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Mar 30 2019

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Quedó trunco el Portal de Transparencia del gobierno chaqueño

Durante la puesta en escena de la presentación del Portal de Transparencia Peppo aseguró que “esta metodología es un salto cualitativo en la institucionalidad y la transparencia; además de dar una batalla más contra la corrupción estatal(…) Ponemos al servicio de la comunidad la utilización de los recursos para generar más confianza en la función pública por que la idea es abrir y mostrar que no escondemos nada”, señaló. Esto ocurrió cuando el 27 de junio de 2017 presentó el Portal de Transparencia junto al entonces secretario general de la gobernación Horacio Rey.

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Las esperanzadoras palabras del gobernador habrían de convertirse después en una premonición   contradictoria y muy negativa para su propia gestión.

Los hechos que salieron a la luz en los primeros días de marzo del año pasado fueron lo suficientemente gráficos  para comprender que la puesta en escena era una pantalla más para distraer la atención de la opinión pública y encubrir los presuntos actos de corrupción que se cometieron desde el comienzo de la gestión de la gobernación de Peppo.

Rey fue procesado,  entre otros cargos, por ser el jefe de una asociación ilícita organizada para cometer reiterados delitos. Se repitieron los fraudes contra la administración pública. Se investiga quienes embolsaron decenas de millones de pesos, seguidos de lavado de activos y evasión tributaria.

El Rey Horacio y un aparente catálogo de buenas intenciones

Por su contenido, el Portal de Transparencia es muy pobre dado que tiene escasa información, generalmente las menos importantes en la administración,   prioridades y destinos de los fondos públicos ejecutados.

El emprendimiento tan solo quedó como una puesta en escena y en  un lanzamiento simplemente efectista, muy opaco para transparentar los actos de gobierno. Con la caída de su principal mentor, Horacio Rey, que está preso desde hace un año, el Portal entró en un cono de sombras y su desarrollo quedó estancado en el tiempo.

Las principales funcionalidades de la plataforma exhiben actualmente información parcial y desactualizada. En el menú de inicio del rubro “Datos abiertos”, en la opción “Servicios Públicos” (SECHEEP y SAMEEP), solo contiene datos sobre cuadros tarifarios de los años 2016 y 2017. En la opción “Estadísticas” se presenta el Anuario “Chaco en Cifras”, muy desactualizado (Serie 2003/2011) ya que al parecer se discontinuó su publicación. En la opción “Economía” se exhiben datos atrasados sobre inflación basados en el IPC del AMGR 2011/2013, y la serie 1993/2014 del Producto Bruto Geográfico (PBG). Lo mismo ocurre con las opciones “Sociedad” en la que se puede encontrar únicamente el informe del INDEC sobre pobreza e indigencia del año 2016, y en el rubro “Trabajo” solamente se pueden hallar datos sobre el mercado laboral de 2013 y las tasas del periodo 2013/2017.

La excepción, en orden a la desactualización de contenidos general del Portal, al seleccionarse el ítem “Administración pública”, donde se pueden consultar datos sobre “Presupuestos” (periodo 201/2019), “Compras y Licitaciones” (2005/2019) y “Boletín Oficial” se advierte claramente que se encuentra actualizado, aunque se puede observar que las “Declaraciones Juradas” correspondientes a los funcionarios del Poder Ejecutivo no están completas y corresponden a las presentadas en 2016.

Otras opciones de información anunciadas en la presentación realizada en 2017 no fueron incorporadas al Portal, por lo que se puede concluir que el proyecto quedó trunco, como tantas otras iniciativas de la actual gestión de gobierno.

La marcha de la corrupción

Horacio Rey fue imputado como el jefe de una banda que se apoderó de fondos públicos que estaban destinados a pagar pautas de publicidad y propaganda a medios de comunicación, periodistas, empresas y fundaciones. Los recursos públicos fondearon el Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO), que Rey administró en sociedad con la Fiduciaria del Norte,  cuyos principales directivos también fueron imputados a pesar del “acuerdo” que se supone habían establecido con el Procurador General Jorge Canteros, que hoy está requerido en la justicia penal y  y la Cámara de Diputados.

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