorge Capitanich, para combatir la inseguridad mediante la aplicación de la ley de juicio por flagrancia será en vano, si antes el Estado y la Justicia chaqueña no corrigen los errores en cuanto al funcionamiento del fuero penal.

“No tenemos política criminal, política carcelaria, por lo tanto por añadidura no podemos tener políticas de seguridad”, advirtió el profesional. En este sentido, dijo que los anuncios para combatir el delito y los hechos de inseguridad anunciados por el Gobernador obedecen a meras medidas “efectistas”, que solamente atacarán la coyuntura actual, pero no la gran problemática de fondo. Por ello, opinó que “el Gobierno tiene que dejar de ver a la seguridad y a la solución a la inseguridad a través de medidas aisladas”. Y remarcó que “la inseguridad es un resultado, es la contracara de la seguridad, es el fruto de los trabajos, de los roles de los poderes del Estado que deben funcionar de forma eficiente y oportuna, y es la consecuencia de todos los fallos de las políticas públicas”.

La Justicia penal, en estado crítico

Capitanich anunció que el Poder Ejecutivo remitirá a la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el cual se busca contemplar dentro del Código de Procedimiento Penal el delito de flagrancia. La iniciativa busca garantizar mayor celeridad en los procesos judiciales en delitos de menor cuantía y de esta manera mejorar las condiciones de seguridad pública.

En tanto, el coordinador del Centro Mandela comparó que mientras el Gobernador pretende mayor “celeridad” al accionar de los jueces, quienes deberán dictar sentencias en tiempo récord, no tiene en cuenta las deficiencias en el funcionamiento de la Justicia penal, las que obedecen a la falta de personal, de infraestructura y principalmente las última reformas que en lugar de descomprimir la actuación de fiscales ocasionaron más problemas.

 “La Justicia penal funciona muy mal en todo el Chaco, y no solamente porque existen algunas imperfecciones o grietas en el Código de Procedimiento Penal, los problemas son prácticos o sea de prácticas que se fueron desnaturalizando y que terminan en un proceso con un ordenamiento que es complejo y que tiene muchos matices, muchos mecanismos que conspiran contra el eficiente del servicio de justicia penal y contra la celeridad que debiera tener todo proceso penal, donde el ingreso de causas hoy es extraordinario”, explicó. En comparación, reflejó que “cualquier Estado ordenado tiene que tener un sistema penal muy bueno, que no solamente comprenda la exigencia y celeridad sino que tiene que ser un servicio casi exacto para que el delinque tenga la sanción correspondiente, justa, y el inocente no sea sancionado nunca, mientras que las víctimas de los delitos puedan ver reparados sus derechos”. Sin embargo, aseguró que este accionar ideal del sistema de Justicia penal, fundamentalmente en la etapa de investigación, está muy lejos de parecerse en la práctica.

“Producto de la reforma anterior se le sacó la tarea de investigación a la policía y se la pasó a las fiscalías, eso significó que el policía pase de hacer lo mínimo y a entregar pocas pruebas”, lamentó y reclamó que “al no tener un policía judicial, que es la que tendría que trabajar con los fiscales y jueces, el proceso de investigación no arroja los resultados necesarios”.

 

¿Dónde alojarán a los condenados?

De acuerdo a lo anunciado por el Ejecutivo provincial, la aplicación de flagrancia prevé para los casos que contemplen penas de hasta 8 años de prisión. Y se pretende que dentro de los tres días posteriores hábiles a producida esa detención, esa persona sea llevada por el fiscal que intervino a presencia del juez de Garantía. Este mira los antecedentes que ha recopilado la Policía en ese tiempo exiguo y resuelve si corresponde o no el proceso de flagrancia.

En este contexto, Núñez se preguntó: ¿dónde van a ser alojados los delincuentes? Hasta tanto se compruebe su culpabilidad. “No hay ningún lugar donde tener personas detenidas, todos los espacios de encarcelamiento superan su capacidad de aojamiento, salvo un pequeño porcentaje de la cárcel de Sáenz Peña”, sostuvo.

 

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