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Mar 17 2019

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Lavado I: Fiduciaria del Norte tendrá que comunicar a la UIF y a la CNV los delitos imputados al presidente Slanac y al vice Molina

Villa Angela

Fiduciaria del Norte (FdN) hasta ahora no habría comunicado los delitos imputados a Sergio Slanac y Eduardo Molina a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los delitos investigados en el Lavado I se tratan de hechos graves que, según el Equipo de Investigación Fiscal (EIF), solamente se cometen a través de una asociación ilícita, o sea que se estaría en presencia de un crimen organizado.

Respecto a Slanac y Molina los hechos imputados son más graves que lo ocurrido en marzo de 2018, cuando la Justicia Federal allanó las dependencias de la Fiduciaria en el inicio de la denominada causa Lavado I. El allanamiento fue comunicado a la UIF y la CNV, con la aclaración de que ningún funcionario de la Fiduciaria estaban imputados.

Salvo que alguno o todos de los abogados defensores de los 25 imputados apelen el requerimiento de elevación de la causa a juicio, Slanac y Molina también serán juzgados porque presuntamente cometieron delitos, pese a lo “acordado” por el procurador Jorge Canteros, según el audio difundido durante la noche del pasado miércoles 13 en el programa ADN, que conduce Tomás Méndez, en C5N.

Slanac: “no puedo controlar todo”

Sergio Slanac declaró como imputado. Con sus argumentos no convenció a los fiscales. Repitió algunos párrafos de una declaración testimonial anterior.

En su declaración judicial el presidente de la FdN confirmó varios puntos oscuros en el funcionamiento de esa sociedad anónima, que maneja miles de millones de pesos de fondos públicos, algunos de manera irregular, como se puede observar en esta causa y en la de la Leche Robada.

Insistió en que el FAPPO era un fideicomiso de pago y no de contratación. Que las órdenes las impartía unilateralmente Horacio Rey y que debían acatarse, tanto en la firma de los contratos como en los pagos.

Igualmente Slanac consideró que no hubo hechos que le llamen la atención antes ni después de los pagos que dispararon la causa Lavado I. Lo dijo a pesar de que el expediente se tramita hace más de un año y está elevada a juicio.

Pero lo más grave es que tomó distancia de sus responsabilidades oficiales en el manejo de miles de millones de pesos de fondos públicos. “Yo no soy un funcionario público” dijo, palabras más, palabras menos. Explicó ante los fiscales que su designación está a cargo de un órgano colegiado independiente, que no necesariamente responde a la voluntad de los socios, especialmente el Estado, que es dueño del 99% de las acciones de la Fiduciaria del Norte.

Estas declaraciones de Slanac disparó otro interrogante dado que si efectivamente no es funcionario público en qué se fundamenta el Poder Ejecutivo para confiarle el manejo de miles de millones de fondos públicos, que el año pasado superaron los 7.000 millones de pesos.

El audio y el “acuerdo” incumplido por Canteros

La intervención del procurador Jorge Canteros amplificó exponencialmente el escándalo en la causa Lavado I. El programa ADN llevó otra vez el caso a las pantallas nacionales. Pese a ello, los poderes interpelados no han tomado medidas. El Superior Tribunal de Justicia, ahora con la presidencia de Emilia María Valle, inauguró su año judicial con el procurador sentado en primera fila. La imagen se completó con la presencia del gobernador Domingo Peppo. Valle y el primer mandatario hablaron, pero no hicieron ninguna referencia al escándalo que los salpica política y judicialmente.

El Dr. Canteros, al día siguiente del escándalo del audio que lo ubica en un escenario de promiscua conversación con uno de los imputados, se presentó a trabajar como si nada hubiera ocurrido. No dio reportajes ni desmintió lo que se había escuchado en el audio difundido por C5N. Slanac y Molina no encabezaron el acto cuando Fiduciaria anunció la compra de vehículos para la Policía del Chaco.

La remoción de los funcionarios de la Fiduciaria depende de la decisión política y jurídica del gobernador Peppo, tomándose en cuenta sus obligaciones perfectamente establecidas en la ley de creación y funcionamiento de la FdN (1186.D, antes Ley 5005). De cualquier modo, la situación se hace cada vez más insostenible para Slanac y Molina.

La delicada situación de Slanac y Molina no debería confundir a quienes deben tomar las decisiones del caso. Para el Procurador la cuestión es mucho más complicada. Como jefe de los fiscales el audio escuchado reflejó, según la interpretación mayoritaria, un intento de encorsetar el trabajo del Equipo Fiscal, apuntando contra Lucio Otero, “el chico” que se sintió presionado por “dos o tres medios”.

Sin embargo, antes de que fueran citados los funcionarios de la Fiduciaria, desde la propia Procuración informalmente ya había salido la noticia que llegó al CENTRO MANDELA de que Slanac y Molina serían indagados. El enredo fue mayúsculo y trascendió hasta que desembocó en el audio escuchado en C5N.

La conversación que mantuvo el Dr. Canteros despertó pánicos y sospechas cruzadas, además de revelar que la Justicia penal es permeable –desde hace bastante tiempo- a la influencia externa e interna y en sus decisiones, sobre todo cuando están involucrados funcionarios que manejan fondos públicos y presuntos actos de corrupción.

En el audio que difundió C5N se reveló que Canteros mantuvo más de una conversación. Primero habló con Fernando “Nano” Zabalza, director por el capital privado de FdN. Luego dialogó con el vicepresidente Molina, hijo del ex ministro del Superior Tribunal, Eduardo Omar Molina y, finalmente, extendió recomendaciones para tranquilizar a Slanac y al propio Molina, anticipándoles que no quedarían presos.

Pero lo más grave, tal como venía señalando con insistencia el CENTRO MANDELA, Canteros reveló que estaba “acordado” elevar la causa a Juicio con el techo de quienes serían los imputados. Quedó claramente expuesto que el “acuerdo” contemplaba que Slanac y Molina no debían ser imputados ni requeridos a juicio oral y público.

En el audio, que tomó trascendencia nacional, Canteros no fue precisamente fiel con la realidad ni con los compromisos que aparentemente asumió. Dijo que no tenía idea de “qué carajos” era lo que ocurría porque las imputaciones no eran medidas que debía solicitar el fiscal Otero, desconociendo -de eso modo- que la resolución de elevación a juicio fue una decisión tomada y firmada, en forma conjunta, por el Equipo fiscal que integran Graciela Griffith Barreto, Nélida Villalba y el propio Otero.

También quedó en evidencia un cruce bastante estridente entre la causa y el contenido del audio que provocó que Molina no le creyera al Procurador, y que no se presentara con sus “papelitos”, tal cual lo asesoró Canteros. Finalmente Molina se abstuvo de declarar, a diferencia de lo que hizo luego Slanac, que prestó declaración indagatoria e intentó despojarse de responsabilidades.

A partir de todo este culebrón de promiscuidad entre el poder político y judicial, con repercusión mediática, la pregunta que más prosperó estuvo relacionada con la filtración del audio, que todavía está sin respuestas aunque un análisis básico revela quién ha sido el autor.

El camino del juicio político

El Superior Tribunal de Justicia acaba de encomendarle al mismo Canteros que acuse a la juez de Garantías, María de las Mercedes Pereyra, por mal desempeño en sus funciones. Podría hacer lo mismo con el Procurador, encomendándole al adjunto Miguel Fonteina que lo denuncie ante la Cámara de Diputados.

Cualquier fiscal que haya tomado conocimiento del audio podría investigar a Canteros y, en su caso, abrir una investigación preliminar para que sea indagado. A río revuelto, el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical ya anunció que presentará un pedido de juicio político.

El Bloque Justicialista, mientras tanto, guarda un sonoro silencio. A pesar de la gravedad institucional del caso Canteros, no ingresó en la agenda del Partido Justicialista.

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