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Jul 25 2012

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El Superior Tribunal responsabiliza al Ejecutivo por las dificultades financieras del Poder Judicial

En una declaración, dice que el gobierno demora o recorta fondos y así alimenta la conflictividad por salarios y la paralización de obras.

El Superior Tribunal difundió anoche una declaración oficial en la que responsabiliza al Poder Ejecutivo por los problemas financieros que afronta el Poder Judicial, y que se traducen en un clima de conflicto con magistrados, funcionarios y empleados a raíz de los reclamos salariales de éstos, así como en una paralización o ralentización de las obras que se venían encarando dentro de la justicia provincial.

En el escrito, el STJ dice que el Poder Judicial “se encuentra seriamente comprometido en su financiamiento”, y acusa a la gestión de Jorge Capitanich de no cumplir con compro¬misos asumidos en materia de transferencias de recursos así como con la promesa de abrir la discusión salarial con los sectores que integran el servicio de justicia.

Retroceso presupuestario

 

El texto completo del pronunciamiento del órgano que integran María Luisa Lucas, Ramón Avalos, Alberto Modi, Ricardo Franco y Rolando Toledo, es el siguiente:

 El Superior Tribunal de Justicia se encuentra seriamente comprometido en su financiamiento, reconociendo deudas con proveedores tanto por gastos corrientes como por gastos de capital, situación que viene registrando desde los primeros meses de este ejercicio financiero. La misma es ocasionada, sin ninguna duda, por la falta de transferencias de fondos desde el Poder Ejecutivo provincial.

Si bien la Justicia ha reconvertido su flujo de fondos, ajusfándolo a loscréditos presupuestarios autorizados para el presente año (que recordemos fueron disminuidos en un 11 % en la Ley de Presupuesto lo que implica 60.185.000) y acordado con el Poder Administrador un fondo permanente que le permita atender sus gastos, el Superior Tribunal de Justicia observa con preocupación que aún dentro de estos parámetros de austeridad que son la característica de la gestión de este poder, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con las previsiones de fondos que el mismo Órgano ha comprometido.

En el presente año, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Ley de Presupuesto, debía transferir la suma de $6.000.000 mensuales al Poder Judicial para atender sus gastos corrientes y de capital excluyendo sueldos-, reduciéndose dichas transferencias a un importe mensual de$ 5.000.000, que luego elevó a partir de marzo $5.550.000, a fin de atender el incremento del valor mensual de reconocimiento de gastos.

Situación que se vería agravada en el trimestre julio/setiembre toda vez que las últimas informaciones recibidas determinarían una disminución de tal importe a la suma de $4.000.000.

Con esa proyección, en lo que va del año, el Poder Judicial debió haber recibido la suma de $37.750.000, cuando en realidad los fondos de que dispuso la Justicia fueron de $32.610.000. La diferencia de $5.140.000 se ve reflejada en la deuda que registra este Poder. Esto ha generado de hecho la suspensión de obras que se pensaban iniciar en el presente año (vrg. Fuero Civil Torre III; Juzgado Multifuero Misión Nueva Pompeya; etc.) y otras que había programado en su Plan de Obras Públicas aprobado por Acuerdo Extraordinario 3201/2011.

Con esta perspectiva, se está planteando no ya una suspensión a la espera de propuestas serias y cumplibles, sino un sinceramiento de la situación, procediendo a ralentizaro paralizar las obras iniciadas (edificio Tribunales de Castelli, readecuación edificio Fuero Penal de Resistencia, etc.) y suspender los procesos de licitación de las que se encuentran en marcha (Ampliación Edificio Tribunales de Familia SáenzPeñay Remodelación del SUM, Resistencia)

Además de ello existe notoria preocupación por la necesaria adecuación de los salarios de todos los agentes del Poder Judicial (empleados, funcionarios y magistrados) que fuera comprometida por el Poder Ejecutivo a partir del mes de julio, previas tratativas a llevarse a cabo entre todas las partes en el mes de junio, sin que ella haya sido puesta en práctica por el Poder Administrador, único responsable conjuntamente con el Poder Legislativo de aumentar los salarios a través de una ley especial (como lo establece la Ley 3755) y la consecuente asignación de las partidas presupuestarias pertinentes del Tesoro Provincial para hacer frente a los mismos, debiendo tenerse presente que en lo que va del año, la totalidad de los aumentos salariales para este Poder del Estado tueron de un 7 % a partir del mes de marzo.

Debe agregarse a ello, la permanente decisión de los gremios de empleados de realizar huelgas en reclamo del cumplimiento de las promesas del Poder Ejecutivo, y de la existencia de numerosos juicios de amparo presentados por magistrados de toda la provincia los cuales se encuentran en el Superior Tribunal de Justicia a la espera de una definición jurisdiccional, que ya están en situación de ser resueltos a la brevedad.

Ha de reiterarse nuevamente que el Poder Judicial no puede ni debe solucionar el problema salarial de todos sus integrantes, pues legalmente no le corresponde, y tal situación queda, exclusivamente, en manos del Poder Legislativo, a través del dictado de la ley correspondiente, y del Poder Ejecutivo, que deberá asignar las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la mentada ley que se dicte.

Como colofón de lo expuesto, cabe mencionar que el porcentaje de participación del presupuesto del Poder Judicial respecto al presupuesto de la pro¬vincia ha ido disminuyendo desde valores que representaban un 7,94% (año 2002) hasta el 4,95% actual (año 2012). Lo que queda evidenciado en planilla anexa que demuestra la evolu¬ción de la participación presupuestaria del Poder Judicial desde el año 2000 a la fecha.

 

 

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