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Abr 09 2019

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La autopsia determinó que Cristian González fue torturado y tirado en la Ruta 13 aunque para la justicia solo fue “abandono de persona” y “encubrimiento”

Un nuevo caso de brutalidad policial y tortura seguida de muerte volvió a comprometer, por sus prácticas violatoria de los derechos humanos, a la Policía del Chaco y puso en evidencia el mal funcionamiento de la Justicia chaqueña en la tarea de minimizar responsabilidades de agentes y funcionarios públicos, hasta encubrir y generar impunidad selectiva.

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El grave y penoso hecho, esta vez, tuvo como víctima  a Cristian González, un humilde comerciante del barrio Provincias Unidas, que fue detenido la Noche Buena del 24 de diciembre de 2015 y alojado en la comisaría Undécima de Resistencia.

Doce horas más tarde, González apareció muerto en el kilómetro 35 de la Ruta 13, en la banquina derecha, 10 kilómetros antes de llegar a Cote Lai. La pregunta de rigor, que los operadores de la Justicia Penal no se hicieron: ¿Cómo alguien que entró sano a una comisaría, apareció muerto 24 horas después, a más de 50 kilómetros, y quiénes fueron los responsables de los posibles delitos de lesa humanidad?

Para la Fiscalía y para los querellantes particulares, el Comité contra la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y la familia de González, González fue torturado y asesinado por un grupo de policías en el garage de la comisaría Undécima, y su cuerpo fue tirado “como un perro”.

La autopsia determinó que González fue torturado

De acuerdo a la autopsia del perito forense del Poder Judicial, Walter Aníbal Rath, González murió a causa de una “asfixia mecánica”. Rath confirmó, además, que el cadáver de la víctima presentaba huellas de golpes en todo el cuerpo, que no fueron autoinflingidos. El forense remarcó que la muerte no fue  “súbita”, como quiso refutar un perito de parte, sino que fue “traumática”, o sea que lo mataron.

Sin embargo, la Jueza, María Virgnia Ise, de la unipersonal Cámara Tercera en lo Criminal, sostuvo en su sentencia del 21 de diciembre pasado que no pudo comprobarse, de manera objetiva, que los policías imputados torturaran a González, hasta que éste falleciera.

En su fallo, la magistrada afirmó que tampoco estaba claro si la víctima se autolesionó o si fue golpeado por los policías, o ambas situaciones. Lo que sí dio por probado es que los uniformados abandonaron a su suerte al detenido en un lugar inhóspito de Cote Lai, en un mediodía muy caluroso y que dicha acción le habría generado una descompensación mortal.

Lo que no se investigó ni  se sentenció

La magistrada, inexplicablemente, desechó el informe del perito forense Rath en cuanto a que González fue asesinado por la aplicación de las torturas conocidas como “submarino seco” o las presiones aplicadas sobre el pecho del preso por  un tiempo prolongado o en ciclos repetitivos.

En cualquiera de los dos casos, estas dos prácticas de tortura inexorablemente provocan que todo el sistema neurovegetativo integralmente trate de compensar la agresión en desarrollo para evitar reflejos vagales que puedan llevar al paro cardiovascular y a descompensaciones orgánicas múltiples, seguido de muerte  rápida (lisis o colapso) o lenta (crisis en cadena), según la reacción orgánica e idiosincrática de la víctima.

Con esta precaria deducción, la jueza finalmente condenó a los policías Edgardo Aquino y Ariel Giménez a 14 años de prisión por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Asimismo, los policías Ernesto Ruiz y Darío Paniagua también fueron condenados por el mismo delito, pero con una pena de seis años. El comisario, Ramón Vallejos, fue sentenciado a 3 años de prisión y, finalmente, otros dos policías fueron declarados inocentes.

El hecho

Según la sentencia, González fue detenido por “supuesto daño” en el barrio Provincias Unidas el 24 de diciembre de 2015, minutos después de las 21.

De acuerdo los presos que estaban en las celdas contiguas, González estaba fuera de sí. Gritaba y hacía comentarios que denotaban cierto delirio místico. Además, de acuerdo a los testimonios de sus compañeros de celda, se habría provocado lesiones en su cara y manos, que el CENTRO MANDELA luego determinó que fueron testimonios organizados.

En el juicio oral tanto el fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca, como los querellantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura, representados por Paulo Pereyra y Roberto Sotelo, consideraron que dichas declaraciones no eran verosímiles.

A la mañana siguiente de haber sido detenido, González fue trasladado a la División Antecedentes y a Sanidad Policial. En este último lugar, la médica de turno ordenó a los policías que lo llevaran de inmediato al Hospital Perrando debido a que estaba “como ido” y presentaba lesiones de consideración en su rostro. Asimismo, el fiscal a cargo de la causa por “supuesto daño”, Roberto Villalba, ordenó la libertad del hombre.

Sin embargo, de acuerdo al relato del imputado Paniagua, el comisario de la undécima, Ramón Vallejos, le ordenó que en lugar de liberarlo en la Comisaría o de trasladarlo al hospital hicieran algo que en teoría hacían los policías tiempo atrás: liberar a los detenidos “borrachos” a muchos kilómetros de la comisaría con el objetivo de “terminar la guardia tranquila”.

Y así fue como Edgardo Aquino, Ariel Giménez, Ernesto Ruiz y Darío Paniagua trasladaron a González a más de 50 kilómetros en la camioneta Hilux de la Policía, identificada como Móvil PT-263, y lo arrojaron a la vera de la ruta 13, kilómetro 35, camino a Cote Lai. Esto ocurrió minutos antes del mediodía de aquella Navidad. Tanto el GPS del vehículo, como los testigos de la zona, confirmaron al CENTRO MANDELA que vieron la patrulla en el lugar a esa hora y posteriormente en el casco urbano de Cote Lai, cuando los policías compraron alimentos para comer, para luego retirarse del pueblo.

“Para decirlo de un modo concluyente, no puedo establecer con absoluta certeza que Aquino, el cabo primero Giménez y los agentes Paniagua y Ortiz sometieron a golpes y luego causaron a través de una acción concreta de manera activa la muerte de González por asfixia mecánica en el garage de la comisaría undécima de esta ciudad de Resistencia, a las 10.20 horas del día 25 de diciembre de 2015”, sostuvo ligeramente la jueza en su fallido.

La juez continuó a su favor, señalando: “Como, asimismo, si fueron todos o alguno de ellos los que llevaron adelante la acción precisa de asfixiar al fallecido (con conocimiento y acuerdo de todos), o como lo expliqué, si intervino algún otro funcionario en servicio ese día y en ese horario en la dependencia policial. Las hipótesis pueden ser múltiples”.

La juez Ise determinó que los policías no torturaron ni mataron, sino que simplemente abandonaron a González, produciéndole la muerte (por ese abandono). Agregó que “Sentado lo anterior, estoy en condiciones de afirmar que el día 25 de diciembre de 2015, con posterioridad a las 10 y antes de las 11.58 aproximadamente, el Oficial Subayudante Edgar Aquino, el Cabo Primero Ariel Giménez y los Agentes Darío Paniagua y Ernesto Ortiz, luego de retirarse de Sanidad Policial y sin seguir la indicación de la profesional médica que ordenó el traslado al hospital local de Eduardo González, quién se encontraba detenido desde el día anterior y presentaba un cuadro físico y psiquiátrico que demandaba atención médica (lo que expresamente se hizo saber por la médica de guardia) y sin efectivizar la orden de libertad impartida por el fiscal actuante, lo subieron al móvil PT-263, y se dirigieron al Km. 35 de la Ruta Provincial Nº 13 -localidad de Cote Lai, Chaco, ex Ruta Provincial Nº 89-, en donde lo dejaron tirado en la banquina, todo lo cual provocó su deceso”.

 Así de simple e inexcrutable ha sido el trabajo de la juez Ise, enmarcada en una justicia penal que cada vez investiga mal y juzga peor.

 

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