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Ago 23 2012

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Corregido: “Los forestales me dijeron que si salía el amparo, se quedaban sin algarrobo”

El Defensor del Pueblo insiste en aplicar la Ley de Bosques Nativos y el Código de Faltas ante las concesiones para cortar madera sin autorización en el Interfluvio.

Corregido admitió que productores forestales que explotan la madera de la zona del Interfluvio le advirtieron que “si sale el amparo que prohíbe la extracción de madera, se quedan sin algarrobo”.

Proteger los bosques nativos es el objetivo central del amparo presentado por la Defensoría del Pueblo del Chaco ante el Juzgado lo Civil y Comercial 6 de Resistencia, de Isabel Grillo. Así, la medida busca la estricta aplicación en el territorio chaqueño de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y del Código de Faltas provincial, de modo de impedir la tala en las 140.000 hectáreas bajo propiedad de la Asociación Meguexosochi. Sin embargo, el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, admitió que productores forestales que explotan la madera de esa zona le advirtieron que “si sale el amparo que prohíbe la extracción, se quedan sin madera”.

“Me reconocieron que del único lugar que pueden sacar algarrobo es de las hectáreas que pertenecen a la asociación. También reconocieron que en cinco años, si continúa este ritmo de deforestación, nos quedamos sin algarrobo”, contó el funcionario, al relatar los pormenores de una reunión mantenida el martes con productores forestales de la provincia.

En tanto, la jueza Grillo citó para hoy a las partes a una nueva audiencia en el marco del monitoreo de oficio de una acción de amparo colectivo con sentencia judicial firme- en favor de las tres asociaciones comunitarias indígenas de El Impenetrable. Allí se definirán futuras pericias y los peritos en las áreas denunciadas por organizaciones ambientalistas donde se habría talado el monte en forma ilegal.

Camino correcto

“Tengo la tranquilidad de estar en el camino correcto. Los forestales tienen que participar activamente en la lucha contra la forma irracional de depredar el bosque, porque son los primeros perjudicados”, resaltó Corregido en declaraciones a Radio Universidad. Enseguida, consideró que el problema no es la explotación forestal realizada bajo la metodología de la asociación (autoriza a sus socios a manejar diez hectáreas y hacer los cortes), sino la extracción de madera en forma clandestina.

Por otra parte, Corregido admitió que no conoce en persona ni dialogó con Zenón Cuéllar, presidente de la Asociación Meguexosochi. “Me gustaría, por supuesto, conversar con él”, indicó. El dirigente está al frente de la entidad que nuclea a unos 700 aborígenes, luego de ser reelecto hace poco tiempo.

La Defensoría del Pueblo del Chaco presentó una ampliación de la acción de amparo con medida cautelar contra la Asociación Meguexosochi, la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques de la provincia para que se ordene el cese de la tala de monte nativo en las 140.000 hectáreas de propiedad de la asociación, en la zona del Interfluvio Teuco-Bermejito.

Corregido, en la presentación, pidió también que la Dirección de Bosques informe sobre los permisos de explotación forestal que otorga a la asociación aborigen. “Es para tener una dimensión de la cantidad de madera que sale formalmente. No es una medida donde estemos cuestionando a los productores forestales, que son los que trabajan e invierten”, aclaró. Dijo en ese orden que el objetivo es “terminar con la tala indiscriminada que perjudica a los productores”.

El rechazo

Explicó luego que el rechazo de la jueza Grillo al pedido de ampliación del amparo para frenar la tala en el Interfluvio es sólo un punto. “El tema central del amparo presentado por la Defensoría es la protección de los bosques nativos que están en esa gran propiedad que tienen las comunidades indígenas”, sostuvo.

“La desestimó por una cuestión técnica, ya que no puede hacer lugar porque excedería el objeto del amparo que está tramitando. Lo que me dice es que lo puedo plantear en forma autónoma”, agregó el defensor. Corregido reconoció así el grado de “conflictividad social” que existe en torno a la madera y el “escaso control estatal”. Recordó en ese punto la mesa de trabajo formada por la Defensoría del Pueblo y que está integrada por el jefe de policía, el secretario de Seguridad, el procurador general de la Provincia y el jefe de jueces de faltas, para aplicar la ley de bosques, de forma de sancionar a quienes “depredan el bosque del Chaco”.

“La mesa tiene ya dos meses y, a pesar de la colaboración de todos, no hemos logrado tener éxito ni un solo resultado que signifique detener a infractores y aplicarles el Código de Faltas de la provincia, que es muy severo y protege perfectamente a la flora, así como también sanciona a quienes transporten productos derivados de la flora silvestre”, apuntó Corregido.

Fondos para la Meguexosochi

En el marco de lo establecido por la Ley de Bosques, el defensor consideró relevante que los fondos previstos por la norma para los propietarios de bosques sean percibidos por la Asociación Meguexosochi, entidad representativa de la etnia toba que tiene propiedad sobre las 140 mil hectáreas de reserva aborigen.

“Ese dinero les permitiría realizar actividades sustentables sin necesidad de sacrificar el bosque nativo del lugar”, subrayó Corregido. Así, ponderó “el servicio ambiental que prestan los bosques, conservando el suelo, regulando el agua y conservando la biodiversidad”. En ese orden, confirmó que elevará un pedido de informes a la Subsecretaría de Recursos Naturales para que brinde detalles sobre los fondos, si fueron recibidos por esa dependencia y de qué forma son volcados a sus verdaderos destinatarios.

Otro punto planteado a la jueza es aquel donde el defensor solicitó la intervención del Ministerio de Planificación y Ambiente, en la elaboración de un plan de gestión para la asociación, de forma que esta entidad pueda realizar una actividad sustentable con esos fondos que recibe de la ley nacional.

 

El conflicto del Interfluvio

Otro eje de conflicto en el Interfluvio, al margen de la madera, es la reubicación de los criollos fuera de la reserva aborigen. “Es un tema muy complicado y difícil de solucionar. La entrega de las tierras a los indígenas tiene un origen muy desordenado aunque es lo que les corresponde”, indicó. Recordó así la intervención de una mediadora judicial y el arbitrio del gobierno provincial.

“Hay posiciones que no son conciliables”, definió Corregido al referirse al traslado de los productores criollos fuera del área aborigen, y a la resistencia de éstos a salir de esas ocupaciones históricas. “Es muy complejo y es responsabilidad de los funcionarios solucionarlo”, concluyó.

 

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