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Ene 07 2019

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Leche robada en Chaco: el cuidado de lo público en la mira de todo un país

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De un depósito sin luz eléctrica, sin la instalación de alarmas y sin personal que custodie, se llevaron 200 toneladas de leche fortificada para niños desnutridos del interior de la provincia. El galpón era alquilado por el ministerio de Salud Pública y hoy, hay tres funcionarios implicados, más seis personas detenidas, entre ellas, una empleada del ministerio a cargo del cuidado de la leche.

Si bien en un principio informaron que la cantidad que se llevaron era de unos 100 mil kilogramos, se supo después, que el total sumaba el doble. La indignación generalizada- que se sumó a la ya suscitada por las detenciones de los funcionarios de gobierno a principio de año- dejó entrever una falta de apego por la administración y el cuidado de lo público.

La denuncia por el robo de la leche se produjo el miércoles 12 de septiembre, día en que a su vez, se hizo pública. Sin embargo, fue el viernes 7 cuando se produjo el robo, según indicaron desde la cartera de salud.

Poco más de un mes después, el 22 de octubre cae la primera persona detenida, quien sería el chofer que trasladaba los insumos almacenados en los galpones de Salud. Esto se logró tras varios allanamientos en Villa Río Bermejito. Paralelamente, el ejecutivo provincial ofrecía una recompensa de 300 mil pesos para quien aporte información fehaciente que permita lograr el esclarecimiento y detención de los autores y/o cómplices.
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Cuatro días después, detienen a dos personas más, una de ellas empleada del ministerio de Salud Pública de la provincia, Marcela Olga Josefina Aceval, quien además, denunció la faltante de leche de los galpones ubicados entre los kilómetros 23 y 24 de la ruta 16.

Aceval estaba a cargo del cuidado de la leche purificada, que tenía destino a centros de salud y hospitales para niños de 0 a 2 años del interior de la provincia, hoy se encuentra privada de su libertad. La otra persona detenida junto a Aceval fue un hombre de 42 años.

No fue hasta el 1º de noviembre cuando dan cuenta que la cantidad de leche robada no fue de 100 toneladas, sino del doble: 200 mil kilogramos de leche habían sido sustraídas de un depósito de Salud Pública.

La cifra surge del cotejo de los remitos del gobierno nacional y del provincial, que la fiscal que investiga la causa, Rosana Soto, lleva adelante junto a demás fiscales que se vio obligada a sumar por la magnitud de la causa, conformando así un equipo fiscal especial de delitos contra la administración pública, compuesto por Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba.

La noticia la dio el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, quien por entonces precisó:

“179 mil kilos deberían estar físicamente en el depósito, y hay 30 mil kilos retirados por uno de los detenidos”

El nuevo mes trajo nuevos allanamientos, nuevos detenidos y con ellos una nueva figura legal en la provincia. Antonio Escalante, que sería uno de los primeros tres detenidos, decidió, luego de pasar 15 días privado de su libertad declarar. Su testimonio fue crucial para avanzar en la causa y le valieron la figura del “imputado colaborador” o más bien, la del “arrepentido”.

Señaló que la leche tuvo dos destinos: por un lado, se la vendía en la provincia y por el otro, a mayor escala, era fraccionada en bolsas de polietileno de 10 kilogramos y transportada a otra la provincia, la de Córdoba, también manifestó que las cajas de leche eran quemadas y hasta que una reconocida heladería de Resistencia se vería involucrada por comprar “de buena fe” la leche para producir sus helados.

A las bolsas de polietileno, se le ponía un precinto falso que decía “suero en polvo” y eran ubicadas contra la puerta del camión que transportaba el alimento para “desviar” a la policía en caso que haga los controles pertinentes. Teniendo además remitos falsos que “constataban” la mercadería.

Las declaraciones del arrepentido también arrojaron como resultado dos detenidos más, constatación de mercadería, las cajas de leches quemadas en el lugar indicado y vehículos manipulados secuestrados. Uno de esos detenidos es el dueño de un almacén ubicado por avenida Sabin, “Norita”, José Luis Maidana.

Maidana sería sindicado, semanas más adelante como el “jefe de la asociación ilícita”, entre otros delitos que se le imputan.

Escalante, el arrepentido, siguió brindando información y gracias a sus declaraciones, los allanamientos en la provincia de Córdoba fueron positivos ya que dieron con el último detenido en la causa, y quien cerraría el “circuito” de la operatoria.

Se trata de Claudio Javier Maturano, un empresario de 63 años que fue detenido el pasado 29 de noviembre en la localidad de Saturino Laspiur, Córdoba.

De su domicilio, personal de Investigaciones Complejas secuestró documentos importantes para la causa, como ser facturas y remitos que lo involucraban directamente con Maidana, por tener la firma del mismo.

LA OPERATORIA

La hipótesis que manejan las fuentes judiciales siguen el siguiente circuito: Maidana-dueño del comercio Norita-canjeaba le leche robada con Maturano, éste fabricaba con ella el queso en su cooperativa de Córdoba, y luego se lo daba a Maidana, para que éste lo comercialice ya como queso.

Se estima que fueron dieciséis los camiones con acoplados cargados de leche purificada, para niños, con un valor cercano a los 145 pesos el kilo, que fueron desviadas hacia Laspiur, Córdoba.

El resto, se vendía a una heladería de Resistencia, aunque aún es materia de investigación si fue adquirida de buena fe o no por los dueños de los comercios.

LOS DETENIDOS

Hasta la fecha hay seis personas detenidas en la causa y otras tres personas involucradas, quienes serían-éstas últimas-autoridades, imputadas por “violación de los deberes de funcionario público por la custodia y cuidado que tienen sobre la mercadería”, precisó el Procurador, Jorge Canteros.

De las seis personas detenidas, tres estarían presuntamente vinculadas al comercio Norita: Pablo Fortini, Marcos Muller y Ramón Acosta. En tanto, las otras tres son: José Luis Maidana, dueño del supermercado Norita; Marcela Olga Josefina Aceval, quien estaba a cargo del cuidado de la leche, y el último Claudio Javier Maturano, empresario de la cooperativa de Córdoba. Sobre estas tres personas, recae la prisión preventiva.

Asimismo, el “colaborador arrepentido” Antonio Escalante, recuperó la libertad al ser modificada la carátula tal lo consideró su apoderado, Juan Carlos González, quien firmó un trato con la fiscalía y logró que lo califiquen como “partícipe secundario”.

El cuidado de lo público sigue en la mira de todo un país que espera ver a los culpables tras las rejas, que espera el cierre de un caso que aún hoy no llegó a los altos cargos y que provocó una indignacion generalizada, al quitarle el derecho básico a los más pequeños: el de alimentarse.

FUENTE: Diario Chaco

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