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Ago 03 2012

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Movimiento Cacique Pedro Martínez denunció una violenta represión en un corte de rutas

Acusan al diputado Carballo por “aprietes” y “sobornos”

 

Los dirigentes Natalio Romero, Gregorio Fernández y Andon León, integrantes del Movimiento Indígena Cacique Pedro Martínez de Pampa del Indio, hicieron pública su denuncia acerca de una grave situación de discriminación racial y acto criminal registrada el pasado 11 de julio del corriente, cuando fueron violentamente desalojados del corte que realizaban en ruta provincial 3, en Campo Medina, por efectivos de la infantería policial por orden del fiscal José Sorabella. Solicitaron la intervención del Centro Nelson Mandelapara encontrar a los responsables y que se investigue al diputado justicialista Gustavo Carballo por “aprietes” y “sobornos”.

Los cortes sobre la ruta provincial 3 se realizaron pidiendo el cumplimiento de la palabra empeñada en la campaña electoral pasada.

 El petitorio remitido al Centro Nelson Mandela consta de 10 puntos en los cuales los integrantes del movimiento indígena hacen hincapié en la necesidad de la presencia de manera urgente de los responsables de este organismo a fin brindar detalles de estos graves acontecimientos, solicitando que se denuncie sobre esta situación ante el Inadi por la discrminación racial sufrida, como así también ante la legislatura provincial y los organismos del Estado por los actos de violencia registrados en Campo Medina el pasado 11 de julio para determinar con ello a los responsables de la represión.

 Además de la necesidad de conocer quién impartió la orden también los dirigentes resaltan la necesidad que la Cámara de Diputados no solo exprese su repudio ante los medios de comunicación por estos hechos lamentables que pudieron terminar en una tragedia, sino que investigue la participación de uno de sus integrantes, el diputado Gustavo Carballo, por actitudes que consideran de “abuso de poder”, ya que lo sindican como gestor de acciones de “aprietes” y sobornos” para hacer callar a la gente e instalar el miedo en Pampa del Indio.

A título de información, los miembros del movimiento Cacique Pedro Martínez marcharon al corte de la ruta 3 en reclamo de la palabra empeñada durante la campaña electoral pasada. El grupo se instaló el 10 de julio en la zona de Campo Medina y acamparon en el lugar, hasta que alrededor de las 4 de la mañana del 11 de julio fueron sorprendidos por una importante cantidad de efectivos de la Infantería policial junto con un camión del cuerpo de bomberos de General San Martín, con una orden de desalojo dispuesta por el fiscal número 1 de esa ciudad, doctor Ricardo Sorabella.

Los uniformados irrumpieron violentamente en el sector al grito “indios de m… los vamos a matar a todos”, e inclusive se ensañaron con una anciana, a la cual le manifestaban que era una vieja sucia y que también la iban a matar. Natalio Romero junto a otros manifestantes fueron apuntados con armas de fuego, mientras los bomberos usaban el camión hidrante para arrojar agua tanto a mujeres como a niños. En medio de la confusión y la oscuridad, aseguran que la policía se encargó de quemar dos carpas de 50 metros cada una, junto a colchones y pack de alimentos en general. A todo esto, los mismos policías les manifestaban que las órdenes que cumplían provenían del ministro Pedrini y del gobernador Capitanich.

Censura repudiable

Los referentes del movimiento indígena acusaron a las radios FM Impacto 97,9 y Radio Fénix 105,9 de haber implementado una clara demostración de censura al cerrar las puertas a los reclamos, inclusive luego de haberse contactado telefónicamente con Natalio Romero. Remarcan que cuando se pretendía dar a conocer todo lo ocurrido, en una actitud repudiable y asquerosa, el diputado Gustavo Carballo ofreció dinero a cambio de silencio al propio Romero.

Por tal motivo, este accionar antidemocrático de un representante del pueblo, quien manipularía los medios en la oscuridad extorsionándolos para que no se conozca este acto de represión, mancha la honorabilidad de la Cámara de Diputados del Chaco en un claro abuso de poder y falta a los deberes de funcionario público.

 

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