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Ago 22 2012

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Corregido ratificó su reclamo de paralizar la tala de bosques en el interfluvio

El defensor del Pueblo de la provincia, Gustavo Corregido, afirmó que su decisión de pedir un amparo para frenar la tala de bosques en la zona del interfluvio se tomó luego de entrevistas con miembros de comunidades originarias y criollos de las zonas afectadas por los desmontes y advirtió que en este momento no se cumple en el lugar la ley 26.331 que “establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad”.

El defensor del Pueblo explicó que tomó esa decisión para garantizar el cumplimiento de la ley de bosques y los fines que persigue el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que en la zona, con la explotación que hacen en el interfluvio, no se está verificando.

Explicó luego que los objetivos de la ley son: a) Promover la conservación mediante el ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos.

Precisamente, para que se cumpla con esta ley, dijo Corregido que solicitó “se suspenda el otorgamiento de permisos de explotación forestal en las 140.000 hectáreas propiedad de la Asociación Meguexochi en el interfluvio Teuco – Bermejito; y se de intervención al Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco a fin de elaborar con participación comunitaria un plan de sustentable de aprovechamiento del bosque nativo”, en esa zona.

Destacó luego que “el régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos, denominado Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, crea y regula el mismo, con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan”.

Advirtió más tarde que “es común oír como fundamento del desmonte para avalarlo que, son las mismas comunidades originarias o criollos quienes “entregan” o lo permiten a fin de procurarse un sustento para vivir y para satisfacer sus necesidades básicas”, pero subrayó que “muchas veces quienes sostienen estas posturas son aquellos que se benefician directa o indirectamente con la explotación de la madera y expoliación de los bosques para su comercialización, sin que dinero alguno llegue a la comunidad dueña de las tierras”.

El fondo

Detalló más tarde que “el fondo esta integrado por: a) Las partidas presupuestarias anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, no inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; b) El 2% del total de la retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración; c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales; d) Donaciones y legados; e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo; f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo deservicios relacionados con el sector forestal; g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores”.

Por esta razón, en cumplimiento de los fines de ese fondo es que pidió a la Justicia que “ordene al Ministerio de Planificación Ambiente la elaboración de un plan de gestión a fin de concretar la percepción y distribución del fondo previsto en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, así como la realización de una planificación en la aplicación de dichos recursos a fin de lograr el objetivo de la ley mencionada”.

Corregido remarcó que en la presentación reiteró y amplió su pedido para que el Ministerio de Gobierno o la Secretaría de Seguridad, o la Policía del Chaco, para la aplicación del artículo 97 del Código de Faltas de la Provincia del Chaco “a fin de prevenir y reprimir la deforestación en la zona; esto tiene relación con los postulados de la Ley de Bosques en cuanto establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque”.

Finalmente dijo que “la Ley de Bosques es una herramienta que debe ser aplicada adecuadamente para asegurar la conservación de nuestros bosques nativos. Las consecuencias de la no observancia de la legislación vigente en relación a los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos prestan, el no cumplimiento de las medidas judiciales ordenadas y/o a ordenarse nos llevan indefectiblemente a la pérdida de biodiversidad natural, a que se afecte la calidad de la salud ambiental, cuando se carece de salvaguardas y controles, significando riesgos ambientales y para la salud de todas las comunidades y/o poblaciones. Las problemáticas que nos aquejan no están circunscriptas a un sector social sino que involucran a toda la humanidad”.

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