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Sep 26 2018

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Quieren desalojar a un campesino con discapacidad motriz que vive con su esposa y tres hijas menores

Fuente: Chaco Día por Día

Pese a que está vigente una ley que prohíbe por tres años el desalojo de campesinos y comunidades indígenas, un juez civil de Resistencia pretende hacerlo con Antonio Martínez y su familia compuesta por su esposa y tres hijas mejores. Desde hace 40 años ocupa una chacra en la zona rural de Presidencia de la Plaza, donde, pese a padecer de una discapacidad motriz, se dedica a la agricultura familiar.

  

Foto: Gentileza diario Norte

Antonio es un productor que nació en el lugar, en Colonia Vieytes, cerca de la localidad de Presidencia de la Plaza, y que junto a su familia vive de lo que produce. Sus padres se habían trasladado allí hace aproximadamente 40 años y siempre se han dedicado a la agricultura y a la crianza de pequeños animales en un predio de alrededor de 50 hectáreas que una persona reclama como propio. Quedó a cargo de la Unidad Productiva desde el momento que su padre fallece y a pesar de su discapacidad motriz, dado que tiene afectada la mitad derecha de su cuerpo, ha podido llevar adelante un sistema productivo que le permitió durante toda su vida acercar el sustento para sí mismo y para la familia que formó.

El sistema productivo que desarrolla Antonio junto a su familia consta de las siguientes actividades: apicultura, sementera, avicultura, lechería, ganado menor (porcino y caprino). Es, además, integrante activo de la Asociación de Pequeños Productores, Consorcio de Servicios Rurales Nº 10 y parte de la Mesa Socio Territorial de Presidencia de la Plaza, Instituciones que integra hasta la fecha.

Antonio asegura que toda su vida y su práctica laboral la dedicó a su chacra donde vive y produce actualmente con su familia. Que a pesar de su discapacidad pudo adquirir prácticas suficientes para las actividades rurales y de perder su lugar de producción y migrar al pueblo, no podría desempeñarse en otra actividad.

Para visibilizar el caso, visitaron los estudios de CIUDAD TELEVISION la dirigente de la CANPO, María Angélica Kees; la trabajadora de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Ana Nicora y el referente de la Unión de Pequeños Productores del Chaco, Angel Machuca.

Un desalojo que va contra la ley 

Vale recordar que la primera orden de desalojo fue dictada, en junio pasado, por la jueza María Eugenia Barranco Cortés, quién subrogaba el Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, a cargo de Julián Flores. En el medio, la Legislatura chaqueña sancionó la ley 2890-I, que fue promulgada el 3 de septiembre pasado por un decreto del gobernador Domingo Peppo. En la misma, la Provincia del Chaco se adhiere a la ley nacional que declaró de interés público a la Agricultura Familiar y que establece el estado de Emergencia Habitacional por un plazo de tres años con el objetivo de “regularizar la situación dominial de tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena, respecto del inmueble rural donde residan y produzcan”.

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