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Abr 10 2019

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J.J. Castelli: las comunidades indígenas nuevamente fueron engañadas

A principios de marzo los pastores aborígenes de 32 iglesias evangélicas de J.J. Castelli, conjuntamente con representantes de comisiones barriales de dicha ciudad, reclamaron al gobernador Domingo Peppo que entregue  las viviendas prometidas a las comunidades indígenas, sin perjuicio de que saben que se investigan los hechos en la causa Lavado III, que se tramita en el Juzgado Federal 1 de Resistencia.

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Exigieron que se construyan y entreguen estas viviendas “ya que todo el dinero (millones) fue enviado por la Nación para que fueran construidas”.

A través de una carta abierta, los pastores expresaron que Peppo, como expresidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y actual Gobernador “fue y es responsable de los destinos de los fondos nacionales enviados para la construcción de viviendas populares, especialmente las que debieron ser construidas para las familias indígenas de J.J. Castelli y de El Impenetrable. Su obligación todavía sigue incumplida y daña profundamente  a las comunidades aborígenes”.

Denunciaron que en vísperas de las elecciones del año 2015 recibieron la visita del intendente Alberto Nievas, que estuvo acompañado por el  Presidente del Concejo, Pio Oscar Sander. El entonces candidato pidió el acompañamiento de la comunidad indígena para el partido Frente Chaco Merece Más y su reelección como intendente. A cambio, prometió la ampliación y arreglos de las Iglesias evangélicas y la construcción de viviendas para el Pueblo aborigen.

“Con el correr del tiempo nos enteramos que el Gobierno Nacional había girado dinero para la construcción de viviendas populares,  muchas de las  cuales tenían como destinatarios a  las familias aborígenes. Pasó lo que hoy es de público conocimiento, o sea que las viviendas que nos prometieron no se construyeron o solo se hicieron algunas que favorecieron a punteros políticos o secretarios de la Municipalidad.  Otras viviendas fueron vendidas en el circuito inmobiliario, en el que  se vendían o alquilaban. Todo fue un negocio para unos pocos beneficiarios que se hicieron millonarios, algunos de los cuales son  investigados, pero no todos están presos”, puntualizaron los pastores en el escrito.

Para que el reclamo sobre el engaño sufrido por las comunidades indígenas de J.J. Castelli y El Impenetrable tome estado público la carta abierta fue dirigida no solamente al Gobernador, sino también a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco y de la Nación, a la  Juez  Federal, Doctora Zunilda Niremperger, al Superior Tribunal de Justicia, al Defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, a las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al Intendente a cargo y al Concejo Deliberante de J.J. Castelli, a toda la población y a los medios  locales, provinciales y nacionales.

Los pastores y referentes barriales de J.J. Castelli aseguraron que son paupérrimas las condiciones en las que viven los indígenas en El Impenetrable, a lo largo y a lo ancho de todo el Departamento Güemes. “La realidad es triste y cruel. Sin embargo, el Gobierno chaqueño no quiere que se conozca que vivimos en situaciones de indigencia y de olvido. Los gobernantes ocultan nuestra realidad de extrema pobreza y de máxima exclusión social. Diariamente se violan nuestros derechos perfectamente contemplados en el artículo 37 de la constitución chaqueña, que reconoce la preexistencia de los Pueblos indígenas en Chaco, como también nuestra identidad étnica y cultural, estableciendo nuestro desarrollo humano. Todas estas  garantías fueron vulneradas durante décadas. Así llegamos a la actual situación, que es extrema y degradante porque afecta directamente nuestra dignidad indígena”, agregaron.

Por otra parte, citaron la Constitución chaqueña   que  “asegura la igualdad ante la ley y que en su  artículo 8 ordena que  los habitantes  tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la Ley, la que deberá ser una misma para todos, tener acción y fuerza uniforme, asegurarles igualdad de oportunidades. Cada habitante tiene el deber de contribuir, de acuerdo a sus posibilidades, al bienestar común y el correlativo derecho de participar de sus beneficios. En el mismo sentido, el artículo 35 dispone que los habitantes tienen el derecho de tener una vivienda digna”.

Finalmente, pidieron al  Gobernador, a los  Diputados, al Defensor del Pueblo, al Intendente y Concejales de J.J. Castelli y a los restantes responsables que den  respuestas sobre por qué violan o permiten que  se viole la Constitución chaqueña cuando ejercen sus funciones públicas y someten a las comunidades indígenas a condiciones de vida indignas.

“En este tramo no podemos dejar de mencionar que el primer Derecho Humano es la dignidad, que debe ser respetada y auspiciada por todos los gobiernos democráticos. Sin embargo, diariamente se viola nuestro derecho a vivir dignamente en diversidad étnica. A la espera de no ser nuevamente engañados, le hacemos conocer al  Gobernador que haremos un seguimiento constante de nuestros reclamos con la finalidad de que su gobierno repare la estafa a que fuimos sometidos”, concluyeron los pastores.

 

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