«

»

Nov 10 2018

Imprimir esta Entrada

Lavado III: la Justicia Federal continúa investigando el saqueo programado en Bermejito, Castelli y otras localidades

NuevoDocumento 2018-11-10 01.26.01_7

Pese a que no finalizaron las causas judiciales en la Justicia Federal, dos son las certezas que ya surge de ellas porque se multiplicaron los hechos de corrupción en el Chaco, especialmente en el manejo presuntamente ilegal de fondos públicos nacionales y en la entrega o reparto de viviendas sociales en Bermejito y J.J. Castelli. Paralelamente, se encuentran acreditadas las pésimas condiciones constructivas de las viviendas sociales, tanto en los materiales utilizados como también en la mano de obra contratada. El plan aplicado rindió jugosos dividendos políticos y económicos para la organización que se movió detrás de esos planes de construcción de casas para quienes supuestamente las necesitaban. Los desmanejos son históricos en la Provincia. Persistieron en las diferentes gestiones de gobierno porque los organismos encargados de controlar dejaron hacer y dejaron pasar.

Analizando su delicada situación, el intendente de J.J. Castelli, Oscar Alberto Nievas, admitió en un programa radial que se produjeron “desprolijidades” que permitieron que personas que no estaban en condiciones de ser beneficiarios de viviendas sociales accedieran a una e incluso a más de una.

La confesión del intendente Nievas, que recurrió a la estrategia de señalar “desprolijidades”, demanda una acción de doble vía. La causa penal en la que fue investigado, en la que deberá prestar declaración indagatoria, y la administrativa en la que se debe investigar, caso por caso,  el sistema de reparto de viviendas y las condiciones en las que fueron entregadas en Castelli y Villa Bermejito para esclarecer los presuntos delitos que cometieron quienes integraron la organización que la Justicia penal considera que tuvo el formato de una asociación ilícita.

El Municipio de Castelli fue el encargado del reparto en su ejido, pero el Instituto de Viviendas de la Provincia del Chaco (IPDUV) es el responsable del control institucional y social. Este organismo debió verificar que los que ocuparon las casas fueran los adjudicatarios que cumplían los requisitos y las condiciones que se exigen para la entrega de viviendas populares.

NuevoDocumento 2018-11-10 01.26.01_1

Las curiosas “desprolijidades” de Nievas y Heffner

El nivel de inestimable “desprolijidad” que reconoció el intendente Nievas sólo fue posible porque fracasaron los organismos de control o, directamente, fueron funcionales al saqueo.

Como Castelli, otro caso paradigmático fue el fenómeno ocurrido en Villa Río Bermejito. En esta localidad operaron Lorenzo Heffner y José Hipperdinger como socios. Lograron enriquecerse porque ejercían la suma del poder público. Luego exportaron el modelo depredador.

Por la documentación disponible en la actualidad ha quedado en evidencia que el manejo fraudulento y clientelar permitió desde el año 2007 que se burlaran de las verdaderas necesidades habitacionales de cientos de beneficiarios que no recibieron viviendas. El proceso siempre fue el mismo, aunque los planes cambiaron de nombre. Un claro reflejo del aprovechamiento de la organización surge del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Subprograma de Viviendas para pobladores aborígenes, luego Techo Digno y más acá en el tiempo, Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Por más de diez años se elaboraron censos, listas de nombres, adjudicaciones y entregas a  presuntos beneficiarios que recibieron viviendas en mal estado o no las recibieron pese a ser adjudicatarios o que se les prometió la construcción que nunca se cumplió o se les entregaron casas sin terminar para dar respuesta a una contingencia climática, como fueron las inundaciones. En algunos casos, sin ningún pudor el intendente Heffner efectuaba el requerimiento expreso de acompañar al oficialismo en determinada campaña electoral.

Todo permite presumir que al tanto del saqueo estuvieron el gobierno provincial, intendentes, el IPDUV, el Poder Judicial, la Legislatura, los dirigentes políticos de todos los partidos, organismos constitucionales, Tribunal de Cuentas y medios de comunicación. Conocían la problemática por los reclamos de sectores pobres de las comunidades que pretendían que se les adjudiquen viviendas populares. Vale recordar que la región saqueada por la banda se trata de la zona y de la población más pobre de la Provincia. Estas comunidades y otras de poblaciones vecinas reclamaban una reparación histórica, que prometieron diversos gobiernos y que en el Chaco se utilizó como extraordinaria oportunidad para delinquir.

 NuevoDocumento 2018-11-10 01.26.01_2

Rosario de reclamos

La Organización Toba Qompic (OTQ) elevó en 2012 una nota a la oficina Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, reclamando que se terminara el plan de construcción de viviendas 2009/2012. “Sobre 35 se construyeron 25 y faltan 10. Las viviendas construidas son de muy mala calidad, se están partiendo, están incompletas con evidentes fallas”, acusaron.

Pobladores de Bermejito elevaron notas de reclamos al intendente Heffner en 2009. En 2012 también presentaron nota ante el entonces ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini. Hasta lograron un “compromiso” de José Hipperdinger en 2014, cuando representaba a la empresa TECNEA. Este singular personaje ofreció un plan de trabajo para la construcción de viviendas. Prometió entregar materiales de construcción y la designación de “contratistas” de la zona.

Los resultados del saqueo fueron detallados en el procesamiento del intendente Heffner y su ex secretario de Gobierno, José Hipperdinger, dictado por la juez Zunilda Niremperger el 29 de octubre de 2018.

En los fundamentos del fallo, la juez Niremperger trajo a colación un informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas correspondiente al período 2011/2016. En ese lapso la Provincia del Chaco recibió $1.023.908.660,84 para la construcción de viviendas a través de cooperativas, pero no se construyeron o están inconclusas el 77,98 por ciento de las casas que debieron construir.

Además, la juez citó informes técnicos realizados en la localidad de Villa Río Bermejito por fiscales auditores del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, quienes concluyeron en diferentes años y obras, pero de forma coincidente, respecto de las fallas constructivas, baja calidad de los materiales utilizados o imposibilidad de ubicar alguna de las viviendas auditadas.

En el año 2012, el Tribunal de Cuentas realizó una constatación por los reclamos de los adjudicatarios al IPDUV del Barrio Nuevo de Villa Rio Bermejito, en el marco del ahora denominado “Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales”. Comprobaron las deficiencias en la ejecución y calidad de los materiales empleados en las carpinterías (puertas y ventanas), fisuras en mamposterías de elevación generados por asentamientos, falta de ejecución del cielorraso en las galerías, fisuras en el solado (alisado de cemento) de las galerías, rastros de filtraciones de agua de lluvia en los locales dormitorios, galerías y baños.

Por si fuera poco, también los inspectores corroboraron serias deficiencias en las cañerías eléctricas porque utilizaron caños corrugados y en las especificaciones técnicas se estableció que debían ser de acero semipesado.  Comprobaron la falta de instalación de interruptores diferenciales, la terminación de veredas perimetrales y en algunas existentes se observaron importantes rajaduras o grietas, como también que las ventilaciones de los desagües cloacales estaban al lado del tanque elevado de reserva.  En box aseo se detectó la falta de rejilla en el desagüe,  el mal funcionamiento del sistema de desagüe cloacal, los hornos de barro deteriorados o destruidos, las canaletas y bajadas de desagües pluviales mal construidas, a lo que agregaron la falta de instalación de bomba manual o eléctrica para levantar agua al tanque elevado de reserva desde la cisterna de 6.000 litros.

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas fueron elevadas a la Municipalidad de Bermejito. Los inspectores señalaron que “las viviendas ejecutadas por el Municipio de Villa Rio Bermejito mediante convenios firmados con el IPDUV, en el Barrio Nuevo, Planta Urbana de esta localidad, destinadas a pobladores originarios y rurales, se ejecutaron con una calidad inferior a la fijada en las especificaciones técnicas del programa. Los materiales utilizados, en el Ítems carpintería, instalación eléctrica y terminaciones en general no se ajustan a los establecido en las documentaciones técnicas citadas”.

El Tribunal de Cuentas también constató irregularidades en 2013. Tomaron una muestra de dieciséis viviendas sobre un total de cien (50 Viviendas corresponde al Convenio de Ejecución de la 4ta Etapa y 50 Viviendas corresponde al Convenio de Ejecución de la 5ta Etapa, ambos firmados el 12/04/2011). Estas obras fueron adjudicadas a la Cooperativa de Trabajo Carlos Néstor Kirchner Ltda.

Algo parecido fue informado por el Tribunal de Cuentas en Noviembre de 2016 en base a constataciones realizadas respecto de cinco obras en la localidad de Villa Rio Bermejito, ejecutadas en el marco de los ACU N°1017/14, N°1069/15 y 0630/15.

NuevoDocumento 2018-11-10 01.26.01_4

Miraron para otro lado, entre ellos el IPDUV

Los incumplimientos fueron sistemáticos pese a lo cual no hubo respuestas de ningún organismo del Estado. Esto posibilitó que continuara el saqueo por varios años. Dejaron hacer, dejaron pasar y dañaron a las familias más pobres.

El desvalijamiento organizado en J.J. Castelli es similar al latrocinio que se ejecutó en Villa Río Bermejito. Aunque con menor avance investigativo, la misma matriz de saqueo desplegaron en Pampa del Indio, General Roca y Tres Isletas, sólo por citar algunas localidades que comienzan a ser conocidas por lo que hicieron desde la empresa de Hipperdinger y Cía., con acuerdo de intendentes, en materia de construcción de viviendas populares.

El plan se ejecutó aun cuando todos los organismos estaban alertados. Sólo un Estado bobo o cómplice permitió que las estafas se repitieran y reprodujeran sistemáticamente. Muchos aspectos de los mencionados en esta nota no son investigados por la Justicia Federal puesto que allí alcanza con indicios, algunas pruebas y sospecha razonable para esclarecer los delitos precedentes desde el cual se enfoca el lavado de activos para determinar el origen ilegal de los dineros “blanqueados” por los integrantes de la presunta asociación ilícita liderada por José Hipperdinger, que contó con la activa participación de varios intendentes. Ahora resta conocer si la Justicia penal chaqueña finalmente se pone a investigar o no.

Administrativamente, pese a que todas las irregularidades están contenidas en expedientes judiciales, todavía el Instituto de Viviendas no ha tomado cartas en el asunto para obligar a las empresas o cooperativas constructoras a ejecutar las reparaciones que llevan años esperando o a avanzar con seriedad en un censo que permita identificar adjudicaciones irregulares, en las desadjudicaciones necesarias y puesta de las viviendas terminadas a disposición de las personas que justifiquen la necesidad.

Lo que está pendiente y debe encarar inmediatamente el IPDUV es un proceso de regularización en las ocupaciones de la totalidad de las viviendas bien o mal construidas. Se debe determinar si las familias que allí viven tienen derecho o no a ser adjudicatarias, conforme las pautas legales con mirada social. Lo que se tiene que cortar de cuajo son las ocupaciones privilegiadas. Naturalmente que la tarea mayor consiste en que recuperen las viviendas entregadas a dirigentes, punteros políticos, parientes, amigos y favorecidos.

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=23891