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Dic 03 2018

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Lavado III: todas las corrupciones en la Municipalidad de Presidencia Roca

Batalla

Se construyeron 90 de un total de 246 viviendas que debieron ejecutarse o mejorarse en la localidad de Roca con los fondos públicos de los programas Federal de Integración Socio-Comunitaria y de Viviendas y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.

Lo ocurrido en Roca es un espejo –en distintas dimensiones- de lo que pasó en Villa Río Bermejito, Castelli, Pampa del Indio y Tres Isletas, entre otros municipios, que dieron origen a denuncias que generaron investigaciones que se encuentran en distinto grados de avance.

El Concejo de la Municipalidad fortinera se involucró en la investigación e inicialmente determinó que no sólo no se construyeron todas las viviendas, sino que ese fenómeno de subejecución se produjo respecto de la planta de tratamiento de residuos urbanos, pavimento urbano y reservorios para acumulación de agua destinado a abastecer a la población. Esto también se produjo en el municipio de Juan José Castelli, especialmente en materia de construcción de reservorios para cosechar agua que todavía no está investigado por la Justicia Federal, pero que se comienza a impulsar desde el Centro Mandela.

El Municipio de Roca probablemente se resume los dos casos más certeros de corrupción que organizaron y ejecutaron en territorio chaqueño, uno de los cuales se investiga en Comodoro Py. Como en Villa Río Bermejito y Castelli, en Roca se habría producido una gran estafa en materia de construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales para familias pobres, estrechamente vinculada con el valijero del bolsero José López, y las que se investigan en causas en donde figura procesado el ex rector de la UNCAUS y ex secretario de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación (JGM), Omar Judis, además del propio Jorge Capitanich, aunque éste únicamente en lo vinculado con el manejo de la basura. Operaron dos organizaciones, que habrían sido conducidas por José Hipperdinger y Omar Judis, quienes están siendo investigadas en diversas causas federales.

El intendente Jorge Batalla será investigado y ¿podría ordenarse su detención?

En la causa Lavado III están detenidos los intendentes Lorenzo Heffner y Oscar Alberto Nievas. Ahora queda la incógnita si seguirá el mismo camino el intendente de Roca.

Lo hechos ya están denunciados ante la Fiscalía Federal, con aportes iniciales que fácilmente podría conducir un requerimiento del fiscal Patricio Sabadini ante la juez Zunilda Niremperger. El Concejo hizo su aporte, complementado posteriormente por una segunda iniciativa. Sugestivamente, desde que se comenzaron a mover fuerzas internas en el Municipio de Roca, se presiona al Concejo Municipal.

Uno de los hechos más escandalosos fue el robo o la “desaparición” de documentación que estaba archivada en el Concejo. La documentación eliminada dio sustento a la denuncia realizada, aunque podrá ser reconstruida con los respaldos que están en manos del intendente y, como fuente secundaria, pueden ser obtenidas en el actual Ministerio del Interior y Obras Públicas del gobierno de Mauricio Macri.

En el auto de procesamiento que dictó la juez Zunilda Niremperger respecto del intendente Nievas, la magistrada solicitó una importante medida dirigida al Ministerio del Interior. Se trata de una auditoría integral de diversos programas de viviendas que se ejecutaron en municipios chaqueños durante el kirchnerismo, que tuvo como estrella central de financiamiento a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, encabezada por el bolsero José López.

De los primeros controles efectuados en el Concejo Municipal de Roca, se estima que más de 8 millones de dólares implicaría el movimiento de fondos que debieron destinarse a la ejecución de obras durante la gestión del intendente Batalla. Esos fondos debieron utilizarse a la construcción de viviendas populares, planta de tratamiento de residuos, reservorios de agua y pavimento entre otros. De acuerdo a la denuncia presentada ante la Justicia Federal, la mayoría de esas obras no han sido construidas, pese a que los fondos fueron transferidos a la Municipalidad.

La aceitada y ágil organización del valijero y Cía.

El que se presentó a la Justicia fue el ex secretario del Concejo Municipal, Facundo Sebastián Silvestri, removido por los concejales Dora Graciela Ruchinsky y Oscar Elpido Borda apenas comenzó a indagar en la documentación. Los destituyentes aparentemente actuaron bajo una orden concreta del mandamás de pueblo.

Según la denuncia que presentara Silvestri ante el fiscal Federal de Sabadini, en 2012 el intendente Jorge Batalla firmó varios convenios con el Instituto de Viviendas de la Provincia (IPDUV) para el mejoramiento de viviendas recuperables. Los mejoramientos debían ejecutarse de la siguiente manera: 40 unidades a través de cooperativas y 50 por administración municipal. De ese total apenas se ejecutaron 20 mejoramientos de viviendas, señaló Silvestri.

Además, durante los años 2014/2015 la Municipalidad de Roca firmó convenios para la construcción de 140 viviendas del Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. Solamente construyeron 67. El denunciante agregó  que “fueron entregadas incompletas, le falta la instalación de cocina o baño”.

Roca también entró en la red de contrataciones de empresas de José Hipperdinger, quien finalmente ha sido la figura estelar que operativamente se repitió en los casos que luego fueron investigados por la Justicia Federal por los hechos ocurridos en Villa Río Bermejito, Castelli y Pampa del Indio, entre otros municipios.

Según relató Silvestri, Hipperdinger era una persona “asidua” al Municipio y mantenía trato directo con el intendente Batalla. El manejo de fondos era también directo. La Secretaría de Obras Públicas de la Nación transfería los recursos a la Municipalidad de Presidencia Roca a una cuenta institucional habilitada en el Banco Nación, Sucursal General San Martín. Apuntó el denunciante que tenían acceso a esa cuenta los secretarios de Economía, Gustavo Latapie y de Gobierno, Fabio Rodríguez Derli.

Cooperativas que no hacían nada

También en 2015  la Municipalidad de Roca firmó un convenio con el IPDUV para la construcción de 16 viviendas, las que debieron construirse a través de cooperativas. No se construyó ninguna unidad hasta la fecha de la denuncia de Silvestri, que fue realizada el 29 de octubre pasado.

Como en Tres Isletas, se formaron cooperativas que aparentemente nacieron para justificar los negocios. Establecieron sus domicilios en una dependencia Municipal, que fue el Centro Integrador Comunitario (CIC). Así surgieron la Cooperativa de Trabajo El Fortín 2 Ltda., la Cooperativa de Trabajo CIC, la Cooperativa de Trabajo Evita y la Cooperativa de Trabajo Río Bermejo. Se desconoce la composición de tales cooperativas y si efectivamente los fondos fueron transferidos por el IPDUV. Para la ejecución de la obra el Municipio donó la Parcela 40 al IPDUV.

Pocos adoquines baratos por pavimento más caro

Batalla firmó otro convenio con la Secretaría de José López para la ejecución de 15.000 metros cuadrados de pavimento urbano, 6.000 metros lineales de cordón cuneta y 6.000 metros lineales de veredas. El dato más importante que en Roca no se construyó ni un metro cuadrado de pavimento.

Adoquinaron 1.200 metros cuadrados (2 cuadras) en Avda. Ejército Argentino, entre Avda. General San Martín y calle Mayor Hermello. Pusieron 1.800 metros cuadrados de adoquines (3 cuadras) en Avda. Armada Nacional, entre Avda. General San Martín y calle Salta. Finalmente adoquinaron una cuadra en calle Formosa, entre Av. Argentino Roca y Comandante Ing. Host. Eso fue todo, pese a que el Municipio de Roca recibió fondos para pavimentar 15.000 metros cuadrados. O sea que faltan 11.400 metros cuadrados. En las arcas del municipio no están en reserva los fondos para continuar la construcción faltante.

En definitiva ninguna calle fue pavimentada, sino que se utilizaron adoquines baratos, muy mal trabajados respecto a la preparación del suelo. “El pavimento intertrabado no se realizó en ninguna calle de Roca”, dice la denuncia. Las obras presuntamente estuvieron a cargo de contratistas que trabajaron para José Hipperdinger.

Campaña

El equipo de Judis

En el fatídico año 2015 para Roca, la Municipalidad firmó un convenio con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Judis y Jorge Capitanich ocuparon tales cargos. Acordaron financiamiento nacional para la construcción de nueve reservorios de agua para el casco urbano y la zona rural, como también una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y otras acciones vinculadas al medio ambiente en el marco del Programa GIRSU.

Inicialmente se detectaron irregularidades en la entrega, cumplimientos de convenio, manejos y rendiciones de fondos nacionales en 20 municipios auditados de un total de 47. Este fue el resultado de la investigación efectuada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en Chaco. En ese ámbito se amplió la investigación sobre otros municipios.

Se contrató para la ejecución de las dos obras (Planta de Tratamiento de Residuos y reservorios de agua) a la empresa Varevial, originaria de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los titulares serían Jorge Raúl Varela y Nelson Varela. El sitio saenzpeñense Opción de Noticias en 2015 publicó una nota titulada “Los Varela: de panaderos a millonarios”. Allí se trataba el presunto incremento patrimonial de esos empresarios. En la publicación de la nota, en redes sociales, una mujer con el mismo apellido manifestó al medio que los llevaría a la Justicia, a lo que siguió que la nota fuera borrada de la web.

Sin embargo, el trabajo de investigación, control y auditoría que realizó la FIA concluyó señalando que “de la rendición de cuenta se observó que más del 97% del monto total otorgado fue facturado a Jorge Raúl Varela, a través de 4 nombres de fantasía, habiéndose encargado todas las tareas”.

La empresa Varevial ya tenía antecedentes acumulados en la construcción de reservorios. Había cobrado fuertes sumas de fondos públicos en 2014 en concepto de movimientos de suelo en la Municipalidad de La Clotilde. En la nota, que se borró de la web, se detallaba que con esos trabajos se produjeron los más importantes ingresos para la empresa.

Para los trabajos del Programa GIRSU, según el denunciante Silvestri, también se contrató a la empresa Varevial. Se menciona a la Municipalidad de Roca como una de las metas de investigación en la causa relacionada al financiamiento de la Jefatura de Gabinete para la construcción de plantas de tratamientos de residuos en numerosos municipios del Chaco, que está en Comodoro Py, en el juzgado de Claudio Bonadío.

En 2014, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la JGM envió la suma de 3.500.000 pesos a ese municipio para la construcción de la planta, celdas de disposición final, acciones de saneamiento y campañas de concientización sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Judis, como ex secretario de Ambiente, está procesado en esa causa por el juez Bonadío. Con él, por la provincia del Chaco, también lo están Jorge Capitanich -como ex jefe de Gabinete- y el abogado Jorge Alcántara, en su condición de ex jefe de Gabinete de Asesores. En esa investigación, además, se reveló un dato importante consistente en que en el período 2013/2015 la Jefatura de Gabinete de la Nación dispuso un presupuesto de 604.529.670,17 de pesos para todo el país destinados para financiar programas de Gestión de Residuos Sólidos. La suma de 180.000.000 (30% del total)  fueron orientados al Chaco, que sólo generaba el 0.81% de toda la basura de Argentina. En su momento, este dato fue llamativo, aunque ahora resulta más entendible la razón del privilegio chaqueño.

De un muestreo de 121 municipios que debieron ejecutar obras con esos fondos, de los cuales cerca de 50 estaban en territorio chaqueño, apenas un 18% cumplió con la ejecución de las obras. El resto lo hizo de manera parcial o directamente no construyeron la obra ni desarrollaron las metas del GIRSU, pese a que recibieron la totalidad de los recursos.

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