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Abr 11 2019

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Para el Gobierno de Chaco el freno al desmonte no es prioridad

 

En la mañana del 10 de abril el movimiento Somos Monte Chaco volvió a reunirse con la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para reclamar que paren los desmontes ilegales, que se declare de la Emergencia Ambiental y se retome el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial para Bosques Nativos (OTBN) conforme a las pautas previstas en la Ley de Presupuestos Mínimos (Ley Bonasso), con trámites transparentes y participativos.

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Participaron los diputados Andrea Charole, Juan José Bergia, Leandro Zdero, Enrique Paredes y Gladis Cristaldo. También estuvieron presentes el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, el Director de Bosques, Emanuel Carrocino y un representante del INTA Regional.

El debate tuvo como eje fundamental el fracaso del sistema de control por parte de la Dirección de Bosques y la falta de recorridas preventivas que ha posibilitado el ataque contra el monte a través de permisos otorgados ilegalmente y por el avance de los desmontes clandestinos en zona protegida (Zona Amarilla, Categoría II). A esto se suman las explotaciones forestales clandestinas y los permisos de cambio de suelo para la producción silvopastoril que también autorizan en la zona protegida, que abiertamente violan la 26.331 dado que los desmontes selectivos (silvopastoriles) no pueden autorizarse en El Impenetrable porque esa masa boscosa es  conocida como el “monte de los 100 árboles” y la exigencia para autorizar tales desmontes es que queden en pie 120 árboles por hectárea promedio en la superficie autorizada.

Rolando Núñez, coordinador del CENTRO MANDELA, que forma parte del movimiento Somos Monte Chaco, remarcó que todo el sistema de control hace agua, es un fracaso total. Las delegaciones de Dirección de Bosques y del Instituto de Colonización en Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y Taco Pozo, para mencionar algunas,  están cruzadas por la ineficiencia, el tráfico de influencias y el pago de sobornos.

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“En el período 2006-2014 se intervino contra el monte a razón de 308.936 hectáreas mientras que solamente se forestaron 935 hectáreas, en un período aún más largo (2003/2014). Esos dos datos son demoledores y marcadores soberanos en la discusión. Se debería invitar a participar al Instituto de Colonización porque allí quedan los restos de montes fiscales que son los más atacados, incluso por productores que tienen tierras en El Impenetrable. Van por esos montes”, señaló Núñez.

La corrupción en la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques es el modo de  funcionamiento diario de ambos organismos. Núñez se refirió a los palosantales (monte de palo santo) que están severamente atacados, especialmente dentro de la propiedad comunitaria de Comandancia Frías, donde utilizan guías falsas de Salta y de Formosa para sacar la madera de Chaco con destino a la exportación, fundamentalmente para el mercado chino.

Añadió que la carga llega a Mendoza, pasa por el territorio chileno y sale por el puerto de Iquique. En este ataque a los montes de palo santo tiene mucho que ver el fracaso o la inexistencia de planes de controles en el territorio por parte de la Dirección de Bosques. Casi todo es ilegal dado que no es madera fletada en tránsito porque pertenece a los palosantales de Chaco.

Con respecto a esto, Núñez recordó que “se suponía que el palo santo era una especie protegida. Es de conocimiento del director de Bosques y del Subsecretario que en un procedimiento se incautaron 100 toneladas de palo santo que se resguardaron en un depósito de una industria cerrada en Saénz Peña, que luego desaparecieron”.

Por su parte, Micaela Camino, bióloga que integra el Foro Chaco Gualamba y Somos Monte, puntualizó que se puede hacer un seguimiento por internet de los desmontes, donde se  observa en vivo lo que está sucediendo, refiriéndose a los desmontes. Con un simple procedimiento de superposición de los mapas, donde se vean los desmontes que se están efectuando en zona protegida se puede comprobar  en el campo. Esto optimizaría los recursos. También recordó la necesidad de colocar chips en las topadoras para ubicarlas y poder ejercer un control de sus movimientos. El subsecretario Olivares respondió que “habían averiguado”, pero no dio más detalles.

Inés Aguirre, ingeniera agrónoma que también forma parte del movimiento Somos Monte, relató un escandaloso caso que pone al descubierto la falta de controles por parte de la Dirección de Bosques. Dijo que “A metros de Fuerte Esperanza se produjo un desmonte de un productor de apellido Paganini por 1000 hectáreas.” Agregó “¿La Dirección de Bosques no se dio cuenta de que a 5 kilómetros de Fuerte Esperanza había un desmonte de esta magnitud? Acá no es optimizar los controles. Acá falta voluntad (de controlar). Este señor es un histórico infractor. Para desmontar 1000 hectáreas, ¿cuánto tiempo tienen que estar y cómo no se dieron cuenta las autoridades?”, se preguntó la ingeniera Aguirre

El otro problema grave señalado fue la explotación forestal clandestina que se ejecuta en la Reserva Grande que es propiedad comunitaria de la comunidad indígena, que está sin el más mínimo control o custodia. Se señaló que aunque se reconoce la propiedad indígena, siguen llevándose el monte.

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El diputado Zdero plantó su postura y manifestó que “hay una cosa que no podemos negar, que es que el problema está y estamos en esta Mesa para tratar de encontrar una solución. Si se ha avanzado en cantidad de vehículos y de personal (en los organismos de control), evidentemente no estamos optimizando los recursos que tenemos. El problema no lo podemos desconocer. El fracaso está en los controles. Quizás nosotros también desde el Poder Legislativo debemos  controlar y buscar la participación ciudadana”.

Dudas sobre el destino de los fondos recibidos por Chaco

Por otro lado, Micaela Camino planteó la necesidad de comenzar el proceso de actualización del OTBN, demorado por más de cuatro años, lo que  genera un problema grave con el desembolso de los fondos nacionales destinados a la protección de los bosques nativos. Esto no se puede realizar hasta no detener completamente los desmontes ilegales y clandestinos.

Inés Aguirre señaló que “menos del 1% de la superficie boscosa está protegida por esos fondos. Con esto, lo que quiero decir, es que no esperemos los fondos. Acá lo que hay que hacer es cumplir la ley y con eso vamos a cuidar el monte”.

A su vez, se expuso la necesidad de hacer una investigación sobre el destino de los fondos recibidos por la Chaco para financiar a los propietarios de los campos que conservan sus montes para que presten servicios ambientales y preserven la biodiversidad en sus predios

No hay voluntad política para frenar los desmontes

Cuando directamente se le preguntó al Subsecretario Olivares sobre el decreto para frenar los desmontes ilegales que estaban en ejecución en zona protegida y que él mismo había comprometido en la reunión anterior, dijo que “el decreto lo preparamos y ya está en el circuito. Lo despachamos y volvió con un informe de la asesoría legal y técnica. Ahora no me acuerdo en que instancia está. Hicimos las correcciones y lo mandamos nuevamente. Eso fue la semana pasada”.

El 22 de febrero el CENTRO MANDELA solicitó las anulaciones del proceso administrativo de actualización del OTBN. Las anulaciones pretendidas tienen por objeto que se dejen sin efecto todos los trámites administrativos vinculados con la actualización del ordenamiento de montes, de todas las disposiciones sancionadas por la Subsecretaría de Recursos Naturales para re categorizar campos en zona protegida, como también todos los permisos de desmontes que fueron autorizados por la Dirección de Bosques, que comprenden un total de 53 casos.

Nuevamente Olivares no pudo dar una fecha exacta cuando Rolando Núñez le preguntó sobre la respuesta a los planteos que fueron realizados por escrito. “El decreto 298/19 suspendió el proceso de actualización hasta analizar todas las cuestiones objetadas. Tenemos muchos pedidos. Para poder avanzar con el proceso de actualización de OTBN vamos a tener que dar respuesta al pedido que hizo el CENTRO MANDELA, al  pedido de Somos Monte y el de la Cámara de Diputados, para que después no se sufra otro ataque o cuestionamiento”, se justificó el de Subsecretario.

Sobre la información de los expedientes, que también requirió el CENTRO MANDELA,  Olivares dijo: “Nosotros les vamos a dar toda la información, pero son 53 expedientes. Podemos tardarnos o no podemos tardarnos, somos los de siempre. Usted conoce mi equipo de trabajo. Nos somos más que esos. Tenemos que trabajar todos los días, dar respuesta a todos los pedidos de informes, tenemos que trabajar también”.

Las justificaciones de Olivares y Carrocino para no hacer su trabajo, controlar y frenar el desmonte giraron en torno a la falta de recursos y de personal. Argumentaron que cuentan con una planta automotor de 50 vehículos con más 200 mil de kilometraje cada uno, y que Chaco es grande y el personal es limitado.

La diputada Cristaldo concluyó señalando que “la realidad es que se están destruyendo nuestros montes porque si no fuera así, ustedes como funcionarios del Gobierno provincial vendrían con información concreta de que eso no es así y la verdad es que no tienen elementos para rebatir eso. Les pido que en lo posible vengan con información en cuanto a cantidad de vehículos, cantidad de personal, lugares de control, el relevamiento a través de imagen satelital si pueden traer por escrito”.

Los diputados finalizaron apuntando que el tiempo no alcanzó para tratar un tema tan amplio, de tan graves consecuencias y en el que hay que avanzar punto por punto en los planteos que ya hicieron desde el movimiento Somos Monte para dar respuestas y una alternativa. Se comprometieron a convocar a una nueva reunión, invitando también a diputados nacionales.

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