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Ago 30 2012

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Núñez: El Ejecutivo, al asociar la inseguridad con la lentitud de la Justicia, no reconoce sus fallas

Afirma que Ley de Seguridad Pública fue totalmente improvisada

El sábado, el gobernador Jorge Capitanich anunció una serie de acciones que se intentarán llevar adelante en lo que resta del año en tres áreas específicas de seguridad: preventiva, penitenciaria y vial. En su discurso, el primer mandatario hizo hincapié en la necesi¬dad de que el Poder Judicial del Chaco acompañe la reforma del Código Procesal Penal a los fines de imprimir celeridad a la resolución de causas que aún no tienen sentencia firme.

Respecto a estas declaracio¬nes, el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez, manifestó que “el Ejecutivo utiliza un argumento muy acomodado al asociar la creciente inseguridad a la lentitud del Poder Judicial, en el intento por trata de tapar y justificar sus gravísimas fallas cometidas en materia de seguridad desde que asumió en el 2007”. En este sentido, el profesional señaló que cada poder del Estado debe cumplir con su función poniendo de relieve que el Poder Judicial debe lidiar hoy día con muchas limitaciones operativas, que impide optimizar la administración de Justicia en toda la provincia. “La Fiscalía de Investigación del área metropolitana está colapsada, se investiga poco y la tarea se reduce a la escritura de expedientes porque el Poder Judicial adolece de personal, de infraestructura y de capacitación para trabajar con mayor eficiencia, en los últimos 48 meses se archiva¬ron o prescribieron un centenar de expedientes”, precisó el titular del Centro de Estudios Nelson Mandela.

El titular del Centro Mandela criticó con dureza a la Ley de Seguridad Pública a la que calificó como “totalmente improvisada”, explicando que la misma no puede ser implementada porque se la confunde con una reforma de la institución policial. Dijo que está dado el escenario para que se recrudezca la inseguridad en la provincia.

En este contexto, Rolando Núñez criticó con dureza el diseño de la reciente Ley de Seguridad Pública, a la que calificó como “totalmente improvisada”, explicando que “esta ley no tiene que ser precisamente una reforma de la institución policial al mismo tiempo, sino que debe conllevar la construcción democrática de un escenario de seguridad pública, la cual debe ser complementada por separado con una ley específica para la transformación de la Policía”.

Caso omiso

A su vez, Núñez comentó que todos estos puntos fueron señalados en su momento a los funcionarios del Ejecutivo provincial y de la Secretaría de Seguridad, pero se hizo caso omiso a estas recomendaciones, sin esgrimir argumento válido alguno. “Estamos an¬te una ley diseñada íntegramente por novatos, por el marcado desorden de la misma y su falta de encuadramiento, jamás atinaron a ejecutar modificaciones graduales dentro de un plan de mediano y largo plazo, que permita avanzar en las transformaciones”, fustigó.

El titular del Centro Mandela lamentó que desde el 2007 en adelante no se trabajó en una nueva formación del personal, orientación institucional y no se efectuó una fuerte inversión “no solo en patrulleros y motos sino también el sistema de comisarías e interco¬municaciones, de alerta temprana y de acción eficiente”.

El peor escenario

“Con una ley de seguridad pública desordenada e improvisada, con un servicio deficiente como el 911 y una declaración de emergencia policial realizada por el Ejecutivo en el 2007 sin que se obtenga ningún resultado favorable, están dadas las condiciones para que se acreciente la inseguridad en la provincia”, alertó Rolando Núñez. Añadió que quienes integran la Secretaría de Seguridad “aún siguen sin entender el fenómeno

de la inseguridad”, ya que de haber entendido que se trata de un flagelo de múltiples causas hubieran solicitado apoyo interdisciplinario.

Por último, con respecto al anuncio del Gobernador acerca de la posible ¡mplementación del brazalete electrónico para efectuar un seguimiento a los reclusos que son dejados en libertad, Núñez analizó que se trata de un “anuncio efectista” ante un problema que no sabe resolver. “Un sistema como éste no debería ser implementado como medida aislada, sino ser insertada en una política general”, añadió.

 

 

 

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